Paro y protesta de trabajadores del Ministerio de Educación por tres mil nuevos despidos
Golpes y represión como política educativa
Los trabajadores del Ministerio de Educación iban a realizar ayer una asamblea en el Palacio Sarmiento para seguir en el lugar el resultado de las negociaciones prometidas por el Gobierno tras los tres mil despidos de la semana pasada. Pero la sede de Educación amaneció vallada; al igual que el resto de los edificios que el ministerio tiene en la Ciudad de Buenos Aires. En la puerta del Palacio Sarmiento se desplegaron efectivos de la Policía Federal, que restringieron el ingreso y golpearon a los delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) cuando intentaron abrir el paso. Para completar el combo, los funcionarios de Educación le levantaron al gremio la reunión prometida. Un baño de realidad PRO para recibir al 2017.
El conflicto por los despidos en Educación sigue así abierto. Como respuesta a la represión, ATE y los docentes de Ctera iniciaron un paro de 24 horas en todas las áreas del ministerio. Esta mañana, a las 11, realizarán además un abrazo al Palacio Sarmiento.
“Apostamos al diálogo y recibimos violencia institucional”, resumió Rodrigo Recalde, secretario general de ATE en el ministerio y uno de los delegados golpeados. El viernes los trabajadores levantaron la toma de Educación, pero ayer “cuando volvieron para hacer la asamblea el diálogo fue pegarles a los que venían a pedir por sus fuentes de trabajo. Todos los funcionarios están veraneando”, dijo el secretario general de UTE-Ctera, Eduardo López.
Resultó claro que el objetivo del Gobierno fue evitar que se repitiera un reclamo como el del Conicet, donde investigadores y becarios ocuparon la sede del Ministerio de Ciencia y frenaron el ajuste. De hecho, que los despedidos iban a retomar la ocupación del ministerio si no tenían respuestas era algo anunciado.
Pero no llegaron ni a concretar la asamblea con todos los afectados. A la sede del ministerio sólo pudieron entrar los que tenían tarjeta de ingreso. Dentro ese grupo están los 400 despedidos de distintos programas socioeducativos, como las orquestas juveniles, el Fines (de terminalidad escolar) o el programa de educación sexual integral.
En la calle, cortando el tránsito, quedaron los tutores virtuales del programa Nuestra Escuela, un plan de capacitación docente que se dicta por internet, cuyo cierre ya fue anunciado por el ministerio. El programa tiene 14 postítulos donde trabajaban como tutores 2600 profesores, bajo contrato y con un sueldo mensual por cada aula virtual a cargo.
“Todos los años nos renovaban el contrato en enero; esta vez todavía no lo hicieron. El ministerio dice que va a decidir cuántos seguimos en febrero, de acuerdo a la demanda que tenga el programa, pero al mismo tiempo maniobran para reducir violentamente el número de inscriptos”, contó ayer, junto al vallado policial, Alejandra Benvenuto, coordinadora académica de Educación y Derechos Humanos.
¿Cómo sería la maniobra? El programa Nuestra Escuela fue creado luego de que los gremios docentes acordaron con el gobierno anterior la creación de un plan de formación permanente y gratuito para los maestros. Esta capacitación a cargo del Estado es utilizada por docentes de escuelas públicas y privadas, y en todos los casos es gratuito. Tenía 14 postítulos de dos años de duración, con 130 mil cursantes.
El 23 de diciembre, sin aviso previo, el ministerio publicó en el Boletín Oficial una modificación del programa que dispuso el cierre de todos los postítulos en diciembre de 2017, “con artículos directamente expulsivos”, explicó Benvenuto. “Porque en teoría, los que empezaron a estudiar el año pasado deberían seguir este año; pero la trampa es que cambiaron las reglas para la cursada: el que reprobó una materia ya no puede recursarla, ni tampoco el que se haya anotado y haya cursado. Esto afecta al 90 por ciento de los cursantes. Entonces, el Gobierno dice que en febrero va a ver cuántos de los tutores seguimos trabajando según la demanda… pero la demanda va a ser ínfima”. Por eso, el cese de los 2600 tutores virtuales es considerado sólo una cuestión de tiempo.
“Acá no van a encontrar a una persona sin formación; todos tenemos título”, apuntó Alicia Herrera, licenciada en Historia y en Ciencias de la educación. La profesora señaló que el trabajo de tutor virtual le lleva 4 o 5 horas diarias frente a la computadora. “Hay que orientar, participar en los foros y discusiones, corregir entregas.” Agregó que los cursantes “son docentes, es decir la inmensa mayoría mujeres, trabajadoras, en general también madres y amas de casa. Que tengan que recursar una materia no muestra que no les interese capacitarse, sino las dificultades en las que están inscriptas”.
Al corte de calle también se sumaron docentes que hicieron algunos de estos postítulos como Mayte Linares y Natalia Bertolotto. Maestras las dos, señalaron que sin esta instancia de capacitación estatal deberán pagar por capacitaciones dictadas por el sector privado. “Como mínimo, hoy uno de esos cursos cuesta mil pesos.”
Los dirigentes del gremio Ctera vienen advirtiendo sobre el negocio que se abrirá con el cierre de los postítulos gratuitos. López aseguró que “el ministro Esteban Bullrich es socio de (Gabriel) Sánchez Zinny, que no sólo es director del Instituto de Educación Tecnológica sino que tiene empresas de formación on-line. Los docentes nos tenemos que capacitar. Los postítulos que están cerrando dependen del Estado y son gratuitos. ¿Dónde vamos a recurrir para capacitarnos si no los tenemos? Obviamente, a estas empresas”.
Aunque con el diálogo cortado con ATE, funcionarios de Educación mantuvieron ayer una reunión con los dirigentes de la UPCN –de diálogo fluido con el Gobierno– en el Ministerio de Modernización.
Voceros del ministerio que conduce Bullrich dijeron a PáginaI12 que los contratos no renovados de los programas socioeducativos fueron 300 y no 400, como sostiene ATE. Insistieron en que no hubo despidos sino “contratos que se terminaron”, pero informaron que revisaron el listado de los que perderán su empleo y “se corrigieron” 100 casos. Se trata de delegados, trabajadoras con licencia por maternidad y discapacitados. El argumento oficial es que los demás “incumplían el horario de trabajo o ni siquiera concurrían a trabajar”. Las negociaciones fueron llevadas adelante por funcionarios de segunda línea de la cartera, ya que el ministro Bullrich está de vacaciones.
