Gobierno presenta plan fiscal que cumple con los pedidos de la junta impuesta por EEUU
Gobernador dice que cuadrará el fisco en dos años
Bajo la premisa de que se pueden lograr economías sin afectar los servicios públicos, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares aseguró este martes que su plan fiscal cumple con los objetivos de recaudos y ahorros requeridos por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y este no considera fondos federales en salud y tampoco resultará en el despido de empleados públicos.
A juzgar por el contenido del mensaje del mandatario y ciertas cifras preliminares obtenidas por El Nuevo Día, la hoja de ruta diseñada por la administración Rosselló Nevares, apunta a que la administración se propone cerrar el déficit presupuestario estimado de $7,600 millones en un plazo de dos años.
En ese período de tiempo, la administración aplicaría una combinación de recortes e impuestos que resultaría en unos $3,400 millones por año.
Sin embargo, las reformas que se implementarían, particularmente aquellas vinculadas con la reorganización del Gobierno, resultarían en ahorros adicionales al fisco, a partir del tercer año de implementación del plan.
De acuerdo con Rosselló Nevares, tales economías podrían totalizar unos $5,000 millones.
De ser el caso, la reducción en gastos operacionales abriría la puerta al proceso de renegociación que la administración entablaría con sus acreedores. Esto, si la JSF procede a aprobar el plan fiscal en o antes del próximo 15 de marzo.
En una escueta declaración a El Nuevo Día, justo después de que Rosselló Nevares concluyera su primer Mensaje de Estado, el representante de Puerto Rico ante la JSF, Elías Sánchez Sifonte, aseguró que el plan fiscal cumple con lo establecido por el ente federal, por lo que este debiera certificarse sin cambios significativos.
Se espera que la AAFAF de a conocer el alcance del plan.
“Hoy (martes) estamos presentando a la Junta el plan fiscal que hemos producido para lograr las economías requeridas en la administración del gobierno, sin afectar los servicios esenciales al pueblo, sin despedir empleados públicos, sin afectar el acceso a los servicios de salud para los que tienen la cubierta médica del estado y sin que se afecten las pensiones de los más vulnerables”, acotó Rosselló Nevares arrancando aplausos de los legisladores de su partido y la audiencia congregada en el Hemiciclo de la Cámara, integrada en su mayoría por jefes de agencia y otros personeros de la administración.
“Hago un paréntesis para dejar algo bien claro. Este plan no incluye los cientos de millones de dólares en fondos federales para la salud”, dijo Rosselló Nevares al plantear que las estrategias dirigidas a recortar el gasto público serían menos adversas si se contara con tal asignación.
La presentación de un plan fiscal que, en esencia, cuadra el presupuesto a dos años, parece ser fruto de las conversaciones que Rosselló Nevares tuvo con el secretario del Tesoro federal StevenMnuchin la semana pasada en Washington, así como de un encuentro entre el mandatario y varios integrantes de la JSF que también se produjo en la capital federal. En estas se habría hecho énfasis a Rosselló Nevares y a su equipo a que procedan con los ajustes solicitados, a fin de encausar el proceso de negociación de la deuda antes de la expiración de la protección contra litigios el próximo 1 de mayo.
Los recortes
Según Rosselló Nevares, la reorganización del Gobierno, incluyendo la reducción de agencias, se traduciría en ahorros de unos $1,600 millones en gastos operacionales.
De acuerdo con las cifras examinadas por El Nuevo Día, el objetivo de ahorros se lograría a través de un puñado de medidas. Entre estas, la eliminación de unos $750 millones en subsidios otorgados a entidades sin fines de lucro, municipios y la Universidad de Puerto Rico, la reducción a 15 días de la licencia de vacaciones entre los empleados públicos y la reorganización del Gobierno aliviaría al fisco en otros $460 millones.
En tanto, aunque distante del requisito de ajuste de $1,000 millones sugerido por la JSF, Rosselló Nevares implementará un plan de recortes en ese segmento que en principio lograría unos $300 millones. Ello, sería factible reduciendo el porcentaje de gastos administrativos que se paga a las aseguradoras, una reducción de $60 millones en el coste de medicamentos y hacer cambios a la cubierta de MiSalud. Otros $250 mllones en ahorros, se darían paulatinamente, al eliminar el concepto de redes preferidas bajo el programa MiSalud.
