Los sobornos de la constructora Odebrecht generan investigaciones en varios países latinoamericanos
Acordo da Odebrecht incentiva investigações na América Latina
Políticos e investigadores da América Latina exigiram mais informações da Odebrecht nesta quinta-feira, após a empresa admitir uma década de grandes pagamentos de propina na região.
Ao concordar pagar pelo menos 3,5 bilhões de dólares a procuradores brasileiros, norte-americanos e suíços, a maior penalidade já aplicada num caso de corrupção no exterior, a Odebrecht admitiu ter pago a autoridades para obter contratos de construção em 12 países, abrindo caminho para novos processos.
Quase 80 por cento dos executivos e funcionários da Odebrecht também concordaram em virar testemunhas como parte de um acordo de leniência, e espera-se que os testemunhos deles forneçam mais evidências sobre corrupção em diversos países.
O presidente do Peru e o líder da oposição venezuelana disseram que a Odebrecht deve explicar os pagamentos nos países deles, enquanto o Equador abriu uma investigação, e o governo da Colômbia pediu à procuradoria-geral para também avançar com uma.
“Promotores vão ter que trazer pessoas da Odebrecht aqui para que explicar para quem elas pagaram”, declarou o presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, à imprensa, em referência aos 29 milhões de dólares que a Odebrecht disse que pagou a autoridades no país entre 2005 e 2014, período que abrange três governos.
As declarações de culpa da Odebrecht e da Braskem foram as primeiras nos EUA após três anos de investigação no Brasil.
A Odebrecht e a Braskem foram acusadas de conspirar para violar o Ato de Práticas de Corrupção no Exterior norte-americano, que tem como objetivo impedir que empresas corrompam autoridades no exterior.
A Odebrecht afirmou ter pago 439 milhões de dólares fora do Brasil, incluindo Venezuela, República Dominicana e Panamá. Procuradores do país disseram que o Panamá não cooperou com as investigações.
O governo do Panamá disse que apoia uma investigação pela Justiça local que “puniria as empresas e pessoas envolvidas nesses atos”. A promotoria federal do Panamá disse que estava pedindo informações sobre a investigação para os EUA.
Rodovias, túneis e metrôs
Procuradores se dizem seguros que a forma da Odebrecht de fazer negócios no Brasil, onde é acusada de pagar 2 bilhões de dólares em propinas nos últimos 15 anos, é a maneira com a qual ela operava em todo mundo.
Argentina e Peru abriram investigações sobre os contratos de construção da Odebrecht por suspeitas de propina a ex-políticos.
Promotores no Peru recentemente voltaram de uma viagem de trabalho à Suíça, que entregou dados sobre cerca de mil contas bancárias a autoridades brasileiras por conta de suspeitas de que elas estariam ligadas ao escândalo de corrupção.
A polícia no Brasil diz que a Odebrecht pode ter pago propina ao ex-presidente do Peru Ollanta Humala e para autoridades argentinas.
Humala nega irregularidades. Kuczynski, que não foi citado na investigação brasileira, mas era ministro quando a Odebrecht concordou em pagar propina a uma alta autoridade em 2005, disse que não estava envolvido em nenhum esquema de corrupção.
Galo Chiriboga, procurador-geral do Equador, declarou que pediu informações para Brasil e o Departamento de Justiça dos EUA. “Vamos encontrar quem recebeu propina da Odebrecht”, disse.
O chefe da promotoria especial anticorrupção da Guatemala afirmou que já estava investigando as propinas da Odebrecht a uma autoridade de governo, e o presidente Jimmy Morales declarou que o seu governo revisaria todos os contratos com a Odebrecht.
Especialistas em corrupção empresarial afirmaram que as admissões da Odebrecht numa dezena de países, que também incluem México e Angola, poderia levar a novas investigações.
O promotor argentino responsável pelo caso da Odebrecht, Sergio Rodríguez, disse que o acordo da teria um impacto direto na sua investigação, que mira quatro projetos da companhia. Ele tentava contactar promotores brasileiros para saber mais.
“Temos um caso aberto”, disse Rodríguez à Reuters.
El Gobierno argentino pidió a Brasil datos sobre sobornos que Odebrecht habría pagado a funcionarios argentinos
El gobierno nacional pidió a través de la Oficina Anticorrupción (OA) datos a las fiscalías de Brasil, sobre las supuestas coimas por 35 millones de dólares que la constructora brasileña Odebrecht habría pagado a funcionarios argentinos entre 2007 y 2015, para quedarse con licitaciones de obras.
