Milagro Sala afirma que es una presa política en el inicio del primer juicio en su contra
Milagro Sala: «A Morales le molesta que los negros nos pudimos organizar»
La detenida dirigente social Milagro Sala ratificó ayer ante la Justicia jujeña que es una «perseguida política» y expresó: «a Morales le molesta que los negros nos pudimos organizar».
Su testimonio tuvo lugar en la sede del Tribunal Oral Federal (TOF) de Jujuy, donde comenzó a desarrollarse el juicio en su contra como presunta instigadora de amenazas en el 2009 al entonces senador nacional y ahora gobernador Gerardo Morales, a raíz de un «escrache» en el que le arrojaron huevos.
La líder de la Tupac Amaru sostuvo que el día de los incidentes se encontraba en la localidad jujeña de Monterrico «trabajando con las cooperativas de construcción» y que se enteró «por la radio» al regresar. Además, desmintió haber sido una de las intigadoras del escrache. «Es totalmente mentira», sentenció.
«Creo que la bronca de Morales es porque soy peronista y porque decidí defender las banderas de la dignidad con Néstor y Cristina», expresó Sala y agregó: «Me dio mucha bronca que me culpasen de algo que no tenía nada que ver».
«Es una persecución que vengo sufriendo desde hace ocho años. Siento que la molestia es porque los negros nos pudimos organizar. Les molesta que no dependamos de ningún sector político, que les inculquemos a los compañeros que estudiar y prepararse, y que no tengamos que bajar la cabeza por nada».
«Este año Morales no se dedicó a gobernar, se dedicó a llenarme de causas», expresó ante el Tribunal. Por último, pidió a los jueces «que no se dejen presionar».
Custodiada por personal del Servicio Penitenciario Federal, la líder de la agrupación Tupac Amaru fue trasladada desde la cárcel de mujeres del barrio Alto Comedero a la sede del TOF de la calle San Martín, en San Salvador de Jujuy.
De acuerdo con lo previsto, tras la jornada de hoy, están programadas audiencias para la próxima semana con audiencias programadas para el 18, 20 y 21 de este mes.
El tribunal de Jujuy declaró en mayo pasado prescripta la acción penal pero luego la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal dispuso el juzgamiento de Sala y dos dirigentes de la Red de Organizaciones Sociales, Graciela López y Ramón Gustavo Salvatierra, por presuntas amenazas coactivas y daño agravado, con diferencias en cuanto al grado de participación que le cupo a cada uno de ellos en los hechos imputados.
En el marco de este expediente, el entonces senador y ahora gobernador jujeño Gerardo Morales es querellante.
Malcorra dijo que la detención de Sala tiene «impacto internacional» en la imagen del país
La canciller Susana Malcorra admitió ayer que la polémica derivada de la detención de la dirigente social Milagro Sala «tiene impacto internacional» en la imagen de la Argentina y consideró que «debe resolverse cuanto antes, porque justicia retrasada no es justicia».
En diálogo con los medios durante el brindis de fin de año que ofreció en la Cancillería, la ministra dijo que el proceso judicial que involucra a la líder de la agrupación Tupac Amaru «es de una enorme complejidad» y consideró que el Gobierno todavía no logró «hacer entender lo suficiente el hecho de que la Argentina es un país federal», en alusión a las limitaciones que tiene el poder central para influir en las decisiones provinciales.
«La detención preventiva en el mundo está vista como una situación que debe ser tomada con muchísimo cuidado. Hay una cuestión de razonabilidad o no de una detención preventiva de estas características. No conozco los casos judiciales de fondo como para poder aseverar si (la prisión) es adecuada», sostuvo.
Consultada sobre la repercusión global del caso debido al pedido del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas y de la OEA sobre la liberación de Sala, Malcorra respondió: «No voy a negar que esto tiene un impacto internacional».
«Este caso debe resolverse cuanto antes, porque justicia retrasada no es justicia», señaló, y recordó que si bien el gobierno nacional es el que debe responder protocolarmente a los pedidos hechos desde fuera de Argentina, el caso está «en manos del Poder Judicial de Jujuy».