Dos miradas contrapuestas sobre la jornada electoral ecuatoriana
Los dos modelos de sociedad: lo que está en juego el 19 de febrero
Por René Ramírez, secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
Cuando se analiza la economía política de un proyecto político, una pregunta relevante sería cómo se reparte el pastel cuando este crece o cómo se distribuye cuando el pastel se contrae. Analizar qué sucedió en la década de la Revolución Ciudadana (RC) en comparación con lo sucedido en la que la precedió podría dejar traslucir si ha existido o no diferencias en la economía política de la distribución de la riqueza.
Entre 1996 y 2006, la economía ecuatoriana medida a través del PIB nominal creció 85% al pasar de $ 25.214 millones a $ 46.802 millones; mientras que entre 2006 y 2016 creció el 105,6% (más que se duplicó al alcanzar una producción estimada de $ 96.217 millones). ¿Cómo se redistribuyó el crecimiento entonces? Como se observa en el gráfico 1 claramente hay dos intencionalidades políticas en la distribución del ingreso entre ambas décadas.
Mientras en la década neoliberal el crecimiento de los ingresos personales fue pro-rico, en el período de la RC fue pro-pobre. En efecto, mientras que entre 1996-2006 el ingreso del 10% más rico creció el 112%, el del 10% más pobre aumentó apenas el 20% en toda la década. No es fortuito en este marco que la desigualdad medida según el coeficiente de Gini del ingreso haya aumentado el 18% esos 10 años. En el período de la RC, por el contrario, se invierten los papeles. Si bien gana toda la sociedad en su conjunto, claramente se evidencia que los que más se benefician son los más pobres.
Entre 2006 y 2016, los ingresos del 10% más pobre crecieron el 112%, mientras que los ingresos de los más ricos crecieron el 40%. En este marco, no es azaroso tampoco que la concentración del ingreso medido igualmente por el mismo coeficiente señalado haya decrecido el 14%. Dicho de otra forma, mientras en la década neoliberal del crecimiento del pastel se dio 5,6 veces más al 10% más rico que al 10% más pobre, en la Revolución Ciudadana tuvimos un pastel más grande, y se le dio tres veces más de pastel al 10% más pobre que al 10% más rico.
Cuando se compara la distribución del ingreso real, es decir, el que iguala el poder de compra pues el valor nominal se corrige por el nivel de precios, se tiene otra conclusión que diferencia claramente a los dos períodos. En efecto, como se observa en el gráfico 2, en el período 1996-2006 cayó el ingreso real de todos los deciles o se podría decir, en otras palabras, que los ingresos personales globales se achicaron. Sin embargo, repitiendo lo que se había descrito en el gráfico 1, mientras el ingreso de los más pobres cayó el 87%, el de los más ricos se contrajo en 76%; es decir, los menos perjudicados fueron los más ricos.
En cambio en el período 2006-2016 todos los ingresos reales crecieron, casi tres veces más en el decil pobre comparado con el de más altos ingresos. Lo importante de resaltar es que creció en todos los deciles, pero fue desigual porque benefició en mayor medida a los de más bajos ingresos. Ahora bien, una cosa es cuando se redistribuye crecimiento y otra es cuando se redistribuye decrecimiento. ¿Qué grupo social se quedó con menos pastel?
Es usual que en momentos de decrecimiento económico los gobiernos tomen medidas antipopulares a través de los denominados “paquetazos” que afectan los niveles de vida de las grandes mayorías y sobre todo de los más pobres. Subir los precios de los bienes básicos, bajar salarios, eliminar subsidios al transporte, a la energía, etc., suelen ser medidas que se toman para solventar los problemas macroeconómicos.
