Por una nueva política migratoria – La Jornada, México
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Mark Manly, señaló ayer que para el año en curso se espera en el país un incremento de 20 mil solicitudes de refugio de migrantes centroamericanos, es decir, 150 por ciento más que en 2016. El funcionario internacional destacó que, ante el recrudecimiento de las condiciones económicas y de seguridad en Centroamérica, a México le corresponde responder a una nueva dinámica migratoria, y advirtió que se debe buscar un equilibrio entre las medidas de control y la protección de los derechos humanos: si empujamos de un lado sin que haya salvaguardas a la protección de los ciudadanos que buscan salvar sus vidas, ellos van a buscar otras rutas más peligrosas (y) por ello hay que pensar muy bien antes de diseñar las medidas de control.
El representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Han Arab, reforzó esta idea al señalar por su parte que el país requiere una política migratoria con enfoque de derechos humanos y no sólo de seguridad. En un encuentro en el Senado, Arab dijo que la sociedad mexicana tiene dos opciones distintas para reaccionar al cambio de política del vecino país del norte: la primera, defender a los mexicanos porque son mexicanos, sin preocuparse por los otros; la segunda, reflexionar sobre una política migratoria humanitaria que incluya a todos.
La postura de México en materia de migración se ha caracterizado desde hace décadas por una dualidad: cuenta con una legislación y un discurso avanzados y humanitarios, pero en la praxis los extranjeros procedentes de países hermanos –tanto los que cruzan el territorio nacional para atravesar la frontera norte como los que pretenden permanecer en el país– son víctimas regulares de atropellos por parte de grupos delictivos y de violaciones de diversa gravedad a sus derechos básicos por parte de las propias autoridades migratorias.
La superación de esta contradicción entre los propósitos legales y los hechos no sólo resulta un imperativo ético y legal, sino que constituye el punto de partida para formular una nueva política migratoria y de población capaz de hacer frente a un cuádruple desafío: recibir y dar empleo y servicios básicos a los mexicanos que están siendo expulsados de Estados Unidos; neutralizar la amenaza que el muro de Donald Trump supone para la vida, la integridad física y la libertad de los viajeros, sea cual sea su nacionalidad; absorber a quienes, por los ya inocultables efectos del dislocamiento del Tratado de Libre Comercio (TLC), perderán sus fuentes de empleo, y abrir las fronteras y ofrecer refugio a los ciudadanos de otros países que acuden al nuestro por razones económicas o de seguridad.
En suma, México afronta una situación particularmente difícil en materia de población y migración, y para resolverla y evitar la gestación de una catástrofe humana se requiere toda la capacidad y la voluntad política de las instituciones y de los gobernantes, así como de la conciencia de la sociedad, la cual se sabe, mayoritariamente, espacio y tejido de una tradicional tierra de asilo.
