Venezuela «rechaza, condena y protesta enérgicamente» contra EEUU por vincular al vicepresidente con el narcotráfico
Venezuela rechaza nueva agresión de Estados Unidos contra el país
La República Bolivariana de Venezuela denunció este martes que la nueva agresión del Gobierno de Estados Unidos constituye un golpe político contra la institucionalidad democrática del país.
A través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, leído por la canciller de la República, Delcy Rodríguez, Venezuela califica de infame la pretensión el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de vincular al vicepresidente Ejecutivo de la República, Tareck El Aissami, con acciones de narcotráfico.
“Con esta agresión gravísima se pretende vulnerar la esfera soberana del Estado venezolano y se violenta el derecho al honor, a la reputación, a la dignidad, y a los Derechos Humanos del vicepresidente de la República, Tareck El Aissami”, refiere el comunicado, leído en una transmisión de Venezolana de Televisión.
Resaltó, además, que la nueva agresión de Estados Unidos vulnera flagrantemente el derecho internacional público, la institucionalidad internacional y los principios fundamentales que rigen la comunidad de naciones, tales como el respeto a la igualdad soberana y el principio de inmunidad del Estado.
“Constituyen (las acciones) ademas una infamia, una grotesca mentira de las que acostumbra usar el imperio norteamericano para agredir a una altísima autoridad del Estado y con un falso positivo contra un venezolano decente y digno, cuyas acusaciones en su contra no encuentran sustento alguno en la realidad“, manifestó en el documento.
La ministra destacó que El Aissami, experto en Criminología; reconocido por su gestión al frente de la seguridad nacional durante su período (2008-2012) en el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, durante la presidencia del comandante Hugo Chávez, y “reconocido por su firme combate contra el narcotráfico y el paramilitarismo colombiano, llevó a la justicia a más de 102 capos de la droga y entregó a 21 narcotraficantes solicitados por extradición a los Estados Unidos”.
Desde 2005, año en que el Departamento Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) fue expulsado de Venezuela por el entonces presidente de la República, Hugo Chávez, los logros contra el narcotráfico en el país han crecido de forma vertiginosa.
“Venezuela ha logrado incautar un promedio anual 55,7 toneladas de droga incrementando su eficiencia en un 60 %, razón por la cual la ONU (Organización de las Naciones Unidas) nos ha reconocido por ser uno de los seis países con mayor confiscación de estupefacientes en el mundo y libre de cultivos ilícitos en el territorio nacional”, informó.
Comunicado completo de la cancillería venezolana
Vicepresidente de Venezuela tilda de ofensa sanciones de EE.UU.
El vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, definió este martes las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos (EE.UU) como una miserable provocación, todo esto después de que ese país lo incluyera en una lista negra por supuesto narcotráfico.
El Departamento del Tesoro decidió anular la visa de El Aissami, confiscar propiedades y le prohibió realizar transacciones financieras o comerciales con instituciones estadounidenses.
Ante las sanciones el vicepresidente venezolano declaró a través de su cuenta en la red social Twitter tener «la moral intacta, mayor firmeza y convicción antiimperalista».
Además, expresó «la verdad es invencible y veremos como se desvanecerá esta infame agresión. Ahora con más fuerza haremos irreversible nuestra revolución», añadió El Aissami.
El funcionario venezolano expresó que las prioridad del Gobierno de Venezuela es trabajar en pro de la recuperación y fortalecimiento del aparato económico a fines de garantizar la paz y la felicidad social
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a El Aissami bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Foreign Narcotics Kingpin Designation Act), considerándolo el titular venezolano de mayor rango en la lista.
EE.UU. ataca a Venezuela con sanciones al vicepresidente
El Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.), liderado por el mandatario Donald Trump, incluyó al vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, en la lista de personas relacionadas al narcotráfico, las cuales son sancionadas bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Foreign Narcotics Kingpin Designation Act).
En un comunicado publicado en la página web del Departamento del Tesoro de EE.UU., se indicó que El Aissami fue incluido en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos EE.UU. (Office of Foreign Assets Control) junto a Samark José López Bello, vinculado al vicepresidente venezolano.
López Bello será juzgado por supuestamente proporcionar asistencia material y financiar las supuestas actividades delictivas de vicepresidente venezolano.
En 2016, el Gobierno de EE.UU. sancionó al ministro de Interior, Justicia, y Paz, Néstor Reverol, por supuestos vínculos al narcotráfico. La acusación fue hecha un día antes de que asumiera el cargo.
