Fiscales de Ecuador y EEUU crean equipo de trabajo para la investigación del caso
Caso Odebrecht: Departamento de justicia de EE.UU. acuerda formar grupo de trabajo con Ecuador
El departamento de justicia de Estados Unidos aceptó la formación de un grupo de trabajo con fiscales ecuatorianos para continuar con las investigaciones en el caso de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, con respecto al país andino.
Este acuerdo se da fruto de la reunión mantenida este miércoles en Washington entre el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, y Bruce Swartz, fiscal General adjunto de Estados Unidos, quien estuvo acompañado por 12 funcionarios de las unidades de Investigación Criminal, de la División contra el Fraude, Corrupción Internacional, Lavado de Activos, fiscales que investigan el caso en Washington y Nueva York, así como delegados del Federal Bureau of Investigation (FBI).
El equipo quedó conformado por Wilson Toainga, fiscal que investiga este caso en Ecuador, y por parte de Estados Unidos por Alixandra Smith, fiscal de Washington, y Lorinde Laryea, de Nueva York.
“Considero muy importante la información que el Departamento de Justicia pueda entregar para fortalecer la investigación ecuatoriana”, enfatizó en fiscal Chiriboga, según destacó el Ministerio Público.
Bruce C. Swartz mostró su apertura para “una cooperación real” y aceptó la creación de un grupo de trabajo con los fiscales que investigan a la empresa brasileña.
Swartz también reiteró que la información es reservada y no se la puede hacer pública. Precisó también que Galo Chiriboga es el primer fiscal general, de los países que indaga a Odebrecht, que ha sido recibido por el Departamento de Justicia y aclaró que esa institución no ha entregado información sobre sus investigaciones a ningún otro país.
En una entrevista realizada por la cadena CNN la víspera a su cita con funcionarios del Departamento de Justicia, el fiscal ecuatoriano recalcó que inmediatamente que se publicó la información en medios de prensa internacionales se abrió una indagación previa.
“Fueron allanadas oficinas de Odebrecht en Quito y Guayaquil, fue solicitado a un juez que declare que mientras duren las investigaciones no hayan más contratos con la empresa brasileña y ha avanzado en las investigaciones», sostuvo.
Odebrecht: presos e indagados en 8 países de América
El caso estalló el 21 de diciembre del 2016 en toda América Latina. Desde entonces las investigaciones que se activaron en Perú, Colombia, Argentina, Guatemala, Panamá, Rep. Dominicana, Venezuela y Brasil ya han arrojado los primeros resultados.
En esos ocho países existen exaltos funcionarios indagados y también detenidos por el escándalo de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht.
Los directivos de la compañía admitieron haber pagado sobornos por USD 735 millones en 10 países de América Latina; incluido Ecuador, donde entregaron USD 33,5 millones, según un informe del Departamento de Justicia de EE.UU.
43 días después de esas revelaciones, en Ecuador no hay procesados por este caso.
¿Qué ha hecho la Fiscalía hasta este momento? En un comunicado de esa entidad, publicado el martes 31 de enero, se dice que el país ha solicitado ‘asistencias penales’ a Estados Unidos, Brasil, Suiza y España.
Además, se ha requerido información a la Contraloría,
Procuraduría, Servicio de Rentas Internas, Servicio Nacional de Contratación Púbica y a las Superintendencias de Bancos y Compañías.
Hace dos semanas, al fiscal general Galo Chiriboga ya se le consultó por qué la investigación avanzaba a paso lento.
Como respuesta, el funcionario pidió al país que “comprenda” que este caso es reservado y que “no se trata de encubrir a nadie, sino de no entorpecer el proceso”.
El jurista Ramiro Román critica la “lentitud” de la investigación de la Fiscalía. Para este abogado, la entidad “ha pretendido callar hechos, omitir acciones y no ha realizado el trabajo” que le corresponde.
“Para mí, de fondo, existe algo. ¿A quién protege? ¿Qué intereses hay? No existe otro conclusión frente a esto”, dijo.
El legislador Fernando Bustamante también aseguró tener “la impresión de que en otras naciones se ha ido mucho más rápido, con mucha más agilidad y también más proactiva”.
Es sorprendente -dijo- que tome tanto tiempo tener una información de otros países.