El pedido de colaboración para individualizar los negocios a través de los cuales se habrían realizado los pagos, así como los receptores, se produjo luego de que se informara del acuerdo entre el Departamento de Justicia de los EUU con la firma brasileña.
El reclamo de la agencia gubernamental corre en paralelo con la investigación que desde fines del año pasado realiza la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) a cargo del fiscal Sergio Ródriguez.
Los pagos de sobornos en Argentina trascendió luego de la confesión de unos 70 ex directivos de la empresa, incluido el detenido ex presidente y heredero del grupo, Marcelo Odebrecht, condenado a 19 años y cuatro meses de prisión por el pago de sobornos, y en el marco de de la megacausa «lava jato» sobre corrupción que involucra a políticos brasileños.
«La Oficina ha impulsado la acción penal en todas las instancias, ha mantenido vínculo con las autoridades administrativas y judiciales encargadas de esas investigaciones en Brasil», señaló hoy un comunicado de la OA al dar cuenta de su últimos pasos.
La agencia gubernamental dijo que en ejercicio de sus atribuciones legales procura «coordinar esfuerzos con el Ministerio Público y demás organismos de la administración que intervienen en las dichas causas».
Destacó su participación en las diversas investigaciones que involucraron «a funcionarios del área de Transporte y supuestos asesores ad honorem que se han mencionado en vinculación con pagos indebidos de Odebrecht y otras empresas, como por ejemplo, las causas Jaime y Vázquez».
La investigación de la PIA está centrada en las contrataciones que realizo Odebrecht en el pais en los últimos años.
El Ministerio Público Federal de Brasil, con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y con la Procuraduría General de Suiza acordaron que la firma brasileña pagará una multa de 3.500 millones de dólares por el reconocimiento que haber dado coimas por mil millones de dólares en 12 países para quedarse con negocios millonarios.
Los directivos «arrepentidos» dijeron que en Argentina pagaron 35 millones de dólares en coimas entre 2007 y 2014 para quedarse con negocios por 278 millones.
La Procuraduría recolectó información oficial sobre las obras que Odebrecht y otras 100 empresas realizaron en el país con la sospechan de que hubo una cartelización de empresas para quedarse con grandes negocios.
En el «lava jato», la Policía Federal de Brasil detectó en febrero pasado durante una pericia informática un listado de pagos ilegales de Odebrecht vinculados con mails de Manuel Vázquez, mano derecha del detenido ex secretario de Transportes, Ricardo Jaime, ambos están condenados por hechos de corrupción.
En esos mails, Vázquez le reclamaba a Mauricio Couri Ribeiro, presidente de Odebrecht, la falta de pago de 80 mil dólares, lo que luego se concretó a través de una empresa offshore a otra propiedad del asesor de Jaime.
En una de las causa, la justicia argentina investiga al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido porque el ex ejecutivo de Petrobras, Nestor Cerveró, condenado a 12 años de prisión, y el empresario Fernando Soares confesaron que cobraron 300 mil dólares para la venta de Transener.
La PIA ya pidió al Ministerio de Economía información sobre todos los pagos que el Estado hizo entre 2006 y 2012 a 100 empresas en concepto de obra pública, entre ellas Odebrecht, Techint y Camargo Correa.
Odebrecht: Gobierno ecuatoriano investigará denuncias «caiga quien caiga»
El secretario jurídico de la Presidencia de Ecuador, Alexis Mera, afirmó este jueves que el gobierno ha dispuesto que se realicen las investigaciones necesarias para determinar “si es que hubiera” a las personas que presuntamente habrían recibido coimas de la empresa Odebrecht a cambio de contratos, según señala un informe del departamento de Justicia de Estados Unidos.
El funcionario, sin embargo, recordó que entre 2007 y 2008 el Ecuador mantuvo “una pésima” relación con la empresa brasileña y que fue el propio presidente Rafael Correa quien, con Decreto Ejecutivo 1348 del 23 de septiembre de ese año, la expulsó del país por irregularidades y fallas estructurales en la construcción de la Central Hidroeléctrica San Francisco, contrato suscrito en el año 2000.