Ecuador entre 2015 y 2016 vivió lo que el presidente Rafael Correa denominó la “tormenta perfecta”: caída de los precios del barril de petróleo, lo cual condujo a que el Gobierno no reciba un dólar por más de un año para financiar la inversión pública; apreciación del dólar (moneda oficial de Ecuador); devaluación de la moneda de Perú y Colombia (principales competidores comerciales de Ecuador); contingencias legales que el Estado tuvo que pagar a Occidental ($ 1.067,7 millones) y Chevron ($ 112 millones); fenómeno ‘El Niño’; erupción del Cotopaxi y -como si esto fuera poco- un terremoto con una magnitud de 7.8 Mw cuyo epicentro fue Pedernales, constituyéndose en el sismo de mayor impacto social de los últimos 60 años. Tales factores exógenos condujeron a que la economía ecuatoriana tenga un decrecimiento económico en 2016.
En términos de ingreso per cápita se podría decir que este decreció el 3% entre 2015 y 2016. No obstante, los promedios esconden información valiosa de la economía política de la RC. Si dividimos este decrecimiento según deciles de ingreso podemos ver que en promedio el 70% de la población no vio afectado su ingreso y que el peso del decrecimiento económico recayó el 30% más rico (ver gráfico 2). En efecto, mientras el 70% de la población no redujo en promedio su ingreso, el ajuste se financió con la reducción en promedio de $ 19 per cápita del 30% más rico (4% de su ingreso total).
De esta manera, las medidas tomadas no solo resultaron justas sino que se trata, además de una decisión que es racional desde el punto de vista de la eficiencia y eficacia económicas, de un elemento de ética ciudadana que corresponde a la solidaridad que nos debemos entre los ecuatorianos. ¿Por qué? Si a una persona que gana $ 1.000 se le quita $ 19 mensuales lo más seguro es que no reduzca su demanda. En cambio, si a una persona que gana menos de $ 50 (aproximadamente la línea de extrema pobreza) mensuales se le restan los mismos $ 19 no solo que disminuirá su demanda, sino que tendrá graves impactos en sus condiciones de vida.
La decisión política en 2016 fue no afectar a las grandes mayorías (70% de la población) y que el costo del impacto económico lo asuman aquellos grupos sociales que tienen las capacidades para salir adelante sin afectar sus estándares de vida. Si bien cuando hay decrecimiento de la economía usualmente la pobreza y la desigualdad suelen dispararse, en Ecuador, entre 2015 y 2016, ni la pobreza ni la desigualdad se incrementaron.
En efecto, si bien la pobreza pasó de 23,3% a 22,9% y el coeficiente de Gini de 0,476 a 0,466 de 2015 a 2016, estas reducciones no resultan estadísticamente significativas. La política pública impidió que el malestar macroeconómico conlleve una pérdida de bienestar microeconómico en los sectores más pobres de la población, y que se trastoque la estructura distributiva del ingreso de los ciudadanos. Con las medidas tomadas se ha podido demostrar que es posible hacer un “ajuste hacia arriba”, rompiendo de esta manera la ley de la “gravedad” económica vivida en la historia de Ecuador y de la región: en donde se socializan las pérdidas y las grandes mayorías y los más pobres son los grandes perjudicados siempre.
Para la RC, las políticas de austeridad hacia abajo son absurdos económicos pues al contraer la demanda de las grandes mayorías, el sector productivo deja de ofertar productos, lo que a su vez impacta en el nivel de empleo y en las condiciones laborales de los trabajadores, quienes al verse afectados también restringen su consumo agravando cualquier panorama económico. No hay mejor salud para una empresa que una buena mejora del bienestar de la población que demande y consuma su producción.
Debe quedar claro que además de los malos resultados económicos de estrangular a las mayorías con las políticas de austeridad, es imprescindible añadir a la cuenta social del ajuste el socavamiento de la democracia y la cohesión social por las brechas e injusticias que provoca el empobrecimiento de las mayorías y la concentración de la riqueza en una pequeña oligarquía. No es de sorprender, que luego de los grandes shocks externos vividos entre 2015 y 2016, Ecuador ya haya recuperado la senda del crecimiento y se espere que en 2017 la economía crezca por encima del promedio de América Latina.
