Argentina: presentan cuatro denuncias penales contra Macri por condonarle a su padre una deuda con el Estado
Ya hay cuatro denuncias contra Macri por el acuerdo con el Correo Argentino
La justicia federal recibió este jueves cuatro denuncias penales contra el presidente Mauricio Macri; el ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad, y el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicación, Juan Carlos Mocoroa, por «defraudación contra la administración pública» en relación al acuerdo firmado entre el Gobierno y el Correo Argentino que le condona a la familia Macri una deuda con el Estado de 70 mil millones de pesos.
Una de ellas fue realizada por diputados nacionales del FPV-PJ encabezados por el presidente del bloque FpV-PJ, Héctor Recalde.
Los legisladores pidieron que se investigue la responsabilidad penal del presidente de la Nación quien a raíz de la aprobación de la condonación de la millonaria deuda «beneficia de manera directa a sus hijos, a su padre y a sus hermanos, en perjuicio del patrimonio de todos los argentinos».
La denuncia -que también lleva la firma de los diputados María Teresa García, Rodolfo Tailhade, Eduardo De Pedro, Andrés Larroque, Mayra Mendoza, Josefina Gonzales y Luana Volnovich- recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 6 a cargo de Rodolfo Canicoba Corral e investiga el fiscal Federico Delgado.
Perro como la primera de las denuncias, realizada por un abogado, recayó en Ariel Lijo, será este magistrado quien asuma la investigación, junto al fiscal Juan Pedro Zoni.
Fuentes judiciales, informaron que las denuncias serían derivadas en las próximas horas al fiscal Zoni, quien debe determinar si impulsa la investigación. Otra de las denuncias fue realizada por los dirigentes kirchneristas Gabriela Cerruti y Martín Sabbatella.
Las otras fueron realizadas por el letrado Daniel Igolnikov, un denunciante de presuntos hechos de corrupción del actual gobierno, y por el dirigente político Juan Ricardo Mussa.
Ayer la fiscal general Gabriela Boquín consideró que la homologación de la propuesta llevaría a una quita de 70 mil millones de pesos a 2033. Además, señaló que pudo haber un conflicto de interés en el funcionario del Poder Ejecutivo que participó de la negociación, al aceptar una oferta «que directa o indirectamente beneficie» a familiares del presidente de la Nación Mauricio Macri.
La fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Boquín, dictaminó que debe rechazarse la propuesta realizada por Correo Argentino S.A. y aceptada por el Estado Nacional, en junio del año pasado, en el marco de un concurso preventivo.
La representante del Ministerio Público Fiscal expresó que lo acordado «equivale a una condonación» de la deuda «y debe considerarse abusiva» en tanto implicaría, de acuerdo a los cálculos realizados por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, una quita de más de 4 mil millones de pesos en la actualidad y de más de 70 mil millones a 2033.
Otro expediente por el acuerdo
El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, abrió hoy un expediente sobre el acuerdo entre el gobierno de Mauricio Macri y el Correo Argentino S.A., sobre la deuda que la compañía tiene con el Estado y que fue considerado ayer como abusivo y un «perjuicio» por parte de la fiscal de la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, quien pidió que sea rechazado.
Amplio repudio de la oposición al acuerdo entre el Gobierno y Correo Argentino
El acuerdo entre el Gobierno y Correo Argentino por la millonaria deuda que la empresa contrajo con el Estado cuando era propiedad de Franco Macri desató una ola de críticas de dirigentes de distintos sectores de la oposición.
La diputada del GEN Margarita Stolbizer expresó que «a seis meses de asumir, que el gobierno de Macri, haga un acuerdo con quita con Macri padre, resulta escandaloso y demasiado parecido al pasado inmediato que se comprometieron a cambiar».
«La confusión de los negocios privados y el Estado es uno de los mayores riesgos que asume este gobierno, y debe resolverlo con absoluta transparencia», reclamó en un comunicado, en el que agregó: «Lo raro es que el Correo y Macri no hubieran tenido antes la declaración de quiebra, que este acuerdo le ha permitido evitar».
Por su parte, la jefa del bloque de diputados del Frente Renovador, Graciela Camaño, expresó que con el acuerdo entre el Gobierno y el Correo Argentino «parecería que los Macri llegaron al poder para resolver los problemas de los Macri». La dirigente massista consideró que «es un escándalo como los bolsones de (José) López del kirchnerismo» y que «existe impunidad en el trato de las cuestiones del Estado y la familia presidencial».
Su compañero de bancada Felipe Solá remarcó que «con acciones como la que los parientes de funcionarios puedan blanquear y regalar el 98,8 por ciento de la deuda del Correo, el Gobierno demuestra que el que manda es Franco y eso es muy grave».
