El Procurador del Tesoro ordena investigar la condonación de deuda al Grupo Macri
Carlos Balbín ordenó una auditoria para esclarecer cómo fue que se llegó a un acuerdo entre el Estado y el grupo de Franco Macri
El procurador General del Tesoro, Carlos Balbín, ordenó un sumario administrativo y una auditoria para esclarecer cómo fue que se llegó a un acuerdo entre el Estado y el grupo de Franco Macri por una millonaria deuda que tiene de Correo Argentino, en el marco del concurso preventivo de la empresa, que fue rechazado por «abusivo» por parte de la fiscal de Cámara del fuero comercial, Gabriela Boquin.
Según la resolución, la Procuración se pronunció a raíz del dictamen que firmó el viernes pasado el fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, para evaluar la falta de competencia que tuvieron los funcionarios públicos del Ministerio de Comunicaciones que avalaron el convenio y la posible violación a la ley de Ética Publica.
«Las razones expuestas ameritan la realización de una auditoria desde el inicio del proceso judicial, conforme a lo solicitado por la Procuraduría», dispuso Balbín.
En ese marco, la Procuración firmó la resolución en donde instruyó sumario administrativo destinado a esclarecer los hechos denunciados en relación a los autos Correo Argentino sobre Concurso Preventivo y establecer las posibles responsabilidades administrativas que pudieran corresponder y recomendar, en su caso, las medidas y sanciones que resulten pertinentes».
Asimismo, se encomendó a la División Nacional de Auditoria de la Procuración la realización o de una auditoria para evaluar la actuación de los representantes del Estado Nacional.
Ademas de pedir la intervención de los abogados del Estado, el fiscal Rodríguez también impulsó una denuncia penal en base a la maniobra descripta por la fiscal General Gabriela Boquin en su apelación a la Camara Comercial, que -a su entender- podría configurar un intento de defraudación por administración infiel por parte de los funcionarios públicos intervinientes, porque a su criterio se «convalidaría un perjuicio patrimonial multimillonario».
Rodríguez también sostuvo que deberá ser analizada bajo la posible comisión del delito de «tráfico de influencias» y posibles «negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública».
El caso se conoció la semana pasada, cuando se difundió el dictamen de la fiscal Boquin ante la Cámara en lo Comercial que se oponía a un convenio entre el Estado y la empresa que pertenece a la familia Macri, hecho a seis meses de que Mauricio Macri asumiera el Poder Ejecutivo, para que se pagara una historia deuda del Correo con el Estado.
Según el plan, la empresa se comprometió a pagar en 15 cuotas anuales (desde 2018 hasta 2033) y con un interés de 7%, sólo sobre el capital de la deuda y las partes destacaron que se trataba del pago de $600 millones, más del doble de la suma inicial de casi 300 millones (a 2001).
Pero la fiscal Boquín sostuvo que ese convenio implicaba una quita de 98,2%, porque no regían los intereses, que era abusivo porque, a criterio del área financiera de la Procuración (DAFI), para 2033 provocaría un perjuicio en el Estado de $70.163 millones y denunció mala fe procesal, porque días antes Correo Argentino inició una demanda al Estado reclamando por daños y perjuicios, por un interés más alto que el que estaba dispuesta a pagar en el concurso preventivo.
Correo: fiscal Anticorrupción denunció al Gobierno por tráfico de influencias
El fiscal a cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, confirmó que presentó una denuncia penal «por posible tráfico de influencias» a raíz del acuerdo entre el Gobierno y la empresa Correo Argentino S.A., que pertenecía a la familia Macri.
«Decidimos formular una denuncia penal por un posible tráfico de influencias. Pedimos que se inicie un sumario administrativo sobre los funcionarios que intervinieron», señaló el fiscal en declaraciones radiales a Futurock.fm en alusión al rol de Juan Mocoroa, el director General de Asuntos Jurídicos at Ministerio de Comunicaciones de la Nación.
Rodríguez explicó que ahora «correspondería que se unifiquen las causas en un solo juzgado con un solo fiscal».
«Queremos ver qué es lo que pasó en estos 16 años y por qué en esta oportunidad la propuesta sí fue aceptada. Obviamente, llama la atención aceptar una deuda a valor nominal y con una tasa que parece baja. Hay jurisprudencia que permite incluir un interés en la deuda», subrayó.
El fiscal había empezado la semana pasada una investigación preliminar sobre el acuerdo entre el gobierno nacional y la empresa Correo Argentino S.A., a fin de determinar si existía delito y si correspondía presentar una denuncia, algo que se materializó este lunes.
La autocrítica de Cambiemos sobre la condonación de deuda de Mauricio a papá Franco
«Hay que ser y parecer y deberíamos haber tomado más recaudos o haber anticipado que algo de esto iba a tomar un tinte político», fue la frase que cuidadosamente eligió el jefe del PRO en la Cámara Baja, Nicolás Massot, al referirse al acuerdo entre el Estado nacional y el grupo Macri sobre su monumental deuda de cuando manejaban el Correo Argentino.
70 mil millones de pesos es una cifra y el dirigente oficialista afirmó ante radio Mitre que «si ha habido alguna irregularidad, la Justicia lo va a revisar».
Massot puntualizó además que «la rectitud en el seguimiento de la Ley en cuanto al monto del proceso de la quiebra (296 millones de pesos) ha sido la correcta» y reiteró que «todo lo demás puede ser rectificado por la Justicia».
“Han participado dos poderes del Estado y se si agrega el Legislativo le estaríamos sumando al proceso de revisión más transparencia. Bienvenida sea», dijo y destacó que existe «absoluta disposición» del ministro de Comunicaciones, el polémico Oscar Aguad, «a brindar toda la información para que se eche luz sobre este tema».
Al respecto, admitió que se podría «haber previsto el conflicto de intereses con alguna intervención de la Oficina Anticorrupción o incluso con un alerta de la oposición».
