Misión de alto nivel de Bolivia se reúne con autoridades argentinas por la nueva política migratoria de Macri
Comisión boliviana hablará con ministra Bullrich de Argentina para conocer nueva Ley de Migraciones
El ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Huanacuni, informó este domingo que la comisión boliviana que viajó a la Argentina hablará con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para conocer los alcances de la nueva Ley de Migraciones.
«La comisión mañana (por lunes) estará con las autoridades (de Argentina), especialmente con la ministra de Seguridad y el director de Migraciones, entre otros, para ver el alcance, de manera directa, de la ley», dijo en una entrevista con medios estatales.
La visita de la comisión boliviana de altos cargos a Argentina surge luego que el presidente de ese país, Mauricio Macri, suscribiera un decreto que endureció los controles migratorios.
En Bolivia también despertaron una fuerte polémica las declaraciones de Bullrich, respecto a un supuesto vinculó de residentes bolivianos con el incremento del narcotráfico, y los dichos del diputado argentino Alfredo Olmedo, quien se mostró a favor de construir un muro en la frontera entre ambos países.
La comisión boliviana está integrada por el presidente del Senado, Alberto Gonzales, el ministro de Desarrollo Rural, Cesar Cocarico, y el viceministro de Comercio Exterior, Clarems Endara.
Las autoridades bolivianas también sostendrán reuniones con los residentes bolivianos en Argentina, conformada por al menos de 1,2 millones de hombres y mujeres de distintas edades.
El propósito de la visita es verificar la situación de los residentes bolivianos luego de aprobada la nueva norma migratoria, el tema de derechos humanos y escuchar sus necesidades y preocupaciones, explicó Huanacuni.
Patricia Bullrich le responde a Evo Morales: «La ley migratoria es la misma que tiene Bolivia»
«La ley es la misma que tiene Bolivia, exactamente igual para las personas que tienen antecedentes o cometieron delitos, [que] no son bienvenidas». La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se refirió así a los cambios en la ley de Migraciones (N° 25.871) y al contrapunto con Bolivia.
«Nunca antes como el año pasado hubo la cantidad de visas que se han dado en la Argentina para ciudadanos bolivianos y paraguayos. Las colectividades bolivianas y paraguayas están aceptadas, eso está claro», aseguró la funcionaria.
En diálogo con radio Mitre, Bullrich volvió a defender la postura oficial y a negar las acusaciones de discriminación y «estigmatización» hacia los inmigrantes. Dijo que la nueva ley de Migraciones busca enfrentar a «la delincuencia» y que la norma es «exactamente igual» a la de Bolivia.
El gobierno de Bolivia enviará la semana próxima a Buenos Aires una misión especialencabezada por el canciller, Fernando Huanacuni, con la intención de revisar el impacto del decreto que estableció un endurecimiento en los controles a los inmigrantes que cometan delitos en el país.
El presidente Evo Morales anunció: «Va a viajar a la Argentina una comisión a la cabeza de la Cancillería, con algunos ministros y el presidente del Senado, para ver a nuestros hermanos en la Argentina y conocer cuál es el problema que tienen».
«Nuestros hermanos en la Argentina no son delincuentes, narcotraficantes. Más bien [buscan] cómo mejorar la situación económica familiar, pero también aportando al desarrollo del hermano pueblo de la Argentina», aseguró Morales.
La ministra Bullrich insistió en que la reforma de la ley migratoria argentina «no tiene nada que ver con la migración, sino con la delincuencia».
Según la funcionaria, no sólo «la ley migratoria boliviana dice lo mismo que dice ahora la Argentina», sino que «el año pasado 29 argentinos fueron presos en Bolivia por narcotráfico».
Qué pasó. Esta semana, el Gobierno formalizó cambios en la ley de Migraciones (N° 25.871) mediante el decreto 70/2017, firmado por el presidente, Mauricio Macri, con el objetivo de acortar los tiempos para definir la expulsión de extranjeros con antecedentes penales.
El decreto estableció una regulación de condiciones más estrictas respecto de las causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros en el país cuando se encuentren alcanzados por condenas penales, cuenten con antecedentes relacionados con ilícitos, o hayan incurrido o participado en actividades ilícitas.
Evo Morales dijo que «la Argentina y Bolivia son parte de la patria grande» y que es obligación de los gobiernos «fortalecer» la unidad regional y no «estar detrás del Norte», en alusión a la política migratoria expulsiva del flamante presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
«El control no es una herramienta fascista»
El director nacional de Migraciones, Horacio García, defendió las modificaciones en la ley de Migraciones. «[El decreto] está enfocado a temas de seguridad», sostuvo.
«El control es parte de las facultades del Estado y no una herramienta fascista», agregó en diálogo con radio Belgrano. «En 2016 les dimos documentos y radicamos a 215.000 personas. Es la cifra más importante de América del Sur. Entonces, tenemos la mínima autoridad moral para decir: «No queremos que ingresen delincuentes, nada más»», expresó.
