Ecuador: investigan sobornos que involucran a los opositores alcaldes de Quito y Guayaquil
Ecuador: El ventilador de Odebrecht a toda máquina
Más celeridad que nunca. Luego de 28 días sin resultados concretos, las sospechas sobre Odebrecht en Ecuador comienzan a materializarse en hechos. Tan solo 48 horas después de que Diario EXPRESO publicara una investigación sobre la contabilidad paralela de la compañía en el país, relacionada a las últimas tres décadas, y una lista con 18 referencias a ecuatorianos entre los documentos, las autoridades han presentado sus primeras conclusiones y anuncios.
A decir del presidente Rafael Correa, la investigación de este Diario es “un primer paso” para destapar la corrupción confesa de una compañía que ha mantenido contabilidad paralela durante los últimos 30 años y contratos con siete gobiernos, incluido el suyo. La sombra de contratación de la empresa brasileña es enfocada en el discurso presidencial hacia su némesis partidista: “piensen en nombres socialcristianos y podrán armar el rompecabezas”, dijo, motivando a la especulación.
Toda la atención mediática se ha centrado entonces en poner nombre a los sobrenombres publicados por este medio. Aunque no alcance aún la magnitud de la sombra de Odebrecht, cuyos contratos superan los cinco mil millones de dólares. La mayor parte de ellos, en contratos adjudicados durante el gobierno de Correa ($ 1.600 millones).
Rastreado el hilo de Odebrecht hasta 1987, durante su incursión en el país, al mundo político ecuatoriano, de reacción tardía o nula, no le ha costado llegar a la misma conclusión desde el oficialismo hasta la oposición: “necesitamos la integralidad”, exigían voces como la verde flex Alexandra Ocles, en la Asamblea. Los pasillos del pleno, repletos de teorías y conspiraciones, se trasladaron ante las grabadoras de este Diario con satisfacción por los primeros avances de la investigación, pero también impaciencia por conocer “la lista completa. Y eso incluye a la última década”, según la consideración de Christian Viteri, legislador independiente hasta hace poco vinculado con PAIS.
A la carga política aflorada ha respondido la Fiscalía con un intento de desmarque. Su representante y cabeza, Galo Chiriboga, rindió un informe de orden ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para advertir sus intenciones de volver pública la lista de ecuatorianos vinculados a los sobornos antes de que lo hiciera el Departamento de Estado de EE. UU., donde reposa la confesión que iniciara la cacería en cadena de nombres: una confesión de haber pagado $ 33,5 millones en coimas entre 2007 y 2016 a funcionarios del Gobierno ecuatoriano. Chiriboga considera que la investigación avanza por el sendero correcto, aunque los nombres se mantengan aún en reserva.
Contrario a las líneas de investigación en torno al tema, cuya maraña alcanza ya distintas tendencias y partidos, el oficialismo en el Pleno ha insistido en la necesidad de focalizar la mirada en el alcalde de Quito, Mauricio Rodas. Su figura se ha convertido en el saco de boxeo y ensayo de un oficialismo que, de momento, no tiene intenciones públicas de convocar a ninguno de los ocho funcionarios de Gobierno que contrataron con la empresa brasileña en Ecuador por un monto superior al de las seis administraciones nacionales anteriores juntas.
Al margen del bullicio político, para sorpresa de muchos, se ha mantenido la contienda presidencial. Ni Guillermo Lasso (SUMA-CREO), quien en días pasados se desmarcó de su aliado Rodas, vinculado su acercamiento al partido del alcalde y no al Municipio; ni Cynthia Viteri (PSC), que representa en solitario al tradicional partido opositor a quien el Gobierno de turno desvía los dardos de la atención con la primera contratación de Odebrecht en el país, durante el Gobierno de León Febres-Cordero; ni mucho menos Lenín Moreno, cuyos pronunciamientos sobre el tema han estado siempre limitados y enmarcados en la frontera de la expansión: “un baño de verdad, pero desde 1987”, dijo en días pasados; ninguna de las principales candidaturas ha respondido a los insistentes pedidos de declaraciones sobre el tema por parte de este Diario.
Martinelli y sus hijos, denunciados
El exsecretario general del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) Mitchell Doens pidió al Ministerio Público que investigue penalmente al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) y a dos de sus hijos, por su presunta vinculación a los sobornos de Odebrecht. Doens denunció a Martinelli, actualmente diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), a sus hijos Ricardo Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli, y a tres exministros.
No más peajes para la empresa
La Municipalidad de Lima decidió eliminar un nuevo tramo de peaje en una de las carreteras que construyó Odebrecht en el país y donde se han levantado protestas desde hace dos semanas. En el populoso distrito de Puente Piedra se cobraran cinco soles (unos 1,5 dólares) por cada entrada y salida. El alcalde, Milton Jiménez, dijo que “la decisión es un triunfo del pueblo, Lima no va a pagarle a la corrupción de Brasil”. El cobro del peaje fue una condición impuesta por la empresa en 2013.
