Breve historia de la educación amarilla (Argentina) – Por Carlos Romero
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
El macrismo tiene algo “personal” con los maestros. Desde que la fuerza creada por el presidente llegó al poder, allá por diciembre de 2007 en la Ciudad de Buenos Aires, ningún gremio como el docente experimentó de forma tan sistemática la política desplegada por el PRO. Con Mauricio Macri en la intendencia porteña, los trabajadores de la educación chocaron con un gobierno en las antípodas de sus reivindicaciones, tan ajeno a la tradición de la enseñanza pública como cercano a la gestión privada y la tercerización del rol estatal.
Por eso, cuando el ingeniero desembarcó en la Casa Rosada y su vice, María Eugenia Vidal, ganó la gobernación bonaerense, era esperable que la conflictividad escalara. El capítulo más reciente es la negativa del Ejecutivo a abrir la paritaria nacional, delegando la negociación a cada provincia, además de fijar un tope del 18% a la recomposición salarial, mientras los gremios exigen cerca del 35. La medida, que contradice a la Ley de Financiamiento Educativo, no sólo involucra al bolsillo de los maestros sino que afecta la coordinación de metas para el presupuesto y pone en riesgo el inicio de las clases en todo el país. Es lo que ya ocurre en suelo bonaerense, donde Vidal ofreció el 18%, a pagar en cuatro cuotas, y fue rechazado de plano por el Frente Gremial -Suteba, Feb, UDA y Amet- y Udocba.
La decisión de Cambiemos también desdibuja el rol ordenador que la Ley Nacional de Educación le asigna al Estado central, al habilitar una aplicación discrecional por parte de cada provincia, como se daba en los ‘90.
Represión y espionaje
La historia de desencuentros del macrismo con los maestros lleva casi un decenio, en el que la relación atravesó distintas facetas. Desde el recorte presupuestario y la subejecución de partidas, pasando por la crisis edilicia, el cierre de cursos y la falta de vacantes, hasta la dureza en la puja salarial y los bastonazos de la policía. El PRO también cosechó denuncias por persecución ideológica y censura a la actividad política. Inclusive, un sonado caso de espionaje tuvo como fachada al Ministerio de Educación de la Ciudad. En respuesta, los gremios llevaron adelante un sinfín de medidas de fuerza, y se convirtieron en uno de los actores más dinámicos del universo político-sindical porteño.
Un saldo de esta conflictividad, que en varias oportunidades se tradujo en días sin clases, fue el malhumor de la opinión pública, que en general recayó en las aulas antes que sobre los funcionarios, una ventaja estratégica que el partido amarillo supo -y sabe- aprovechar.
En momentos en que la CGT parece finalmente dispuesta a romper las negociaciones con Cambiemos y pasar a la acción directa, vale recordar que fueron los maestros los primeros en hacerle un paro nacional a Macri, con el detalle de que sucedió cuando era alcalde porteño. Fue en octubre de 2008, en repudio a la represión que sufrieron los docentes que intentaban levantar una carpa frente a la Jefatura de Gobierno, en el marco de un plan de lucha por mejores sueldos. Hubo tres manifestantes hospitalizados y otros tantos afectados por el gas pimienta que lanzó la Federal, enviada a Bolívar 1 por orden de un fiscal que respondió al pedido del PRO. En solidaridad, gremios de todo el país realizaron un paro de 24 horas, mientras Macri los acusaba de “robarles un día de clases a los chicos”.
En mayo de 2009, volvió a la carga: sostuvo que “los sistemas están hechos para amparar a los vagos que no quieren ir a trabajar”, en referencia a los maestros que exigían recuperar el sueldo descontado por días de paro.
En octubre de aquel año otro escándalo salpicó a la educación macrista, pero no fue de orden pedagógico, sino más propio de las películas de espías. Cuando una denuncia anónima reveló el sistema de espionaje paraestatal montado en el ámbito del gobierno porteño, trascendió el nombre de Ciro James, un ex miembro de la Federal que realizaba escuchas telefónicas a políticos, empresarios y sindicalistas. Lo que más sorprendió es que James, quien operaba en tándem con Jorge “Fino” Palacios, fallido jefe de la Metropolitana, tenía un contrato en la cartera educativa que entonces dirigía Mariano Narodowski. Acusados por el delito de asociación ilícita, fueron procesados Macri, Palacios, Narodowski y varios otros funcionarios. En 2014, el expediente fue elevado a juicio oral, pero Macri quedó al margen, y en junio de 2016, a poco de asumir la presidencia, terminó sobreseído.
Para reemplazar a Narodowski, que renunció en diciembre de 2009, el PRO convocó a Abel Posse. Apenas duró 12 días en el cargo, jaqueado por el repudio de la oposición, los docentes y los organismos de derechos humanos. Posse, que había sido cónsul de dos dictaduras, supo decir que “los militares que lograron el cometido de aniquilar a la guerrilla en sólo diez meses” estaban “ilegítimamente encarcelados”, y calificó como un “residuo de subversivos” a los sobrevivientes del terrorismo de Estado.
La era Bullrich
Llegó el turno de Esteban Bullrich. Proveniente de Recrear, el partido fundado por Ricardo López Murphy, ex diputado y licenciado en Sistemas, Bullrich asumió en enero de 2010 para convertirse en el rostro más duradero de la educación PRO, acompañando luego a Macri al gabinete nacional.
En la Ciudad, debutó prohibiendo la distribución en escuelas de libros elaborados con motivo del Bicentenario: “Como ministro de Educación no puedo permitir que se publiquen materiales con alguna tendencia ideológica”, indicó.