Reverol afirmó que la acción forma parte “de la guerra no convencional” de EE.UU., con sectores de la derecha local, en contra de Venezuela.
En enero de este año, el Gobierno de EE.UU. renovó la «emergencia nacional» por la «amenaza inusual y extraordinaria» que supuestamente representa Venezuela para la seguridad de la nación norteamericana, medida contemplada en la Orden Ejecutiva dictada por el expresidente de EE.UU., Barack Obama.
Barack Obama argumentó el decreto ejecutivo bajo acusaciones sin fundamento contra Venezuela, como la supuesta «erosión» de garantías de derechos humanos y la «persecución» de oponentes políticos, en referencia a dirigentes de derecha, como Leopoldo López, encarcelado por ser responsable de la muerte de 43 venezolanos durante las protestas violentas desatadas como parte del plan «La salida» para derrocar a Nicolás Maduro.
El gobierno de Estados Unidos, basándose en su condición de potencia, se ha caracterizado por entrometerse en los asuntos de los países del mundo, en el caso de Venezuela ha mantenido una política hostil desde que el presidente Hugo Chávez llegó al poder para establecer la revolución socialista que actualmente es liderada por Maduro.
El Congreso de Estados Unidos aprobó el 10 de diciembre de 2014 las sanciones contra Venezuela y Obama emitió el decreto el 9 de marzo de 2015.
Comunicado del Departamento del Tesoro de EE.UU en el que se indica que El Aissami fue incluido en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos EE.UU.
Treasury Sanctions Prominent Venezuelan Drug Trafficker Tareck El Aissami and His Primary Frontman Samark Lopez Bello
Action Targets International Network of 13 Companies That Facilitate
Illicit Money Movements and Offshore Asset Holdings
Today, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) designated Venezuelan national Tareck Zaidan El Aissami Maddah (El Aissami) as a Specially Designated Narcotics Trafficker pursuant to the Foreign Narcotics Kingpin Designation Act (Kingpin Act) for playing a significant role in international narcotics trafficking. El Aissami is the Executive Vice President of Venezuela. El Aissami’s primary frontman, Venezuelan national Samark Jose Lopez Bello (Lopez Bello), was also designated for providing material assistance, financial support, or goods or services in support of the international narcotics trafficking activities of, and acting for or on behalf of, El Aissami. OFAC further designated or identified as blocked property 13 companies owned or controlled by Lopez Bello or other designated parties that comprise an international network spanning the British Virgin Islands, Panama, the United Kingdom, the United States, and Venezuela.
As a result of today’s action, U.S. persons are generally prohibited from engaging in transactions or otherwise dealing with these individuals and entities, and any assets the individuals and entities may have under U.S. jurisdiction are frozen.
«OFAC’s action today is the culmination of a multi-year investigation under the Kingpin Act to target significant narcotics traffickers in Venezuela and demonstrates that power and influence do not protect those who engage in these illicit activities,» said John E. Smith, Acting Director of OFAC. «This case highlights our continued focus on narcotics traffickers and those who help launder their illicit proceeds through the United States. Denying a safe haven for illicit assets in the United States and protecting the U.S. financial system from abuse remain top priorities of the Treasury Department.»
El Aissami was appointed Executive Vice President of Venezuela in January 2017. He previously served as Governor of Venezuela’s Aragua state from 2012 to 2017, as well as Venezuela’s Minister of Interior and Justice starting in 2008. He facilitated shipments of narcotics from Venezuela, to include control over planes that leave from a Venezuelan air base, as well as control of drug routes through the ports in Venezuela. In his previous positions, he oversaw or partially owned narcotics shipments of over 1,000 kilograms from Venezuela on multiple occasions, including those with the final destinations of Mexico and the United States.
He also facilitated, coordinated, and protected other narcotics traffickers operating in Venezuela. Specifically, El Aissami received payment for the facilitation of drug shipments belonging to Venezuelan drug kingpin Walid Makled Garcia. El Aissami also is linked to coordinating drug shipments to Los Zetas, a violent Mexican drug cartel, as well as providing protection to Colombian drug lord Daniel Barrera Barrera and Venezuelan drug trafficker Hermagoras Gonzalez Polanco. Los Zetas, Daniel Barrera Barrera, and Hermagoras Gonzalez Polanco were previously named as Specially Designated Narcotics Traffickers by the President or the Secretary of the Treasury under the Kingpin Act in April 2009, March 2010, and May 2008, respectively.