De acuerdo con el mensaje de Rosselló Nevares y las cifras preliminares obtenidas por El Nuevo Día, el programa de recortes sería más llevadero si Puerto Rico tuviera acceso a fondos federales en salud, una partida que según el mandatario podría allegar unos $2,350 millones.
En ese sentido, Rosselló Nevares reiteró su llamado a la JSF para que cabildee en el Congreso para lograr dicha asignación.
Las pensiones
Rosselló Nevares también aseguró que su administración también tomará acción para atajar la crisis en los sistemas de pensiones públicos, pero acto seguido, subrayó que no afectará “a los más vulnerables”, una frase que el exgobernador Alejandro García Padilla hizo suya el año pasado. Esto, cuando cabildeaba a favor de la ley federal PROMESA, el estatuto que creó la JSF y que ahora sirve para forzar el plan de ajuste al fisco.
El plan de Rosselló Nevares se aleja del objetivo de $200 millones de recortes en pensiones que sugirió la JSF.
En este aspecto, el plan contempla recortar beneficios complementarios, como sería el bono de medicinas, a aquellos jubilados que devenguen una pensión mensual de $2,000 o más.
“Aquellos que tengan más, tendrán que aportar más. Los más vulnerables, no sentirán ningún impacto”, dijo Rosselló Nevares.
Los impuestos
En el lado de los impuestos, Rosselló Nevares anunció que procederá con una reforma contributiva que estimulará la actividad empresarial al tiempo que allegará más dinero al erario.
Explicó que la extensión del arbitrio a las corporaciones foráneas allegaría unos $1,050 millones, cifra que representaría el 70% de la recomendación hecha por la JSF.
El pasado 18 de enero, cuando la JSF envió a Rosselló Nevares las guías para preparar el plan fiscal, el ente federal sugirió al mandatario asegurar recaudos adicionales por unos $1,500 millones.
Para completar ese objetivo, el mandatario confirmó que se revisará la contribución a la propiedad, mientras allegaría más ingresos eliminando “incentivos contributivos obsoletos”.
Además, tal como destacó antes El Nuevo Día, el plan desarrollado por la AAFAF contempla una revisión de todas las tarifas por servicios públicos como serían los marbetes o similares, lo que allegaría unos $60 millones al fisco.
“Implementaremos una reforma contributiva que esté atada a la modernización del Departamento de Hacienda; que se fundamente en un sistema más simple, que revise las contribuciones a la propiedad, que ataque la evasión de manera agresiva, con tasas tributarias más bajas, que estimule la inversión y la actividad económica”, dijo Rosselló Nevares.
Estrategia en hilo fino
Si bien el Primer Ejecutivo aseguró que su hoja de ruta cumple con las expectativas de la JSF, lo que se conoce hasta la fecha acerca del plan fiscal, también parte de supuestos poco claros.
Aunque en el plan fiscal no se consideran fondos federales para Mi Salud, fuentes legislativas aseguran que la administración no debe aspirar a más de $900 millones anuales en esa partida. Ello, si en efecto, el Congreso otorga un “puente” financiero a Puerto Rico como indicó el congresista Sean Duffy, durante una visita a la Isla la semana pasada.
De igual forma, la administración Rosselló Nevares corre el riesgo de no tener éxito en los ahorros que estima haciendo cambios al aparato gubernamental.
A la fecha, tanto la llamada Ley 7 de Emergencia Fiscal como la Ley de Sustentabilidad Fiscal, bajo los exgobernadores Luis Fortuño y García Padilla no allegaron los estimados de ahorro iniciales que se indicaron entonces.
Otro elemento en cuestión es que Rosselló Nevares apuesta a que la economía se encuentra en mejor estado. Esto al indicar que las reformas ya implementadas en materia laboral y aquella de permisos, contribuirían a un mejor entorno económico.
En ese sentido, el mandatario aseveró que ello supone un punto de partida más favorable para la preparación de su plan fiscal que la contracción de 16% planteada por la JSF. Para Rosselló Nevares, los cambios efectuados ya supondrían un beneficio en recaudos adicionales en el orden de $800 millones.