El Gobierno de la RC ha tenido claras sus prioridades: proteger a todos los ecuatorianos, pero primero a los pobres y a las grandes mayorías; reivindicando los principios de igualdad y solidaridad que son la base de una democracia política, social y económica, en todas sus dimensiones. Así, frente al mito neoliberal de que por ley de la gravedad los beneficios del crecimiento “caerán por goteo” a la ciudadanía, la política económica de la RC ha demostrado su falsedad y ha evidenciado que no hay fenómenos naturales en el campo de la economía, sino voluntades políticas para cambiar el rumbo de la historia.
Lo que está en juego el próximo 19-F es el tipo de sociedad en el que queremos vivir. No tomar en cuenta los niveles de disparidad social y económica es negar la posibilidad de consolidación de una sociedad que construya encuentro, vida en común, donde la mercantilización de la vida cotidiana deje de ser el común denominador y donde sea posible gestar colectivamente un porvenir social compartido que no se base en los principios del egoísmo y la envidia, sino en los de la cooperación, reciprocidad y solidaridad.
Desesperados
Por Juan Cuvi
Hay desesperación en las filas del oficialismo. Se huele. Seguramente la cúpula correísta dispone de cifras reales sobre las tendencias electorales. Cuenta con los recursos indispensables para hacer mediciones diarias. Sus perspectivas frente a las próximas elecciones deben oscilar entre la adversidad y la debacle. Se siente. El desgaste natural de Alianza País se ha acelerado debido a la inocuidad de su principal candidato y a los escándalos de corrupción.
El binomio verde-flex combina inercia con desconfianza, y así es muy difícil ganar una elección. Como reacción primaria y ofuscada, el Gobierno ha exacerbado las más refinadas prácticas electorales del viejo populismo. Las ofertas de campaña desbordan toda lógica y todo realismo.
De la mesura bonachona, Lenín Moreno ha pasado a la más agresiva demagogia. Con estos juegos pirotécnicos pretende disimular las presunciones de corrupción. Vano propósito: la descomposición moral del régimen terminará ahogando los afanes continuistas. La propaganda desbocada y las arbitrariedades electorales complementan este cuadro de ansiedad colectiva. Sin la más mínima vergüenza, el oficialismo atropella leyes y reglamentos.
Funcionarios públicos fanatizados, chantajeados o amenazados hacen campaña por el partido de Gobierno, a plena luz del día. Echan mano de todos los recursos estatales que tienen a su alcance. Incluso se llegó a divulgar una encuesta falsa desde un dispositivo electrónico de un alto funcionario pagado con fondos públicos.
Los correístas quieren ganar a la brava un partido que –para fortuna de los ecuatorianos– se resuelve en el coto reservado de la conciencia individual. Aquí sí cabe la vieja y trillada frase de que el voto nos hará libres. Libres de la manipulación y del abuso de poder, libres de la corrupción y del autoritarismo. Por si fuera poco, el Presidente ha entrado de lleno, y por senderos escabrosos, en la campaña electoral. No –como se suponía– a favor de una consulta que, al parecer, a nadie interesa y ya está perdida, sino para apuntalar unas candidaturas que se desvanecen.
Pero parece que a sus estrategas no les sirve de mucho la experiencia: como en 2014, mientras más intervenga Correa en la campaña, más amplia será la derrota de Alianza País. No obstante, si el correísmo no percibe los estertores de su mal llamado proyecto, las fuerzas de la oposición tampoco reflexionan sobre el día después.
Frente a un desplome anunciado, ya se debería pensar en la reconstrucción de la democracia, en la recuperación de los derechos y las libertades, en la generación de un proyecto alternativo que recupere el sentido y la dignidad de la política, en las vías para un auténtico cambio. No solo hay que desmontar el correísmo; hay que superar el populismo. Un siglo de los mismo es demasiado.