Consultado por la nueva política migratoria de Estados Unidos, García dijo: «Tenemos una política migratoria propia, no la copiamos».
Frente común de organizaciones bolivianas
Unas 35 organizaciones bolivianas dieron en La Matanza el primer paso para constituir un congreso que enfrente el recrudecimiento de las restricciones migratorias, pero también a partir de la situación que la comunidad comenzó a vivir en el país luego de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, asegurara que los inmigrantes de países vecinos son los causantes de la inseguridad.
Si bien el encuentro reunió solo a organizaciones de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, el objetivo es llegar a un plenario en marzo con la participación de 120 instituciones de todas las provincias para constituir un frente político electoral. Así lo informó a Tiempo, Jorge Encinas, uno de los coordinadores de este nuevo nucleamiento. «Somos organizaciones que estamos construyendo un espacio institucional, social, económico y político frente al recrudecimiento del discurso xenófobo que permanentemente vulnera nuestros derechos», aseguró a este diario.
Algunas instituciones ya cuentan con personería jurídica y otras son organizaciones culturales, gastronómicas y comerciales que se dedican a los rubros de florihorticultura, construcción, comercio y textil.
«Hay un discurso soterrado antiinmigrante de algunos sectores que renace y vuelve a la agenda mediática cada vez que hay una crisis profunda económica y alta tensión social. El tema pasó al centro político por parte de las autoridades que reniegan de su origen», sostuvo el dirigente social.
Por lo pronto, este incipiente congreso planea constituirse en un frente político que ya está estableciendo contactos con fuerzas políticas opositoras con miras a las próximas elecciones.
El ciudadano boliviano puede votar para intendentes, concejales, diputados y senadores provinciales en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Córdoba y La Rioja. En tanto, en otras provincias solo pueden votar a nivel municipal.
Amnistía Internacional: “Esta política restringe derechos humanos”
Amnistía Internacional manifestó su preocupación por la modificación por decreto de la política migratoria y alertó sobre su impacto en materia de derechos humanos. “Esta política restringe derechos humanos contenidos en la Constitución pasando por alto la discusión parlamentaria”, afirmó su directora, Mariela Belski. El organismo rechazó las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien “de manera discriminatoria y generalizada vinculó a la población migrante de origen boliviano, peruano y paraguayo con la droga y el narcotráfico”, y marcó la contradicción de las decisiones del gobierno de Mauricio Macri con el compromiso de eliminar políticas migratorias discriminatorias suscripto por Cancillería en el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
“Alarma a la organización internacional el establecimiento de una política regresiva que introduce impedimentos para el ingreso y permanencia de migrantes en el país, acelera los trámites de expulsión reduciendo las garantías procesales de las personas, vulnera el derecho de defensa, elimina la unidad familiar como condición para evitar la expulsión y restringe el acceso a la nacionalidad argentina”, señaló Amnistía en un comunicado. Recordó que, si bien los Estados se reservan la potestad de decidir su política migratoria, “no pueden violar derechos previstos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos”.
“Reducir el fenómeno de la migración a un debate sobre seguridad nacional, que asocia el migrante al delincuente, es un error”, afirmó Amnistía, cuyos representantes se reunieron días atrás con el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y le manifestaron su preocupación ante una reforma que “desde su origen resulta inconstitucional”. También les enviaron cartas a los embajadores de Bolivia, Perú y Paraguay por las declaraciones de Bullrich, quien interpretó estadísticas a piacere para criminalizar a personas migrantes.
“A diferencia de la legitimidad conquistada por la Ley de Migraciones, que atravesó un amplio debate y tuvo un gran consenso a nivel local y mundial, el uso de una herramienta de carácter excepcional como un decreto de necesidad y urgencia se instala en la vereda opuesta”, destacó Belski. “Esta política restringe derechos humanos contenidos en la Constitución pasando por alto la discusión parlamentaria. El endurecimiento de leyes por la vía del decreto no es la vía apropiada para un gobierno que pondera y valora el diálogo”, marcó la contradicción.
“Llama la atención que estas políticas se desarrollen a la par que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y en el marco de la Declaración Política Internacional de la Celac se comparte un compromiso regional diferente”, advirtió Amnistía. Uno de los párrafos de ese compromiso suscripto por la canciller Susana Malcorra sostiene la decisión de “eliminar políticas migratorias discriminatorias y selectivas que afectan los flujos migratorios en la región”. Otro destaca la importancia de una “visión integral de la migración internacional basada en un enfoque de derechos humanos que rechaza la criminalización de la migración irregular, así como todas las formas de racismo, xenofobia y discriminación contra los migrantes y que reconoce las contribuciones de los migrantes en los países de origen y destino”.
