Correa envía al Congreso la ley que prohíbe a funcionarios tener bienes en paraísos fiscales
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, envió ayer a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica para la aplicación de la consulta popular en la que los ecuatorianos decidieron que se prohíba a los cargos públicos poseer bienes en paraísos fiscales.
La consulta popular recibió el voto favorable del 55,12 % de los electores, mientras que el 44,8 % votó en contra de la medida en las elecciones del 19 de febrero, cuando los ciudadanos también ejercieron el derecho al sufragio para elegir al próximo presidente del país, a los legisladores y a los parlamentarios andinos.
La Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) indicó en un comunicado que el mandatario envió el proyecto al legislativo «una vez que el Consejo Nacional Electoral proclamó los resultados de la Consulta Popular», ya que «corresponde a la Asamblea Nacional implementar la prohibición a través de una ley», precisó.
La decisión popular fue calificada de «gran noticia» para el mundo por Correa cuando se conoció que el «Sí» a la propuesta contaba con el respaldo mayoritario de los votantes, aun antes de que finalizara el escrutinio.
«Gran noticia al mundo: por votación popular, Ecuador prohíbe para sus servidores públicos y dignatarios el uso de paraísos fiscales», escribió Correa en su cuenta de Twitter.
La iniciativa, que establece un plazo de un año para que quienes posean bienes en paraísos fiscales los repatríen, fue defendida por el mandatario con el argumento, entre otros, de que aunque sea legítimo tener dinero o bienes en este tipo de cuentas, «no es ético».
El Gobierno ecuatoriano, además, ha llevado a cabo una campaña internacional para promover su iniciativa en todo el mundo en el contexto de lo que denomina «pacto ético» y ha presentado sus planteamientos en varias instancias de la ONU y en el Vaticano, entre otros ámbitos.
Ecuador ve en este combate también un mecanismo de lucha contra la corrupción y denuncia que las «élites» del país han enviado a territorios considerados paraísos fiscales 30.000 millones de dólares con los que se pudieron haber creado numerosos puestos de trabajo o haberse construido escuelas y hospitales gracias a los impuestos pagados por esos recursos.