“La denunciamos como empresa corrupta y corruptora por lo que decir que en el año 2008 se corrompió a un funcionario público es absolutamente incompresible y si se hizo un pago, evidentemente ese pago fue inoperante, inoficioso e ineficaz porque el gobierno expulsó a la empresa”, enfatizó en rueda de prensa desde Carondelet.
Recordó que la mala relación con Odebrecht incluso le significó al gobierno un problema diplomático con Brasil que retiró al entonces embajador, Celso Amorim.
En esa época Odebrecht mantenía contratos y ejecutaba la construcción de la hidroeléctrica Toachi- Pilatón, el proyecto de riego Carrizal-Chone, el Multipropósito Baba y el aeropuerto de Tena, las cuáles fueron suspendidas por decisión gubernamental.
Luego de la expulsión, la empresa brasileña accedió a resarcir al Estado por las falencias en la Central San Francisco y pagó 40 millones de dólares en 2010.
El ministro de Sectores Estratégicos, Augusto Espín, por su parte, informó que luego de esa fecha y una vez que la empresa cumplió con el Estado, inició una segunda fase de la relación contractual. Y, desde entonces, mediante concurso público se adjudicaron cinco contratos: el trasvase Daule-Vinces, la Hidroeléctrica Manduriacu, la preparación de la tierra para la Refinería del Pacífico, el poliducto Pascuales-Cuenca y acueducto la Esperanza.
Dijo que todos están en fase de cierre y que han sido auditados por la Contraloría general del Estado.
Indicó que el único proyecto que Odebrecht se encuentra operando en el país en fase de construcción es la segunda fase del Metro de Quito, por un monto de 1.500 millones de dólares, contratados por el Municipio.
“No vamos a sacar el cuerpo a esta investigación, no vamos a desmentir y no nos corresponde hacerlo porque tenemos la conciencia tranquila. No importa caiga quien caiga no, vamos a cubrir a nadie”, finalizó Mera.
De acuerdo a ese informe, entre 2007 y 2016 Odebrecht habría pagado en Ecuador unos 33,5 millones de dólares a funcionarios oficiales.
Presidente de Perú sobre los sobornos de Odebrecht: “No tuve nada que ver con eso”
El jefe de Estado consideró que deben ser “expulsados” los directivos implicados en actos de corrupción y no la empresa en su conjunto. Dijo que la reapertura de la investigación fiscal en su contra es por cuestiones políticas.
Luego que se descubriera, en la víspera, que Odebrecht pagó US$ 29 millones en sobornos a funcionarios de Perú entre el 2005 y 2014, el jefe de Estado fue enfático y aseguró que “no tuve nada que ver” con esos hechos.
(¿Hay quiénes han planteado que Odebrecht salga del Perú, usted está de acuerdo con eso?) “No todo Odebrecht es culpable, son algunos directivos, ellos tiene que estar expulsados. Todo se va averiguar porque sólo tenemos una declaración de alguien que conoce bien el tema pero no hay una averiguación completa del hecho”, apuntó.
A reglón seguido dijo que si bien fue ministro de Estado durante la gestión del ex presidente Alejandro Toledo, “no tuve nada que ver con esto (con los actos de corrupción)”.
En tanto que, respecto a la reapertura de la investigación fiscal en su contra por presuntos actos de corrupción dijo que ya fue a declarar ante la institución.
“Sobre esa investigación, fui a declarar ante el fiscal y fue archivada, lo que pasa es que hay una persona que quiere hacer política y protagonismo y lo ha vuelto a abrir”, explicó.
Gobierno de Panamá se pronuncia por el caso de Odebrecht
El Gobierno de Panamá manifestó ayer su total respaldo al Ministerio Público (MP) para se procese y se sancione a las empresas y personas involucradas en actos de sobornos.
La declaración del Gobierno de Panamá tras revelar el Departamento de Justicia de Estados Unidos que la empresa Odebrecht pagó $59 millones a funcionarios y personas allegadas a los altos mandos gubernamentales locales para asegurarse contratos públicos.
Según el documento oficial, los pagos a funcionarios panameños e intermediarios se realizaron entre 2010 y 2014, durante la administración de Ricardo Martinelli. Con los contratos obtenidos, la empresa logró $175 millones en beneficios.
