“Al estar radicando el proyecto (para pedir la admisión de Puerto Rico como el 51 estado de EEUU) el mismo día de la juramentación, lo que queremos hacer es una declaración sobre la prioridad que esto significa para nuestro país” – Jenniffer González, representante de Puerto Rico en la Cámara baja de EEUU
Jenniffer González llega al Congreso con petición de estadidad
Jenniffer González lleva a Washington un proyecto que persigue que el Congreso ofrezca a Puerto Rico la admisión como estado 51, aunque reconoce que la agenda ineludible del primer semestre de 2017 en el Capitolio federal serán los temas de salud, infraestructura y una reforma contributiva.
González jura este martes como comisionada residente en Washington, cuando abre la sesión 115 del Congreso, y 24 horas después tiene programado presentar medidas que intentan vincular al legislativo federal -lo que nunca ha ocurrido-, con la posibilidad de que Puerto Rico entre a la federación estadounidense.
González, quien tras la juramentación de Ricardo Rosselló como gobernador viajará esta noche a Washington, será la primera mujer que ocupa el puesto de representante de Puerto Rico en la Cámara baja federal. Y solo la cuarta persona en el cargo que hará caucus con los republicanos, después de Federico Degetau, Jorge Luis Córdova (quien dividió sus cuatro años entre los demócratas y republicanos) y Luis Fortuño. Desde 1993, solo ha habido un comisionado elegido por el Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal Acevedo Vilá (2001-2004).
González ha hecho claro que el primer proyecto que presentará en la Cámara baja federal será la legislación pro estadidad. Pero, por si no puede convencer al Congreso de que la propuesta de estadidad ganó el plebiscito de 2012 y que ahora le toca ofrecer a los residentes de Puerto Rico la estadidad, someterá también el miércoles proyectos de ley dirigidos a lograr paridad en los programas federales de salud.
Aunque el ahora excomisionado residente Pedro Pierluisi presentó iniciativas legislativas que buscaban vincular al Congreso con un proceso de admisión como estado y otorgar paridad a Puerto Rico en programas federales de salud, ninguno de esos asuntos logró avanzar durante el pasado cuatrienio.
Pierluisi ha advertido que la respuesta del Congreso y del gobierno del presidente Barack Obama al plebiscito de 2012 fue el lenguaje incluido en una ley presupuestaria de enero de 2014 que asigna $2.5 millones para ayudar a financiar la campaña educativa de una próxima consulta reglamentada en San Juan, en la que, de aceptarse los fondos, el Departamento de Justicia de EE.UU. tendría que pasar juicio sobre las definiciones y la misma campaña de educación.
El proyecto pro estadidad de González parte de la teoría de que los electores de Puerto Rico, además de rechazar claramente el actual status territorial/ colonial, respaldaron con un 61% de los votos la estadidad en el plebiscito de 2012.
En una entrevista, González dijo que su legislación vincularía al Congreso con el resultado de un voto hacia la integración directa de la Isla a EE.UU., “a diferencia” del presentado como Pierluisi que propuso un referéndum estadidad sí o no vinculado a un proceso de admisión.
“Es un ‘acta’ de admisión per se. Van a haber distintos proyectos de ley, uno para la ley habilitadora, otro el reclamo de un acta de admisión”, dijo González, quien afirmó que su meta es que esa legislación se apruebe antes de terminar 2018, cuando finaliza la sesión 115 que empieza este martes.
Los detalles del proyecto, sin embargo, no los quiere dar a conocer hasta su presentación el miércoles. Tampoco está claro si una medida similar será presentada en el Senado estadounidense.
Para González, su proyecto de admisión busca plantar bandera desde el día uno, por lo que luego le tocará conseguir coauspiciadores y presionar dentro del Comité de Recursos Naturales.
Durante la pasada sesión, la legislación 727 del comisionado Pierluisi a favor de un referéndum federal pro estadidad obtuvo 110 coauspiciadores, solo 14 de ellos republicanos. Pierluisi logró aprobar en la Cámara baja, en 2010, un plebiscito de alternativas de status que inicialmente buscaba promover dejar atrás el actual status territorial, pero la medida fue dañada por los republicanos para incluir el Estado Libre Asociado aun cuando perdiera la primera consulta. La legislación 2499 de Pierluisi tuvo 58 coauspiciadores republicanos, pero cuando se aprobó solo 39 (22% del total de legisladores del GOP) votaron a favor.
El último proyecto del entonces comisionado Fortuño, que tuvo como autor principal al congresista demócrata boricua José Serrano, logró el coauspicio de 72 demócratas y 57 republicanos. Nunca avanzó.