Comunicado del alcalde de Quito en rechazo a las denuncias en su contra por el caso Odebrecht
Colombia – Caso Odebrecht: A la cárcel el exsenador Otto Bula
El juzgado 82 de control de garantías cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario al exsenador Otto Bula Bula, en el desarrollo del proceso penal que se le adelanta por presuntamente haber recibido 4.6 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht para que adelantará “lobby” ante las Comisiones Tercera, Cuarta y Sexta para beneficiar la entrega del contrato vial Ocaña-Gamarra en el año 2014.
El funcionario judicial avaló la solicitud presentada por la Fiscalía General en la que argumentó que el procesado representaba un peligro para la sociedad, además se debía salvaguardar la investigación. El juez envió la boleta para que el excongresista liberal sea enviado a la cárcel La Picota, sin embargo la defensa pedirá que Bula cumpla la medida de aseguramiento en una guarnición militar.
Bula se declaró inocente de los delitos de enriquecimiento ilícito y cohecho por dar u ofrecer imputados por la Fiscalía General. El ente investigador sostiene que el excongresista fue contratado directamente por la sucursal en Colombia de la empresa brasileña para obtener el contrato vial. Por esto firmó un contrato bajo la modalidad de “honorarios por resultado o cuota de éxito”, es decir recibía su pago si se concretaba la entrega de la obra por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) el 14 de marzo de 2014.
La investigación de la Fiscalía General señala que Bula fue el encargado de negociar todas las condiciones económicas del citado contrato, el cual no se hizo por licitación pública sino como un otrosí por parte de la autoridad encargada de esto. Resalta el ente acusador que esta entrega directa va en contravía de lo dispuesto en la ley.
Por medio de una “adición” al Contrato del Tramo II de la Ruta del Sol –por el que es procesado el exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales- se avaló la concesión para la vía Ocaña-Gamarra. Se incorporaron las condiciones presentadas por Bula como lo eran el número de peajes, el aumento del valor de los ya existentes y el anticipo de vigencias futuras.
Trascendió que utilizando su posición social y su cercanía con varios de los congresistas de las Comisiones Tercera, Cuarta y Sexta del Senado de la República buscó influencias para que el contrato en efecto se le fuera entregado de manera directa a la empresa brasileña sin tener que hacer la licitación pública.
Bula, se supone, tuvo un papel de “lobista” con los senadores con el fin de intermediar para que la empresa brasileña lograra su cometido. Fue Odebrecht que le impuso una serie de condiciones las cuales fueron obtenidas por el excongresista en su labor. Debido a esto se le pagaron sus honorarios.
Panamá: Aumentan voces que exigen nombres de los ‘sobornados’
Crece la presión ciudadana que exige los nombres de los funcionarios que recibieron ‘coimas’ de la constructora brasileña Odebrecht y que se suman a una lucha contra la corrupción.
Para el presidente del Colegio Nacional de Abogados, José Alberto Álvarez, la lucha contra la corrupción rebasa a los gremios, sindicatos y los partidos políticos y se debe convertir en una cruzada de todo el pueblo panameño.
‘La corrupción es un impuesto a la pobreza y hay que combatirla con toda la fuerza y hasta la última consecuencia’, señala Álvarez.
La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá hizo un llamado a todos los sectores de la sociedad civil organizada a iniciar una cruzada contra la corrupción. La medida surge, luego de las confesiones, a finales de diciembre, de directivos de la empresa Odebrecht que aceptaron pagar $59 millones entre el 2009 y 2014 a funcionarios panameños para garantizar contratos con el Estado.
Sin embargo, Álvarez considera que las autoridades no solo deben investigar a Odebrecht, sino a otras empresas locales y extranjeras. La empresa brasileña, conformó varios consorcios para participar en actos públicos.
Para la construcción tanto de la línea 1 y 2 del Metro de Panamá, Odebrecht se asoció con la española FCC y en el proyecto de Renovación de Colón esta asociada con la panameña Constructora Urbana S.A (Cusa).
Álvarez pide al contralor de la República, Federico Humbert, auditar todos los proyectos, no solo los de Odebrecht, sino de las otras empresas. Esta lucha contra la corrupción, alega, también debe incluir a los bancos.
‘Los bancos deben cooperar porque por el sistema paso el dinero de la corrupción’, dijo Álvarez.
MOVIN CRITICA A VARELA
El Movimiento Independiente (Movin) cuestionó al presidente de la República, Juan Carlos Varela.
