Al margen de la ley: la derecha venezolana insiste con golpe parlamentario – Por Fernando Vicente Prieto
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Durante la sesión realizada el lunes 9 de enero, encabezada por el nuevo presidente del Poder Legislativo venezolano, Julio Borges, se discutió un único punto: “Sobre el ejercicio constitucional del cargo de presidente y la necesidad de abrir una solución electoral a la crisis”. Así, acusaron a Nicolás Maduro de ser el responsable de “la crisis” en Venezuela e intentaron una jugada de golpe institucional que no es compartida por la totalidad de la oposición.
En la sesión, los diputados del partido Avanzada Progresista, miembros de la coalición opositora, se abstuvieron de votar con su bloque por considerar que “una declaratoria de abandono de cargo no es posible sostenerla dentro del marco constitucional ni en el ámbito jurídico. Y justificarla como una medida meramente política, que no obedece a criterios sólidos, constitucionales y objetivos, lejos de contribuir a abrir caminos para la resolución de los problemas nacionales, lo que hace es complicarlos aún más, trayendo desesperanza, desilusión y engaño a las grandes mayorías”.
Poco antes, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ, equivalente a la Corte Suprema en Argentina) emitió un fallo mediante el cual ordenó a la Asamblea Nacional “no continuar” con el juicio político contra el presidente Maduro, ya que esa acción no está contemplada en la Constitución y por lo tanto, no es atribución del órgano legislativo. El TSJ debió reafirmar la postura ya expresada en su sentencia N° 948 de la Sala Constitucional del pasado 15 de noviembre, en la cual ordenó al Parlamento “abstenerse de continuar el procedimiento de declaratoria de ‘responsabilidad política’ contra el Presidente de la República”.
El máximo órgano del Poder Judicial recordó a los diputados la prohibición que pesa sobre ellos de “convocar y realizar actos que alteren el orden público; instigaciones contra autoridades y Poderes Públicos, así como otras actuaciones al margen de los derechos constitucionales y del orden jurídico”. Y realizó un llamado al diálogo como vía para resolver las diferencias políticas “en función de garantizar la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, y de procurar la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo”.
Cruces institucionales
La Asamblea Nacional (AN) se encuentra “en desacato” desde fines de 2015, según lo dictaminó el TSJ. Esto se debió a que sus autoridades no cumplieron la sentencia de este tribunal, cuando ordenó la desincorporación de tres diputados del Estado Amazonas, cuya elección el 6 de diciembre de ese año fue impugnada debido a graves irregularidades durante el proceso electoral, incluyendo la compra masiva de votos.
Luego de varios meses de pulseada estéril, el lunes 9 finalmente la AN decidió desincorporar a estos tres diputados impugnados, para intentar redoblar la apuesta por la vía del “abandono del cargo” del presidente.
La oposición venezolana está agrupada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), una alianza que nuclea a diferentes partidos en su mayoría de derecha, que no logran ponerse de acuerdo en un plan conjunto. Su objetivo, el derrocamiento de Maduro, se ve obstaculizado debido a que un gran porcentaje de la población continúa apoyando al chavismo, además de falencias internas propias que tiene la MUD. Por otro lado, ninguna fuerza por separado tiene la posibilidad de formar mayoría en el país, por lo que mantenerse juntos es casi una obligación para la alianza opositora.
El jueves 5 de enero asumió la presidencia del órgano legislativo el diputado Julio Borges, representante del partido Primero Justicia. Al igual que su compañero Henrique Capriles, Borges tuvo una actuación destacada durante el golpe de Estado de abril de 2002 contra el entonces presidente Hugo Chávez.
En su primera alocución como presidente de la AN, Borges instó a la Fuerza Armada a rebelarse contra el gobierno: “Hermanos en uniforme de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), el reto es simple. ¿Quieren ser los herederos dignos del Libertador o ser recordados como los guardianes de Nicolás Maduro? Ese es el reto que tienen por delante”, arengó. Un día después, el Ministerio de Defensa y las FANB firmaron un comunicado en el que rechazaron el accionar de la AN y ratificaron su compromiso del lado de la ley y la Constitución Bolivariana. “¡Basta de llamados que pretenden involucrar a la institución en situaciones de corte faccioso contrarias a su esencia constitucional y profesional!”, finaliza el documento.
La oposición, que controla la mayoría de la Asamblea luego de su triunfo en las elecciones del 6 de diciembre de 2015, no logró llevar adelante ninguna medida contra la situación de crisis económica que atraviesa el país, tal como fue su promesa en campaña. Además, durante el 2016, más de 30 sesiones del parlamento venezolano se suspendieron por la inasistencia de los legisladores de esta bancada, que cuenta con quórum propio.
Todas las propuestas parlamentarias que formularon fueron dirigidas a desestabilizar al Ejecutivo. Hay dos razones por las que aún no lo lograron: porque no cuentan con un marco legal que se los permita y porque no son apoyados por la mayoría de la población para este fin.
Por su parte, la bancada chavista, encabezada por Héctor Rodríguez, denunció al accionar de la oposición como “un golpe parlamentario fallido”. Rodríguez dijo que “en Venezuela no existe ese procedimiento y no hay ningún artículo de la Constitución que lo avale”, por lo que se trata de “una acción inútil que no tendrá efecto jurídico”.
“Desde esa tesis irracional, podríamos decir que la Asamblea Nacional abandonó su cargo porque no nombró a los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), o porque no le ha pagado a los trabajadores; también se podría aplicar al gobernador del Estado Miranda que abandonó su cargo porque no construye viviendas, o porque es la entidad más insegura del país (…) Es una barbaridad desde el punto de vista jurídico y político”, concluyó Rodríguez.
(*) Periodista argentino. Corresponsal en Caracas de Notas–Periodismo.
