Las investigaciones de los sobornos en Ecuador apuntan al alcalde de Quito
Investigaciones en caso Odebrecht apuntan a contratación del Metro de Quito: presidente Correa
El presidente Rafael Correa indicó este martes que las investigaciones realizadas en el país por el caso de corrupción en la empresa brasilera Odebrecht apuntan a la contratación del Metro de Quito.
“Lo que hemos descubierto hasta hoy apunta a la contratación del Metro”, afirmó el jefe de Estado en un conversatorio con medios de comunicación desde la ciudad porteña de Guayaquil, en donde se refirió a la detención del asesor del Alcalde de Quito, Mauro T., quien registró en sus cuentas bancarias millonarios fondos, supuestamente injustificados.
“El señor Mauro T., tiene cuentas desde 2014 a 2016 con depósitos de cerca de 6 millones de dólares no justificados y coincide con la fecha de contratación del Metro y coincide con su asesoría ‘Ad honorem’ en el Municipio. A esta altura ya no creo en coincidencias, pero eso le tocará definir a la justicia”, señaló el mandatario.
Respecto a una publicación en un rotativo en el que se mencionan 18 personas que habrían recibido coimas de la empresa brasileña investigada, el presidente Correa señaló que se trata de las denuncias de una secretaria de Odebrecht, quien trabajó hasta 1992. “Esto quiere decir que las denuncias son de 1987 a 1992. Que bien que este saliendo la verdad”, apuntó.
Para el presidente Correa, es sospechoso que en otros países en los que se han detectado casos de corrupción de esta empresa, la investigación se realizó en torno al periodo 2001 al 2016, mientras que en Ecuador se lo hizo sobre el período de 2007 a 2016, a pesar de que Odebrecht tenía contratos en este país andino desde 1987, a finales del gobierno de León Febres Cordero (+).
“Esta empresa funcionó desde los 80’s comprando a todo el mundo, financiando campañas políticas y somos nosotros (Gobierno) quienes le pusimos en su horma”, afirmó Corre, refiriéndose a la expulsión de Odebrecht de Ecuador en 2008.
Ecuador:
Asamblea cita a Rodas a comparecer sobre el caso Odebrecht
La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional convocó al alcalde de Quito, Mauricio Rodas, mañana a las 16h00, para hablar sobre el caso Odebrecht, luego de las reuniones que mantuvo la autoridad local con organismos internacionales en Estados Unidos.
Hasta anoche el alcalde no había confirmado su asistencia.
Rodas denunció el 13 de enero del 2017 ante la Organización de Estados Americanos (OEA) “persecución política” en su contra por la vinculación del Metro de Quito con los sobornos ofrecidos por la constructora brasileña, pues el consorcio Acciona-Odebrecht construye la segunda fase de la obra de la capital.
El principal objetivo de su viaje fue obtener información divulgada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre los sobornos que habría hecho la empresa brasileña en varios países, entre ellos Ecuador.
En el caso de Ecuador, los sobornos de la empresa al gobierno habrían sido por $ 33,5 millones, según Estados Unidos.
Caso Odebrecht: Fiscalía colombiana cita a declarar a la exministra Cecilia Álvarez
La Fiscalía General citó a entrevista a la exministra de Transporte, Cecilia Álvarez por las denuncias que presentó en un pasado sobre las irregularidades en las adiciones que se presentaron en el contrato de la Ruta del Sol Tramo 2. Esta citación a declarar se realiza en el marco de la investigación que se adelanta por el escándalo de la empresa brasileña Odebrecht.
Álvarez fue citada frente a los hechos que rodearon la adición de 900 millones de pesos para el citado contrato. La entonces ministra aseguró que se estaba presentando sobrecostos en el mencionado contrato vial que fue adjudicado en 2009 a la trasnacional que se encuentra ahora en el ojo del huracán después de haber reconocido el pago de millonarios sobornos para recibir contratos viales.
Se trata de una diligencia en calidad de testigo y no de una investigación en su contra y en los próximos días se fijará la fecha para que sea escuchada ante el fiscal de la unidad anticorrupción que adelanta la investigación. En su momento, el director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Ferando Andrade explicó que tampoco estuvo de acuerdo con esa adición.
En un principio se presupuestó una inversión de 300 millones al contrato de Ocaña-Gamarra, que hacía parte del millonario proyecto vial. Pese a las discrepanacias la adición por 900 millones de pesos fue aprobada a favor de la empresa brasileña.
Por estos hechos enfrenta un proceso penal el exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, quien ya reconoció su responsabilidad en el recibimiento de 6.1 millones de dólares para garantizar en 2009 la entrega del contrato de la Ruta del Sol Tramo 2 a la empresa brasileña. Esto mediante una estrategia para que fuera la única en la lista de oferentes en el proceso de licitación.
García Morales aceptó su responsabilidad en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito y cohecho propio. El exdirector encargado del Instituto Nacional de Concesiones (INCO) se encuentra actualmente en la cárcel La Picota de Bogotá.
Igualmente es procesado el exsenador liberal Otto Bula Bula, señalado de haber sido contratado directamente por la sucursal de Odebrecht en Colombia para hacer “lobby” ante diferentes congresistas para que se les adjudicará el contrato de construcción de la vía Ocaña-Gamarra en el 2014. El excongresista logró que el contrato fuera entregado mediante un otrosí y no por licitación pública como exige la ley.
El próximo miércoles el juez 82 de control de garantías deberá definir si avala o no la medida de aseguramiento en centro carcelario solicitada por la Fiscalía General. El excongresista ya se declaró inocente de los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito de particulares.
Panamá – Cámara de Comercio expulsa a Odebrecht del gremio
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), notificó ayer que expulsó a la empresa Odebrecht del gremio empresarial.
«Quien trata con funcionarios y pacta contratos con el gobierno, es responsables de conocer y cumplir las leyes y regulaciones aplicacbles», destaca el Código de Ética de la CCIAP.
Esta expulsión se da, tras los brasileños aceptar ante el Miniserio Público (MP) que sobornó funcionarios panameños por $59 millones, dinero que devolverá al Estado.
