Perú: Moralizadores de la nada – Por Yorka Gamarra Boluarte
A 15 años del fin de la dictadura de Fujimori y Montesinos, otro caso de alta corrupción de magnitudes todavía imprecisas, azota el Perú. Aunque debemos señalar que estos hechos corruptos no tardaron mucho en cometerse después del fujimorismo, ya que el propio presidente de los 4 suyos (Alejandro Toledo) y sus sucesores, García y Humala, cedieron a la tentación, según el titular de Odebrecht.
El ex Fiscal Avelino Guillén, asegura que las megacoimas de Odebrecht en el Perú, entre los años 2005 y 2014, habrían superado largamente los 29 millones de dólares que Marcelo Odebrecht ha reconocido en su declaración premiada en Brasil, estas estarían entre los 600 ó 12 mil millones de dólares.
Pero, según informa IDL-Reporteros, en los 10 años del fujimorato, Odebrecht ganó más adjudicaciones que en los últimos 3 gobiernos, con sobrecostos que superan los 500 millones de soles. Estas cifras vienen a incrementar el estimado que las autoridades habían establecido como monto de todo lo que se han embolsillado los fujimoristas en la década del ´90, monto que ascendía a 6 mil millones de dólares.
La dictadura nos ha costado mucho, pero la democracia ¡ay cuánto nos está costando! El Perú, tras el fin de la dictadura, ha seguido siendo saqueado por aquellos que dijeron ‘basta’ al gobierno corrupto de Fujimori. La esperanza de una regeneración moral que ellos abanderaron y por la que miles de peruanos se manifestaron en la calles, fue traicionada ¡Qué decepción!
Aquella “transición democrática” que se inició tras la caída del fujimorismo, no fue sino la alternancia de gente corrupta en el manejo de la cosa pública, no hay que generalizar, es verdad, mucha gente honesta trabajó en los gobiernos tras el inicio de la “transición democrática” pero la alta burocracia, básicamente, siguió siendo la misma.
El escándalo de las coimas de Odebrecht abre un nuevo escenario político y la necesidad de una ruptura con quienes han manejado a su antojo el Estado estas casi tres décadas, pero también y, sobre todo, una ruptura con la época fujimorista, eso que la tibia transición democrática no se atrevió a hacer: Cambiar la Constitución delincuencial que nos rige y sobre todo sus artículos 60° y 62° que retira al Estado de la actividad empresarial y crea la figura de los contratos ley, debilitándolo aún más, una nueva ley de Partidos Políticos, la eliminación del Voto Preferencial y un cambio de paradigmas, de valores.
El fujimorismo parlamentario, no es el más indicado para convertir al congreso en la trinchera de la lucha contra la corrupción. Lo utilizarán para sus particulares fines grupales, le sacarán el máximo provecho.
Es incierto saber lo que vendrá, pero mal haríamos en asumir que todo está perdido y que nada se puede hacer. Frente a esta crisis de credibilidad, es imprescindible creer que existen ciudadanos honestos, políticos buenos, jueces y fiscales probos.
Es imperiosa una alianza de los honestos, de los buenos. Es hora de que el país busque y rebusque alguna reserva de moral que debe quedarnos y que está cubierta y arrinconada frente al avance desenfadado e impune de los corruptos.
El pueblo tiene dignidad, eso que algunos llaman el “pudor del pueblo”, aquel sentido de sobrevivencia que intuye y divisa cuando algo está mal, ese pudor del pueblo se ha activado, el pueblo es honesto.
Las manifestaciones de las últimas semanas, por la creación de un nuevo peaje en la Panamericana Norte, en Lima y, en Cusco por la adenda al contrato para la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero, que favorecía a Kuntur Wasi, son una reacción frente a la corrupción, una expresión de ciudadanía y no actos de vandalismo, indican la existencia de una capacidad de indignación y por lo tanto una capacidad para la construcción.
¿Qué nos queda a los peruanos?. Nosotros mismos.
(*) Abogada, periodista y directora del Observatorio de la Corrupción.