«El Órgano Ejecutivo y todas sus instituciones están a disposición del Ministerio Público para facilitar el desarrollo de esta y todas las investigaciones de similar naturaleza», señaló el Gobierno de Panamá en un comunicado.
La información oficial también señala que el Gobierno ve como su responsabilidad respaldar, con los mecanismos legales pertinentes, al MP en las investigaciones de actos de corrupción, y más en la actual coyuntura, en la que el país se encuentra en proceso de reforma de su sistema financiero y legal para evitar que estos sean utilizados para encubrir fines ilícitos.
Aparte de las investigaciones que lleve adelante el MP, señala el comunicado oficial, el Gobierno considera prioritario que el sistema judicial agilice los procesos en todos los casos de corrupción de modo que se concluyan y se recupere el patrimonio mal habido.
Sobre las obras que construye actualmente la empresa Odebrecht en Panamá, destaca el comunicado de Presidencia, el Gobierno continuará velando por los intereses del Estado buscando el estricto cumplimiento de los contratos pactados a partir de las licitaciones públicas desarrolladas.
Gobierno de Guatemala analiza pedir apoyo a EEUU para investigar el caso Odebrecht en Guatemala
El Gobierno de Guatemala y la Fiscalía reconocieron carecer de información precisa y una ruta a seguir para investigar y resolver acciones en el caso de supuestos pagos millonarios de sobornos de Odebrecht a exfuncionarios guatemaltecos. “Se seguirán revisando los contratos y habrá que darle el proceso legal a cada uno de los temas. No le podría decir qué se va a hacer, porque hay que estudiar cada tema”, dijo escuetamente el presidente Jimmy Morales al ser consultado sobre el caso tras participar en un acto oficial. En tanto, la fiscal general Thelma Aldana declaró que espera gestionar apoyo a EE. UU. para investigar los hechos. “Tenemos que solicitar otra asistencia legal en este caso a Estados Unidos”, declaró al ser inquirida al término de la firma de un convenio. El Departamento estadounidense de Justicia reveló el miércoles que la constructora brasileña pagó unos US$788 millones en sobornos en varios países de América Latina y África.
En el caso de Guatemala, la empresa habría dado unos US$18 millones a exfuncionarios durante el gobierno del expresidente Otto Pérez, entre los años 2013 y 2015. Con ello se aseguró contratos de obras públicas que le aportaron beneficios por unos US$34 millones. Pérez está ahora en prisión preventiva por distintas causas relacionadas con hechos de corrupción tras su dimisión en septiembre de 2015. El exmandatario participó en su momento junto al entonces ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Alejandro Sinibaldi, en la inauguración de un proyecto de rehabilitación y ampliación de una carretera de cuatro carriles y 140 kilómetros de longitud, un corredor en el sur del país hacia la frontera con México. La obra fue otorgada a Odebrecht. Sinibaldi es prófugo de la justicia por un caso distinto de corrupción.
El 12 de diciembre, el actual titular de Comunicaciones, Aldo García, dijo que las irregularidades de la obra fueron detectadas por su despacho, pues el porcentaje de los desembolsos no correspondía al avance de la obra, por lo que pretende liquidar el contrato con Odebrecht por encubrimiento.
Explicó que la obra debió haberse terminado el 30 de junio, pero se constató que el “avance financiero” fue de 70 por ciento, mientras el correspondiente “avance físico” solo fue del 33 por ciento, por lo que la actual administración decidió detenerla.
La confirmación de que la empresa Odebrecht pagó en soborno, al menos, 18 millones de dólares en Guatemala provocó que el Ministerio Público decida pedir información de esta empresa y su relación con las exautoridades guatemaltecas a la fiscalía brasileña. Estos sobornos están relacionados con la cupula del partido Patriota, pues fueron pagados durante el periodo de gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. Esta trama de corrupción alcanza directamente a Alejandro Sinibaldi pues él era el Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, entidad que contrató a Odebrecht para construir una carretera que no finalizó. En el Ministerio Público ya existen dos casos de investigación que tienen relación con Alejandro Sinibaldi. Uno por lavado de dinero, derivado de un reporte de transacción sospechosa realizado por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB). La empresa Odebrecht fue condenada a pagar una multa de más de 195 millones de dólares, luego de declararse culpable de pagar sobornos en nueve países latinoamericanos, los cuales también han decidido solicitar información a Brasil.