Lopez Bello is a key frontman for El Aissami and in that capacity launders drug proceeds. Lopez Bello is used by El Aissami to purchase certain assets. He also handles business arrangements and financial matters for El Aissami, generating significant profits as a result of illegal activity benefiting El Aissami.
Lopez Bello oversees an international network of petroleum, distribution, engineering, telecommunications, and asset holding companies: Alfa One, C.A. (Venezuela), Grupo Sahect, C.A. (Venezuela), MFAA Holdings Limited (British Virgin Islands), Profit Corporation, C.A. (Venezuela), Servicios Tecnologicios Industriales, C.A. (Venezuela), SMT Tecnologia, C.A. (Venezuela), and Yakima Trading Corporation (Panama). Another entity, Yakima Oil Trading, LLP (United Kingdom), is owned, controlled, or directed by, or acting for or on behalf of, Yakima Trading Corporation (Panama). Profit Corporation, C.A. and SMT Tecnologia, C.A. have Venezuelan government contracts. Between 2009 and 2010, Grupo Sahect C.A. provided storage and transportation services for the Venezuelan government agency Productora y Distribuidora de Alimentos, S.A. (PDVAL).
Five U.S. companies owned or controlled by Lopez Bello and/or MFAA Holdings Limited have also been blocked as part of today’s action. These entities are the following limited liability companies registered in Florida: 1425 Brickell Ave 63-F LLC; 1425 Brickell Avenue Unit 46B, LLC; 1425 Brickell Avenue 64E, LLC; Agusta Grand I LLC; and 200G PSA Holdings LLC. Additionally, a U.S.-registered aircraft with the tail number N200VR has been identified as blocked property owned or controlled by 200G PSA Holdings LLC.
As a result of today’s action, significant real property and other assets in the Miami, Florida area tied to Lopez Bello have been blocked.
Since June 2000, more than 2,000 entities and individuals have been named pursuant to the Kingpin Act for their role in international narcotics trafficking. Penalties for violations of the Kingpin Act range from civil penalties of up to $1,437,153 per violation to more severe criminal penalties. Criminal penalties for corporate officers may include up to 30 years in prison and fines of up to $5 million. Criminal fines for corporations may reach $10 million. Other individuals could face up to 10 years in prison and fines pursuant to Title 18 of the United States Code for criminal violations of the Kingpin Act.
Capriles: EE UU prepara más sanciones contra funcionarios de Nicolás Maduro
El gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles, aseguró ayer que el Gobierno de Estados Unidos prepara nuevas sanciones contra funcionarios ligados al Gobierno de Nicolás Maduro.
“Maduro ha sido muy silencioso frente a la Administración nueva de los EE UU. Que el pueblo no crea que esta sanción es para Venezuela, es para un grupo de ‘enchufados’ que tienen propiedades y bienes en ese país”, afirmó el opositor citado en una nota de prensa.
Según Capriles estos supuestos funcionarios próximos a ser sancionados están “plenamente identificados” por el gobierno de Donald Trump, aunque no adelantó ningún nombre.
“Ellos son intocables ante la Justicia venezolana, pero la justicia internacional sí procede, después que no chillen”, agregó.
«Mensaje claro»
Un total de 34 legisladores de EE UU solicitaron la semana pasada al presidente Trump que tome medidas inmediatas para sancionar a los funcionarios del Gobierno venezolano que están “beneficiándose” por las violaciones de derechos humanos que, según ellos, se registran en la nación petrolera.
En una misiva liderada por el senador demócrata Robert Menéndez y la representante republicana Ileana Ros-Lehtinen, los congresistas solicitan al mandatario que haga uso de su capacidad ejecutiva “y envíe un mensaje claro” a la Administración de Maduro.
“El reciente nombramiento por parte de Nicolás Maduro de Tareck El Aissami le pone en fila para posiblemente convertirse en el próximo líder de Venezuela, lo cual es extremadamente preocupante dados sus demostrados vínculos con el narcotráfico y las organizaciones terroristas”, reza la carta.
A finales del mes pasado Maduro delegó a El Aissami 15 de sus atribuciones, entre ellas dictar decretos relacionados a traspasos presupuestarios, expropiaciones y el nombramiento de viceministros.
Los congresistas estadounidenses solicitan en la misiva sanciones contra los funcionarios venezolanos que sean responsables por las violaciones a los derechos humanos, incluyendo a aquellos que presuntamente están involucrados en la explotación de la crisis de alimentos en el país caribeño.
