Costa Rica: exigen al gobierno que explique supuestos pagos irregulares a funcionarias
La oposición legislativa pidió públicamente al Gobierno de la República, rendir cuentas y sentar responsabilidades sobre el supuesto pago irregular de incentivos salariales que han estado recibiendo tres viceministras de la actual administración.
Según trascendió, la viceministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, Ana Cristina Trejos; la viceministra de Gobernación, Carmen Muñoz y la Viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, han percibido pluses salariales sin estar catalagodas como poder hacerlo.
Con base en la legislación nacional, los funcionarios que reciban pluses salariales deben estar calificados como profesionales para hacerlo; no obstante, Trejos no cuenta con licenciatura, Muñoz no tiene título universitario y Zúñiga no es profesional de acuerdo con el Colegio de Abogados, ya que para ejercer dicha profesión se debe tener grado de licenciatura y estar colegiado.
Ante esto, diputados y diputadas de casi todas las fracciones incluyendo a la bancada oficialista, solicitaron una detallada explicación al respecto, y enviaron una misiva a la Contraloría General de la República (CGR), para que se inicie una investigación al respecto.
La carta enviada a la Contralora Marta Acosta señala: “La misma Procuraduría en el criterio C- 340- 2008 determinó explícitamente que en la “Ley de Compensación por pago de prohibición (Ley 5867 y su reglamento), se dictaminó que no existe una norma legal que reconozca el pago por concepto de prohibición a a los bachilleres universitarios en Derecho”.
En el año 2015, trascendió que Muñoz había recibido ¢11 millones de más en su salario durante casi un año, eventualmente se dio a conocer que Trejos recibió ¢10,8 millones por el mismo incentivo (Prohibición) y Zúñiga ha sido remunerada con ¢30 millones extra a su salario normal. Cabe señalar que actualmente tanto Muñoz como Trejos están en proceso de devolución del dinero.
“No es posible que por tercera vez el país esté presenciando una falta de esta naturaleza por lo que deben sentarse las responsabilidades políticas y administrativas para todas las personas involucradas en estos casos”, dijo la liberacionista Sandra Piszk.
Para los verdiblancos, este reiterado asunto no tiene una justificación lógica, ya que aunque se les exija devolver los dineros hay una falta ética de por medio y una violación al deber de probidad de acuerdo a lo establecido en la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito.
El Partido Liberación Nacional (PLN), también elevó el caso ante la Defensoría de la Ética, con el fin de que se intervenga de oficio sobre lo sucedido, ya que desde la perspectiva de la oposición los “errores” de esta administración ya causan duda y deberían estudiarse para determinar si hay delito o no.
El frenteamplista Jorge Arguedas mencionó durante una de sus intervenciones en el Plenario este lunes, que Luis Guillermo Solís debe asumir su rol de Presidente y dar la cara sobre este tema. “Deje de hacerse el sordo, el ciego, deje de hacerse el maje”, dijo Arguedas.
Ottón Solís, legislador y fundador del Partido Acción Ciudadana (PAC) se sumó a las críticas expresadas, enfatizando en que el Poder Ejecutivo tuvo que haber destituido a Trejos y a Muñoz, sin embargo en el caso de Zúñiga dijo que pareciera estar dentro del márgen legal. “El caso de Zúñiga es distinto, creo que ella si está en derecho, sin embargo eso lo terminará de definir la Contraloría”, mencionó Solís.
Por el momento, Casa Presidencial no se ha pronunciado al respecto, pero Zúñiga si se defendió por su propia cuenta, mientras tanto en el Congreso siguen fustigando este hecho, e inclusive algunos diputados ya plantearon propuestas de crédito para que el Gobierno se vea obligado a devolver estos dineros de forma inmediata al erario público.