Meses después, en agosto, los estudiantes secundarios comenzaron una serie de tomas, en un escenario de problemas edilicios, recorte presupuestario y demora en el pago de becas. La ocupación no sólo se prolongó, sino que en los años siguientes se repetiría como forma de protesta. En medio de la puja, los alumnos denunciaron un pedido de Bullrich para que las autoridades confeccionaran “listas negras”, individualizando a los participantes. Luego, el propio ministro solicitó a la Justicia “una herramienta para identificar a los alumnos que están en las escuelas tomadas”.
Si bien la relación del PRO con los sindicatos docentes de la Ciudad siempre fue tirante, en 2011 tuvo un pico de tensión, cuando el gobierno avanzó sobre el estatuto de los maestros y modificó el funcionamiento de las juntas de clasificación, el mecanismo que establece designaciones y ascensos.
En 2012, en su cruzada por impedir la vida política en las escuelas, Bullrich lanzó una línea telefónica 0800 para recibir denuncias sobre actividades partidarias. El mismo año se cerraron 220 cursos en los niveles primario, medio y técnico, con el argumento de que tenían pocos alumnos y que serían reubicados.
A partir de 2013 el conflicto estuvo atravesado por el debate sobre la Nueva Escuela Secundaria (NES), que en la Ciudad se propuso modificar las currículas, afectando asignaturas clásicas, como Historia, e impactando en el salario docente. Por la misma época se implementó la inscripción online. Presentada como una solución tecnológica, el sistema no sólo despersonalizó la elección de los colegios y complicó a muchos padres a la hora de inscribir a sus hijos, sino que agudizó la crisis de las vacantes.
Eduardo López, titular de UTE, uno de los gremios docentes de la Capital, resumió en tres los efectos del modelo PRO: “Reducción de presupuesto, falta de vacantes y falta de maestros”. Para López, desde que Cambiemos ganó las elecciones de 2015, “comenzó a traducir ese mismo deterioro a nivel de la Nación, con una baja presupuestaria en términos de PBI, que del 6% pasó al 5,7”. El dirigente consideró que esto responde “a un modelo de país agroexportador, extractivo minero y financiero, donde la escuela pública sólo se piensa como forma de tener mano de obra barata, mientras que para la elite a cargo de administrar esos sectores está la educación privada”. En el mismo sentido, cuestionó los diagnósticos a cargo de consultoras que quiso aplicar el macrismo. “Estamos a favor de las evaluaciones y las capacitaciones, para alumnos y maestros. Pero las tienen que hacer los docentes, los gobiernos, las universidades, no una empresa ni economistas de la OCDE, como pasa con las pruebas PISA, porque entonces, si formás mano de obra barata, te van a evaluar bien, y si formás hombres y mujeres libres, te van a evaluar mal”.
Tijera presupuestaria
En su último año en la Ciudad, Macri se despidió con un récord a la inversa: nunca antes en su gestión, marcada por los recortes y la subejecución, le había destinado tan pocos recursos a la educación en relación al presupuesto global. Del 28,2% de 2007, las partidas fueron decreciendo hasta tocar en 2015 el piso del 23,6%. Es decir, una merma acumulada de 5 puntos porcentuales. En cambio, lo que sí aumentó fueron los subsidios a las escuelas de gestión privada.
Con el arribo de Horacio Rodríguez Larreta la tendencia se mantuvo: en 2016, los fondos para educación cayeron al 22%, mientras que 2017 vino con un nuevo no-récord: 18,2%. En su defensa, Rodríguez Larreta suele destacar la cifra peso por peso, pero así como ese número sí creció, no paró de replegarse en su participación dentro de los gastos totales. Y si se toma lo que va de administración PRO en la CABA, a partir de 2007 la Educación retrocedió 10 puntos en el orden de prioridades económicas.
Por eso sorprendió que Bullrich, en su rol de ministro de la Nación, anunciara que para 2017 “el aumento del presupuesto educativo será cercano al 50%”, gracias el desembolso de $131.403 millones. Más temprano que tarde se supo que la cuenta tenía sus trucos. Por un lado, incluye lo destinado a Deportes, un área fusionada con Educación, y por el otro, fondos que en 2016 estaban en otras reparticiones y fueron asimilados por la cartera de Bullrich. Se trata de $7.200 millones del Programa Conectar-Igualdad, antes en Anses; y $5.602 millones para la construcción de jardines, provenientes de Planificación. En cuanto a Deportes, que dejó de ser una secretaría en Desarrollo Social, aportó $1.408 millones. En el FPV calcularon que los $ 17.193 millones resultantes, aplicado el filtro de la inflación estimada, suponían una baja del 3%. Además, advirtieron sobre la caída de las becas para alumnos de pocos recursos, y del programa Fines, destinado a finalizar el primario y el secundario. El rasero de Cambiemos también llegó a la provincia de Buenos Aires: Suteba detalló que con Vidal el aporte estatal pasó del 28 al 25%.
A principios de enero, en una furiosa restructuración, Bullrich dispuso cerca de 3000 despidos en su ministerio -2600 tutores virtuales del programa de postítulo Nuestra Escuela y 400 contratados-. La presión sindical logró revertir la mayoría de las cesantías, pero no frenó la desaparición de áreas enteras en el organigrama.
Ahora, mientras se preparan para lo que asoma como la paritaria más dura de los últimos años, los gremios docentes no bajan la guardia ante las novedades que les pueda deparar la política educativa del PRO. Motivos no les faltan.