‘Consideramos que su gobierno no ha sabido a la fecha proteger los mejores intereses del Estado y ha sido incapaz de determinar los sobrecostos y coimas pagadas por esta empresa, aumentando la desconfianza ciudadana en nuestras instituciones’, señala el gremio.
Movin pide al Tribunal Electoral levantar el velo del secreto sobre las donaciones privadas recibidas por los políticos y sus respectivos partidos.
También pide a la Contraloría una auditoría de todas las obras de Odebrecht para identificar ‘los sobreprecios que deben ser devueltos a las arcas del Estado por la empresa, no aceptaremos como excusa la falta de recursos que debe ser solicitada y provista por el Órgano Ejecutivo’.
Además solicita al Ministerio Público identificar y sancionar a las personas que pagaron o recibieron pagos por soborno desde la llegada de Odebrecht a Panamá y hacer pública la información.
APEDE SE SUMA
La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede) dijo que respalda la cruzada contra la corrupción y solicita a las autoridades aplicar medidas concretas y efectivas en los procesos, a fin de cualquier ciudadano que se le compruebe que haya cometido actos de corrupción sea castigado ejemplarmente.
EL PROCURADOR
El procurador de la Administración, Rigoberto González, pidió además a los ministros Ramón Arosemena, de Obras Públicas, y Mario Etchelecu, de Vivienda, así como al secretario del Metro, Roberto Roy, colaborar con la investigación penal para garantizar el resarcimiento económico, en caso de que se compruebe perjuicio de los fondos público .
ACUERDOS DE PENA
Distintos sectores también cuestionaron el proyecto de ley No. 245 que establece los acuerdos de pena en los procesos que aún se maneja en el sistema inquisitivo. Consideran que se promovería la impunidad. Ver gráfico.
ENTREVISTA
Panamá no aguanta más corrupción, dice García Ana Cerrud
La Cámara de Comercio está dispuesta a poner la presión que haga falta sobre las autoridades para que saquen adelante las investigaciones necesarias para esclarecer todos los casos de corrupción que pesan sobre el país.
Eso asegura Jorge García Icaza, al frente de la importante agrupación gremial, que respalda los cambios de leyes necesarios para favorecer el establecimiento de acuerdos que permitan una colaboración efectiva en el caso Odebrecht y otros de similar perfil.
‘Nosotros vamos a poner presión a las autoridades sin ánimo de promover un caos en el país, pero vamos a estar pendientes para que se aprueben las leyes que el país necesita’, declaró García a La Estrella de Panamá , un día después de anunciar una ‘cruzada contra la corrupción’, dijo, ‘hasta las últimas consecuencias’.
Según García, cuentan ya con la promesa del ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, de que la ley de contrataciones públicas, que lleva un año ‘dormida’ va a aprobarse, aunque sin incluir la compra de medicamentos, porque se está preparando otra norma sobre ese sector en la que la Cámara está colaborando con el Ministerio de Salud.
‘Esperamos también que el Ejecutivo proporcione los recursos necesarios para que estos importantes proyectos salgan adelante, como nombrar a los magistrados suplentes pendientes. El ejecutivo tiene que asumir su responsabilidad’, apuntó.
Tras la expulsión del grupo sectorial a la constructora brasileña, García recalcó que ‘el mensaje está claro; la empresa privada no va a aceptar la corrupción’. ‘Este es ejemplo para otros. Vamos a estar vigilantes’, acotó al anunciar que la campaña que inician requiere de la colaboración de todos los panameños. ‘Panamá no aguanta más . Hemos identificado la intención de crear el caos y respondemos como gente seria y buena: empresarios, políticos y sociedad civil, para parar esto’, indicó, ‘La Cámara, declaró García, ha tomado las riendas en este momento de cambio necesario, por falta de liderazgo de las autoridades. Queremos ser un faro de guía en tiempos de incertidumbre. Hay un vacío y la ciudadanía está esperando liderazgo’, añadió.
La nueva cruzada, que rememora otra ‘civilista’ contra la dictadura militar, ‘debe velar para que cada estamento del Estado cumpla con su función’, precisó el empresario. ‘Estamos para dar ideas y ayudar a encontrar soluciones. Nuestra intención no es acabar con ningún gobierno sino cuidar que eso no pase’, recalcó el presidente que confesó no ser ‘varelista’, pero sí un defensor de la democracia, la libertad de expresión y los valores ciudadanos.
‘La cruzada, anunció, está abierta a todos los gremios que nos quieran respaldar. Debe ser una iniciativa plural para guiar a la opinión pública y va contra la corrupción generalizada, la que ha permeado en toda la sociedad y también hay que combatir’.
Según reconoció, ‘la imagen del empresario ha sido duramente golpeada’ pero abogan por quienes defienden las buenas prácticas que deben exigirse también al Gobierno y a la sociedad’.
