Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Nadie debe olvidar el estado de ebullición que era Venezuela justo antes de que se pusiera en juego la trampa del diálogo. Los ciudadanos estaban en las calles ejerciendo su derecho a la protesta, y mostraban disposición a mucho más. En la Organización de Estados Americanos se había alcanzado la comprensión de que la gravedad de la situación venezolana exigía intensificar las medidas que prevé la Carta Democrática. Otro tanto ocurría en Mercosur, organismo que en tantas ocasiones le había servido de mampara al régimen: la extrema preocupación sobre la situación venezolana estaba a punto de convertirse en sanciones.
Y hay todavía más: en medio de las enormes dificultades que padecían –y continúan padeciendo– las familias de todo el país, sometidas a los estragos causados por la escasez de alimentos y medicinas, otras noticias encendían el ánimo de los venezolanos: las detenciones en Houston, uno de los muchos escándalos en curso derivados de la corrupción en Pdvsa; el caso de los narcosobrinos que, finalmente, ha facilitado que muchos gobiernos del mundo adviertan hasta dónde ha penetrado la podredumbre en las altas esferas del poder venezolano.
Así estaban las cosas, un país conmocionado y en camino a la rebelión cuando se anunció el diálogo. La reacción de los más diversos sectores del país fue contundente: se advirtió que el diálogo era una trampa, que solo serviría para apaciguar a la sociedad y para regalarle tiempo al régimen. A pesar de ello, una parte de la oposición aceptó sentarse en las cuatro mesas. Poco tardamos los venezolanos en confirmar nuestras peores ansiedades: que el diálogo arrojaría como resultado todas las ganancias para el gobierno y ninguna para los venezolanos, sus víctimas.
El balance no podría ser más desalentador. La mesa dedicada a la cuestión electoral, es decir, donde se sometieron a debate derechos que están establecidos en la Constitución, tuvo este resultado: ni referéndum revocatorio ni calendario electoral. De hecho, todavía hoy el CNE, organismo que tiene entre sus especialidades el vulnerar los derechos constitucionales, no ha publicado el calendario de las elecciones regionales.
La mesa dedicada a la economía ha terminado siendo emblemática de las capacidades políticas y técnicas de los negociadores: la oposición terminó suscribiendo la falacia de la guerra económica, lo que generó la inmediata reacción de los empresarios y de sus gremios, entre ellos Fedecámaras, por el perjuicio que ello representa.
El caso de los presos políticos, me refiero al de la mesa dedicada a este álgido tema, ratifica que el gobierno se preparó para la farsa del diálogo. Aplicaron el mismo método patentado por Josef Stalin: aumentaron el número de detenidos, liberaron algunos de los presos, armaron una gran alharaca para decir que esa liberación demostraba la voluntad negociadora del régimen, cuando lo real es que el número neto de presos políticos no ha hecho sino aumentar, ahora potenciado por el llamado Comando Antigolpe que, bajo el impulso de Diosdado Cabello, ya ha dado sus primeros pasos en la represión en contra de uno de sus blancos favoritos, los activistas de Voluntad Popular.
Por último, la llamada mesa institucional. La exigencia esencial, también consagrada en la Constitución, de reconocer la institucionalidad de la Asamblea Nacional, fue respondida por el Tribunal Supremo de Justicia (ahora mismo la más alevosa estructura del régimen) declarando improcedente el juicio a Maduro y asumiendo el nombramiento de los rectores del CNE, que es potestad exclusiva de la Asamblea Nacional.
La secuela de estos resultados cruzó de 2016 a 2017 y está viva entre quienes nos oponemos al régimen, es decir, la inmensa mayoría del país. El estado de desconcierto e incertidumbre todavía no se ha disipado. La sociedad permanece atenta al llamado de quienes aseguran ser sus dirigentes. Aguarda por la ruta que nos conduzca al cambio político en Venezuela.