El exjefe de Gabinete Alberto Fernández dijo que la condonación de una deuda millonaria por parte del Estado pasa cuando «gobiernan empresarios». «El consejo de la Magistratura tiene que investigar al representante del Ministerio Público que avaló esa propuesta», sostuvo Fernández en declaraciones al programa «El Destape», que se emite por Radio 10.
Para el exjefe de Gabinete, el deber de los que hacen política es «advertir lo que está pasando». «Deben investigar la conducta de quienes vaciaron al Correo», consideró al tiempo que apuntó contra el presidente Mauricio Macri al señalar que «en tres años, cuando deje el Gobierno va a volver a disfrutar de los beneficios de sus empresas».
El senador de Proyecto Sur Fernando «Pino» Solanas sostuvo que «como en los 90, los Macri vuelven a realizar negocios privados con fondos públicos en una flagrante violación a la Ética Pública». «Macri jamás pagó el canon por hacerse cargo de Correo Argentino. Franco Macri fundió el Correo Argentino, se llevó el dinero a Brasil y ahora su hijo Mauricio Macri le condona una deuda millonaria», sentenció Solanas en un comunicado.
El Gobierno avaló una oferta de pago que propuso en junio pasado Correo Argentino, de Franco Macri, padre del presidente Mauricio Macri, sobre la deuda que la empresa sostiene desde hace varios años con el Estado, pero la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, dictaminó el miércoles pasado que debe rechazarse «por abusiva».
«No le perdonamos ni un mango a Macri», se defiende el gobierno
Luego del escándalo destapado por el informe de la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, funcionarios del Gobierno Nacional salieron a defender la posición del presidente Mauricio Macri. «No le perdonamos ni un mango a Macri, nada, ni siquiera los intereses», expresó el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa, también apuntado en el informe. «Es un error de la fiscal», aseguró el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad. En tanto, el diario Clarín advirtió que si no se acepta el acuerdo, Correo Argentino SA podría demandar al Estado por la expropiación de 2003.
Mocoroa es el hombre del Gobierno que firmó la aceptación de la propuesta del Grupo SOCMA (de la familia Macri, que controla a Correo Argentino SA). En el informe de Boquín, se pone en duda su ética, ya que al ser funcionario pertenece a una cadena de jerarquías que comienza en el propio Presidente. Mocoroa se defendió al negar que se haya condonado la deuda y aseguró que se pagará el «ciento por ciento del capital verificado», que asciende a «296 millones de pesos».
«No le perdonamos ni un mango a Macri, nada, ni siquiera los intereses», sostuvo en diálogo con radio El Mundo y Radio Nacional. Mocoroa explicó que la controversia «se remonta a 2001, cuando se inicia el proceso concursal», que «la deuda a la que el Estado tiene derecho son 296 millones de pesos», que los conflictos entre el Grupo Macri y el Gobierno anterior impidieron que el Estado cobre la deuda y que «recién en 2016 logramos que la empresa pague 600 millones de pesos».
Ante la consulta por los motivos del informe, el funcionario público dijo: «Presumo que es un error jurídico», ya que «la deuda es en pesos y no podemos hacer un parangón con el dólar. Distinto hubiera sido si la deuda era en dólares, ahí existen distintos criterios fijados por la Corte Suprema para actualizarla, pero no es este caso». En ese sentido, recordó que el artículo 19 de la Ley de Concursos establece que desde el momento del concurso se congela el cómputo de intereses.
Mocoroa aclaró que si bien la deuda es de casi 300 millones de pesos, sumados los intereses el monto se elevaría a 600 millones, la cifra acordada en el acuerdo que los jueces deberán convalidar o no. El funcionario también se mostró molesto de que los argumentos de la fiscal «se filtraran a los medios antes de estar en el expediente».
En el mismo sentido, se expresó Aguad. «La fiscal se opone al procedimiento con el argumento de que no se actualizaron las cifras; pero las cifras no se pueden actualizar, la ley de quiebras lo impide, razón por la cual no sé cuáles serán los argumentos de la fiscal (…) Es un error de la fiscal», sostuvo, al tiempo que intentó manchar el informe con tintes políticos, al decir que Boquín «reemplazó a (Alejandra) Gils Carbó» cuando ésta asumió en la Procuración General, aunque aclaró: «No es un tema político, lo tenemos que resolver jurídicamente».