El lunes 30 de enero, Chiriboga viajó a EE.UU. y el miércoles 1 de febrero se reunió con autoridades del Departamento de Justicia de ese país. La intención fue acceder a los nombres de quienes habrían recibido los supuestos sobornos.
Chiriboga sostuvo que considera “muy importante la información” que ese organismo puede entregar “para fortalecer la investigación ecuatoriana”.
A esa cita asistieron Bruce Swartz, fiscal general adjunto de Estados Unidos, y otros 12 funcionarios de las unidades de Investigación Criminal, de la División contra el fraude, corrupción internacional, lavado de activos, agentes que analizan el caso en Washington y Nueva York, y personal del FBI.
Swartz le dijo a Chiriboga que la información es reservada y que no se puede hacer pública.
Por eso, en otras naciones las autoridades locales han impulsado las investigaciones. Eso ha llevado a que en Colombia, por ejemplo, se capture a Gabriel García Morales, exviceministro de Transporte, y al exsenador Otto Nicolás Bula.
Al primero se lo investiga porque habría recibido USD 6,5 millones de Odebrecht, para garantizar que la empresa fuera la única firma habilitada para la licitación de un tramo de la Ruta del Sol, una de las principales vías colombianas.
En Panamá fueron imputados dos hijos y el hermano del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal. En Perú, el último arrestado fue Jorge Cuba, exviceministro de Transporte.
Él es acusado de recibir pagos por al menos USD 2 millones, a cambio de entregar la construcción de un tramo del Metro en la ciudad de Lima.
En República Dominicana, el empresario Ángel Rondón confesó haber recibido USD 92 millones de la constructora.
Por ahora, en Ecuador se dice que Chiriboga es “el primer fiscal general, de los países que indaga a Odebrecht, que ha sido recibido por el Departamento de Justicia”. Pero no ha obtenido mayor información.
El asambleísta de oposición Luis Fernando Torres considera que la Fiscalía todavía no tiene evidencias suficientes que permitan abrir procesos penales o ejecutar arrestos.
Desde la Presidencia de la República también se concretaron diligencias. Alexis Mera, secretario jurídico de Carondelet, viajó a Brasil para pedir la lista de los empleados beneficiados con pagos ilegales. A su regreso, señaló que en este momento la información en Brasil es reservada a menos que se pida una cooperación internacional, la cual ya fue solicitada.
El Gobierno ha rechazado la versión “sin pruebas ni beneficio de inventario” de los directivos de Odebrecht. Pero el martes, la presidenta de la Corte de Justicia de Brasil, Cármen Lúcia, avaló todos los testimonios de los exejecutivos.
República Dominicana: Procuraduría solicita confesión de Odebrecht
La Procuraduría General de la República solicitó a las autoridades de Brasil copias certificadas de las confesiones realizadas por los ejecutivos de la empresa Odebrecht, las cuales fueron homologadas por la Corte Suprema de Justicia de ese país.
Así lo informó el procurador Jean Alain Rodríguez, quien dijo que hizo la solicitud para acelerar la investigación que realiza el ministerio público sobre los sobornos admitidos por la constructora Odebrecht.
Rodríguez indicó que busca obtener a la mayor brevedad las informaciones ofrecidas por los declarantes a los fiscales brasileños, pues considera que las mismas indudablemente complementarán las que sean recabadas durante la investigación local. “Con esta información, sin dudas se acelerará el proceso para identificar a quienes habrían recibido los sobornos que suman US$92 millones, que la constructora brasileña admitió haber pagado para obtener contratos de obras del Estado en nuestro país”, acotó el magistrado.
Señala que aunque en diciembre pasado se tramitó una solicitud de colaboración internacional por ante las autoridades brasileñas, el ministerio público dominicano estaba a la espera de la reciente validación judicial de tales declaraciones, para de inmediato formular esta nueva petición más específica, a través de la vía oficial correspondiente, tal como se hizo.
Precisó que independientemente del compromiso en firme logrado para que Odebrecht pague a República Dominicana una compensación de US$184 millones, y de este nuevo requerimiento a Brasil, el ministerio público continúa sin pausa las pesquisas locales sobre el caso.
Garantizó que la Procuraduría no descansará hasta lograr el sustento probatorio para llevar a los tribunales a quienes hayan aceptado o solicitado sobornos, sin importar quien sea, ni tampoco el cargo ocupado, ni el Gobierno o el partido al cual pertenezcan.