La mayoría republicana en la Cámara, en espera de algunas contiendas aún no decididas, debe terminar con 241 congresistas, frente a 194 demócratas.
“Al estar radicando el proyecto el mismo día (de la juramentación), lo que queremos hacer es una declaración sobre la prioridad que esto significa para Puerto Rico”, indicó la comisionada González, quien es presidenta del Partido Republicano en la Isla y sostuvo que en otras “medidas procesales” para permitir un referéndum en la Isla se podrá ver “cómo aumenta el número de republicanos” auspiciadores.
La existencia de la ley PROMESA, que creó un sistema de bancarrota territorial y que está predicada en el actual status de Puerto Rico, no le parece un impedimento para su proyecto de admisión de la Isla como estado.
“Creo que es al revés. No voy a limitar la igualdad a una ley que me obliga a tener control de gastos en el gobierno”, dijo González.
Tampoco considera que un referéndum pro estadidad pueda encontrar un ambiente desfavorable en San Juan y Washington como consecuencia del debate sobre las medidas urgentes y drásticas que se tienen que implantar para atender la crisis fiscal bajo el estatus territorial.
“El propio informe del Grupo de Trabajo (del Congreso sobre Desarrollo Económico en Puerto Rico) dice, de manera solapada, que parte de la situación económica que vive Puerto Rico es que no se nos trata igual en más de 40 programas federales. La carga económica que tiene el gobierno de Puerto Rico ha tenido que ver con el trato discriminatorio. Lo único que le pone punto final a ese discrimen es precisamente convertirse en un estado de la Unión”, sostuvo González.
Agenda republicana
Para González, un posible proceso de transición hacia la estadidad, aunque “algunos hablan de cinco a 10 años”, va a depender “de las medidas que se tomen”. “Creo que el informe del (Grupo de Trabajo) puede ser sin querer o queriendo evidencia de que tiene que haber un cambio o una transición”, señaló la próxima legisladora federal, quien es vicepresidenta del Partido Nuevo Progresista.
González fue integrada al Comité de Política Pública de la Conferencia Republicana y se da por sentado que formará parte de la Comisión de Recursos Naturales, que preside el republicano Rob Bishop (Utah), con jurisdicción sobre el estatus y PROMESA, entre otras cosas. Cualquier otra comisión a la que vaya a pertenecer le será anunciada en los próximos días.
Como parte de la mayoría republicana de la Cámara de Representantes, González reconoce que la agenda del GOP estará dedicada este primer semestre a la derogación y reemplazo de la ley Obamacare, a considerar la propuesta del presidente electo Donald Trump para asignar $1 billón ($1 trillion en inglés) a proyectos de infraestructura y tratar de lograr una reforma contributiva.
Para la comisionada los tres temas son oportunidades para insertar las prioridades de la Isla. Por un lado, la necesidad de por lo menos reemplazar los cerca de $1,200 millones anuales que a través de Medicaid otorga la ley Obamacare al plan de salud del gobierno de Puerto Rico.
“La meta real debe ser que se puedan firmar los contratos (de Mi Salud con los planes médicos) para marzo”, dijo González. Los proyectos de paridad en salud darán seguimiento a medidas presentadas por el comisionado Pierluisi el pasado cuatrienio.
Mientras, González dijo que buscará que se otorgue a la Isla “una parte justa” de los fondos dirigidos a mejorar la infraestructura de Puerto Rico.
González indicó que su plan para la inversión empresarial en la Isla estará basado en lograr una reducción en la tasa tributaria federal para las empresas que se establecen en Puerto Rico. En el lado contributivo, están además las propuestas recogidas en el informe del Grupo de Trabajo del Congreso para hacer permanentes el aumento en el reembolso por el arbitrio federal al ron puertorriqueño y la reducción de 35% a 32% que permite la sección 199 del Código de Rentas Internas federal en la tasa contributiva para las empresas que hacen negocio como compañías domésticas estadounidenses en Puerto Rico. Esas dos iniciativas suelen renovarse cada uno o dos años.
El informe del Grupo de Trabajo del Congreso sobre Desarrollo Económico en Puerto Rico recomendó además extender plenamente la vigencia en la Isla del crédito federal por niños dependientes (CTC) y de los beneficios contributivos que recibe la industria del cine en EE.UU.
Para González, “el informe del ‘task force’” le servirá de carta de presentación de gran parte de su agenda, pues “es la mejor recopilación de data y política pública que ningún comisionado haya tenido”.