«Cuando asumió (Néstor) Kirchner, le quitó la concesión y el concesionario homologó los créditos que tenía la empresa. Todos los acreedores pudieron homologar sus créditos y el Estado argentino consolidó una deuda de 296 millones de pesos. Cuando se verifica un crédito en un concurso, esa deuda queda congelada en el tiempo», contó y agregó: «Durante los doce años del gobierno anterior no se intentó cobrar esa deuda», que cuando él asumió heredó el juicio, y que «las opciones eran no cobrar, o cobrar a precios históricos». Finalmente, advirtió: «Si la Cámara (Nacional de Apelaciones en lo Comercial) no homologa el acuerdo, es muy probable que perdamos el patrimonio del Estado», porque lograr una «renegociación» sería «muy complicado».
Por su parte, el diario oficialista Clarín publicó al respecto que cuando Néstor Kirchner llegó al poder, el Gobierno expropió el Correo Argentino y eso originó a su vez demandas y reclamos de resarcimiento millonarios al Estado por parte del Grupo Macri, que podrían desactivarse si prospera el acuerdo.
Otras medidas del Gobierno que favorecieron al círculo íntimo de Macri
Una fuerte polémica se inició luego de que se conociera un acuerdo tentativo entre el gobierno de Mauricio Macri y la empresa de su padre, que implicaría la condonación de una deuda millonaria con el Estado tras la quiebra del correo nacional hace más de 15 años.
Ayer se conoció que el Gobierno avaló una oferta de pago que propuso Correo Argentino, de Franco Macri, padre del Presidente, sobre la deuda que la empresa sostiene desde hace varios años con el Estado. Ese acuerdo fue objetado por la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín.
Luego de que la causa estuviera más de 15 años empantanada en los tribunales y de los numerosos rechazos de acuerdo por parte del Estado, la gestión de Macri aceptó una quita del 98,82 por ciento del total de la deuda y su cancelación podrá efectuarse hasta 2033. Según Boquín, fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, el ofrecimiento realizado en junio debe considerarse «abusivo», ya que implica una quita de más de $ 4.000 millones en la actualidad y de más de $ 70.000 millones a 2033, cuando finalice el plan de pagos.
Este no es el primer caso que desde el Gobierno se favorece con distintas medidas al círculo más cercano de Macri. Por ejemplo, el Estado le otorgó la licitación del soterramiento del tren Sarmiento en la Ciudad de Buenos Aires a la empresa que quedó en manos de su primo, Ángelo Calcaterra, por $ 45.000 millones. También otros $ 2.500 millones en alianza con el gobernador Juan Schiaretti para un gasoducto en Córdoba.
Además, al «hermano de la vida» de Macri, Nicolás Caputo, se le adjudicó una de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina (NASA) por $ 513 millones. En enero del año pasado, «Nicky» ya había sido beneficiado con la adjudicación de la obra civil para la instalación del reactor nuclear RA-10, un contrato de$ 797 millones.
Otro caso es el que involucra a Macri, su padre y varios funcionarios, fueron denunciados por el uso de aeronaves de la compañía MacAir, vinculada a la familia presidencial, sin licitación ni contratación pública conocida, para viajes oficiales.
La presentación apunta a investigar al Presidente; el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis; el director general de Logística de la Presidencia, Carlos Cobas; el empresario Franco Macri, titular de «SIDECO», del titular del grupo de empresas que conforman la línea aérea «Avianca» y sus controladoras, el empresario German Efromovich; Carlos Benjamín Colunga López, CEO de «Avian Líneas Aéreas», y Diego Martín Colunga Campos, titular de «Únicos Air S.A.».
Los gastos en contrataciones de aviones ejecutivos para viajes de Estado a Europa y China habrían sido realizados sin licitación y resultaron mucho más costosos que con el Tango 01, según consta en una denuncia presentada.
También el Gobierno fue cuestionado por el decreto que habilitó a familiares de funcionarios a ingresar al blanqueo de capitales, algo que estaba prohibido en el texto que aprobó el Congreso, pero que el Ejecutivo permitió a partir de su reglamentación.
La decisión del Gobierno generó un generalizado rechazo en la oposición, que justamente había aceptado aprobar el blanqueo con esa prohibición como una de las condiciones. Se hicieron planteos judiciales que no prosperaron. De hecho, ayer mismo la Justicia rechazó un amparo para suspender la aplicación del DNU. Fue una resolución dictada por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Ernesto Marinelli, quien no hizo lugar al planteo formulado por el diputado nacional Felipe Solá.
Otro caso es el del empresario Joseph Lewis a quien Macri defendió públicamente luego de que la Justicia frenó un loteo de tierras que favoreció al magnate en un proyecto inmobiliario en El Bolsón. También se puede contar entre los beneficiados a grandes empresas agropecuarias, las cuales fueron fuertes aportantes a la campaña presidencial de Macri.
