Gobierno impulsa seminario sobre paraísos fiscales y busca crear organismo tributario
Ecuador presiona para la creación de un órgano de control tributario en la ONU contra los paraísos fiscales
Desde ayer Ecuador es sede del seminario internacional que busca establecer una agenda de propuestas que ponga fin a los paraísos fiscales y marque el camino para la creación de un organismo tributario intergubernamental en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El evento cuenta con la participación de instituciones extranjeras, como la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad, por sus siglas en inglés), Global Alliance For Tax Justice, Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, Financial Transparency Coalition y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Desde que Ecuador asumió la presidencia del G77 más China, el 13 de enero pasado, el tratamiento para la erradicación de los paraísos fiscales recobró fuerza como uno de los objetivos más relevantes dentro del contexto internacional. La posición de Ecuador es poner en agenda la creación dentro del seno de la ONU de una “verdadera institucionalidad para luchar contra la evasión tributaria y contra las diferentes problemáticas en el ámbito fiscal”, remarcó el canciller ecuatoriano, Guillaume Long.
La propuesta no es reciente, pero se debilitó por el auge del neoliberalismo, agregó Long, al tiempo de mencionar que la coyuntura actual, provocada por la revelación de los papeles de Panamá, es el momento ideal para buscar mecanismos que terminen de una vez con las ilegalidades que generan los paraísos fiscales.
Los principales afectados por la existencia de estos lugares son los países en vías de desarrollo, debido a la evasión de impuestos. En el caso de Ecuador, según datos del Servicio de Rentas Internas (SRI), $ 4.769 millones fugaron del país hacia esos territorios entre enero de 2014 y diciembre de 2016. La defraudación tributaria impacta en las arcas fiscales porque los gobiernos poseen menos recursos para destinarlos a la inversión pública.
Long destacó que existe una co-rrelación directa entre igualdad y porcentaje de recaudación fiscal. “No es coincidencia que el promedio de América Latina de recaudación sobre el PIB sea de 20%, mientras que en la Unión Europea (UE) sea de 38%”, señaló. En la misma línea, Rosa Cañate, coordinadora de la campaña de Oxfam ‘Iguales’ en América Latina y el Caribe, dijo que la lucha contra los paraísos fiscales “es clave” para combatir la desigualdad.
Un reciente informe de Oxfam revela que apenas 8 personas en el mundo concentran tanta riqueza como la mitad de la población mundial (3.600 millones de habitantes). “Los niveles de concentración extrema son brutales y van asociados a una fuerte concentración de poder”, sentenció Cañate. Bajo esa reflexión, agregó, el poder financiero facilita a las personas más adineradas y a las grandes transnacionales influir en las normativas y leyes que los regulan.
Según estudios de Oxfam, un trabajador en Ecuador que forma parte del 10% más pobre del país tendría que laborar alrededor de 159 años para alcanzar el ingreso que tiene en un mes un multimillonario. Desde la academia se ha criticado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que dicta parámetros para el mundo, por ser un grupo que reúne y atiende principalmente a las grandes potencias.
A criterio de Cañate, la creación de un ente de control tributario al interior de la ONU permitirá procesos más democráticos donde los países más sensibles puedan participar de las políticas de regulación a escala mundial. De su lado, Jorge Coronado, del Consejo de Coordinación de Latindadd, calificó a la evasión fiscal en América Latina y el Caribe (ALC) como violenta contra las grandes mayorías con sistemas tributarios regresivos.
Coronado aseguró que más de $ 300.000 millones de ALC van a parar a los paraísos fiscales. Ante ello la propuesta es cambiar la gobernanza nacional sobre la tributación internacional. Plantean, además, que las empresas transnacionales estén obligadas a dar reportes de las actividades que efectúan en cada país, facilitar el intercambio de información entre entidades gubernamentales y fortalecer las administraciones tributarias a fin de que se conviertan en órganos efectivos de control. El seminario que se desarrolla en las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, en Quito, termina hoy.
