Reprimieron por segunda vez y con balazos a la comunidad mapuche Cushamen
La Infantería volvió a la carga
La violencia institucional contra la comunidad mapuche Cushamen continuó ayer en la provincia de Chubut. Bajo órdenes de la Justicia provincial, la infantería de la policía provincial atacó a balazos la lof en resistencia, como los pobladores llaman a su presencia en la zona de Leleque, zona cordillerana de Chubut. Fuentes de la zona aseguraron a este diario que la represión dejó a un herido de gravedad y a varios de menor tenor y aseguraron que Fausto Jones Huala, hermano del lonco Facundo Jones Huala, recibió un balazo en el cuello. Las ambulancias tardaron en acercarse al lugar. “Responden a la policía de Chubut y se niegan a asistir a los heridos, que están graves. Hacemos una vez más responsable al gobierno de Chubut y al gobierno nacional por estos episodios absurdos que estamos viviendo. Éste es un Estado asesino”, denunció una vocera de la comunidad que se enteró del nuevo ataque mientras aguardaba noticias de los detenidos en la puerta de los tribunales, que finalmente no fueron buenas: a última hora, el juez federal Guido Otranto negó la excarcelación de tres de los diez detenidos. Los otros siete aún aguardan una audiencia.
Al cierre de esta edición, las fuentes clarificaron algunos detalles sobre el nuevo ataque contra la comunidad de Cushamen. “Cayó Infantería y así como cayó empezó a disparar a quemarropa”, contó Auka, vocera del pueblo ancestral. Casi dos horas después, Fausto Jones Huala fue trasladado al hospital de Esquel en una ambulancia, mientras que otra quedó en el lugar asistiendo a heridos de menor tenor. Aún se desconocen las razones que motivaron el violento operativo policial así como también el operador judicial que lo ordenó. Desde Radio Comunitaria Kalewche confirmaron a este diario que el defensor oficial Fernando Radziwilowski, del Ministerio de la Defensa Pública de Chubut, presentaría al cabo de la jornada un hábeas corpus sobre la comunidad.
El nuevo episodio sucedió mientras la comunidad continuaba bajo el estupor de los dos allanamientos que había sufrido el martes, uno ordenado por la Justicia federal y otro por la provincial. En ambos operativos –uno concretado por Gendarmería y el otro por la Policía local– medió la violencia: miembros de la lof fueron golpeados, esposados y arrastrados de los pelos; sus casas rotas, sus animales secuestrados y muertos. Los operativos culminaron con diez pobladores detenidos. Tres jóvenes fueron llevados por Gendarmería al cabo del allanamiento ordenado por el juez federal Guido Otranto. Según Gendarmería, se opusieron violentamente al operativo. Uno de ellos tiene golpes y heridas cortantes en la frente; otro golpes en la nariz. Otros siete fueron apresados por la Policía local luego de una emboscada en la que esa fuerza disparó balas de plomo, según denunciaron los mapuches. Los tres detenidos por Gendarmería se negaron a declarar ayer por la mañana. La defensa oficial pidió su excarcelación, que Otranto rechazó a última hora de ayer. Los otros siete detenidos ni siquiera cuentan con fecha de audiencia de control judicial.
Los hechos fueron repudiados por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales. “La orden emitida (por parte de la Justicia) no encuentra correlato con los hechos de la realidad. Amnistía Internacional condena la falta de un eficaz control judicial sobre los alcances y exabruptos que fueron cometidos en territorio. La opacidad, falta de transparencia y rendición de cuentas no pueden ser los principios que atraviesan los operativos policiales”, indicó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina en un comunicado difundido ayer por la tarde. La regional del Noroeste de Chubut de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos también rechazó la violencia institucional desplegada sobre la comunidad. “La estrategia tan pregonada a nivel nacional por (la ministra de Seguridad) Patricia Bullrich y su alter ego local (el gobernador) Mario Das Neves para justificar la represión y la criminalización de la protesta social parecer haber visualizado en la comunidad mapuche tehuelche el “enemigo interior” necesario para poner en práctica una vez más la política antiterrorista”, consideraron a través de un comunicado.
Para Das Neves, la situación es diametralmente opuesta. Ayer reclamó el “repudio generalizado” a “los graves incidentes” que, según él, habrían generado los pobladores mapuches. “Hace un tiempo en Chubut hay un grupo de violentos que no respetan las leyes, la Patria, ni la bandera y agreden permanentemente a cualquiera”, sostuvo en una conferencia de prensa. La lof en resistencia de Cushamen reclama tierras ancestrales que en la actualidad integran los cientos de miles de hectáreas que la trasnacional Benetton posee de la Patagonia argentina. Das Neves no mencionó en su conferencia los violentos operativos policiales del martes, pero reclamó “tranquilidad” para el pueblo chubutense. “En esto voy a hacer duro hasta las últimas consecuencias para que se cumpla con las leyes y la gente viva bien y tranquila”, insistió.
Golpes a hombres, mujeres y niños: Amnistía Internacional repudia la represión a la comunidad mapuche en Chubut
Amnistía Internacional repudia la represión contra el pueblo mapuche por parte de Gendarmería y de la policía de Chubut en el marco del reclamo de los pobladores de tierras ancestrales que actualmente están en disputa con el grupo empresarial Benetton.
La comunidad mapuche de Cushamen, un departamento de la provincia de Chubut, en marzo de 2015 decidió volver y recuperar su territorio ancestral en donde hoy está la estancia Leleque de la compañía multinacional Benetton, que tiene cerca de un millón de hectáreas en la Patagonia Argentina.
Pese a que una orden judicial, dictada por el juez federal Guido Otranto, ordenó liberar el corte del tren turístico La Trochita, lo cierto es que el 10 de enero en un contexto de creciente criminalización de la protesta y particularmente de estigmatización del pueblo mapuche, alrededor de 200 gendarmes realizaron un operativo cerrojo, clausurando todos los accesos a las tierras en las que permanece establecida la comunidad Cushamen.
“La orden emitida no encuentra correlato con los hechos de la realidad. Amnistía Internacional condena la falta de un eficaz control judicial sobre los alcances y exabruptos que fueron cometidos en territorio. La opacidad, falta de transparencia y rendición de cuentas no pueden ser los principios que atraviesan los operativos policiales”, indicó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
La policía de Chubut, a caballo, por su parte, actuó bajo la orden del juez provincial José Colabelli quien maneja una denuncia de Benetton por presunto robo de animales.
La comunidad relató los hechos de violencia y represión que padeció: golpes, palazos, tirones de pelos contra mujeres, y corridas a los niños y las niñas de la comunidad. Este tipo de accionar resulta inadmisible. El Estado debe rendir cuentas por el maltrato y abuso de la fuerza dirigido a mujeres y niños. Además se concretaron detenciones contra miembros de la comunidad y aliados.
El año pasado, Amnistía Internacional y diferentes organizaciones denunciaron el creciente contexto de estigmatización y persecución contra el pueblo mapuche: autoridades nacionales han definido a través de informes a las comunidades como “amenazas a la seguridad social”.
Amnistía Internacional manifiesta máxima preocupación ante la magnitud de los hechos y los preocupantes antecedentes en relación a los ataques contra la comunidad mapuche. Además llama al Estado nacional y provincial a investigar a los responsables y prevenir futuros actos de represión.
