La Corte Constitucional aprueba la vía rápida para implementar el acuerdo de paz
Sin obstáculos para la paz
La Corte Constitucional le dio vía libre al mecanismo planteado para agilizar la puesta en marcha de las reformas contempladas en los acuerdos de La Habana suscritos entre el Gobierno y las Farc. Al respaldar el denominado fast track, incluido en el Acto Legislativo 01 de 2016, el alto tribunal despejó el camino para que el Congreso aborde de inmediato el trámite de las normas legales que deben fortalecer el pacto de paz.
De igual manera, con votación de ocho a uno —el único magistrado que votó en contra fue Luis Guillermo Guerrero—, dejó en firme las facultades otorgadas al presidente Juan Manuel Santos para que entre a reglamentar aquellos aspectos que no requieran leyes o reformas a la Constitución. De esta manera, el primer mandatario también quedó habilitado para que de manera expedita comience a emitir decretos con fuerza de ley que le permitan afianzar los acuerdos alcanzados con las Farc.
Durante dos semanas, el país se mantuvo en suspenso frente a las decisiones sobre el fast track. Debido a la urgencia del tema, la Corte Constitucional convocó a tres salas extraordinarias. Después de más de 20 horas de debate, la Sala Plena tomó una decisión en el tema que se había convertido en el nuevo capítulo de la disputa política entre defensores y detractores del proceso de paz. Tras la victoria del No en el plebiscito del 2 de octubre, la discusión jurídica sobre los alcances legales del citado Acto Legislativo fueron el caballito de batalla del gobierno Santos y la oposición liderada por el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe.
La tesis de los detractores del fast track estaba centrada en que abreviar los términos para la aprobación de leyes o reformas en el Congreso era desconocer la esencia misma de la Carta Política de 1991, que estructuró mecanismos especiales para la aprobación de distintos tipos de normas. La posición adoptada por la Corte reconoce que se trata de un procedimiento especial para una circunstancia también única: la urgencia de implementar cuanto antes lo pactado en La Habana. Con ella, el número de debates se reduce de ocho a cuatro.
Aunque la demanda que estudió el alto tribunal, presentada por el exmagistrado Jesús Pérez González, se concentraba básicamente en el fast track y las facultades especiales otorgadas al presidente, en el curso del debate surgió la necesidad de extender el examen de constitucionalidad al artículo 5º de la reforma, a través del cual se dispuso que todo lo acordado entraba en vigencia luego de la refrendación popular. En ese punto la Corte se extendió más de diez horas en el debate. ¿Es suficiente con la refrendación del Acuerdo que hizo recientemente el Congreso?, se preguntaron los magistrados.
La respuesta es sí. Sin embargo, en los próximos días se conocerán los salvamentos de voto de Gloria Ortiz, Jorge Iván Palacios y Alberto Rojas, así como las aclaraciones de Luis Ernesto Vargas, Alejandro Linares y Aquiles Arrieta. La Corte dejó claro que el Congreso tiene competencias legales para atender la obligación de la refrendación, pues la propia Constitución le otorga la calidad de constituyente derivado.
No obstante, el alto tribunal recalcó que, si bien el Poder Legislativo ya le hizo un control político al Acuerdo a comienzos de diciembre, es necesario que ahora se haga lo mismo en lo que se denomina una “sede legislativa”. En otras palabras, es necesaria una refrendación complementaria. Este es un proceso que se debe realizar dentro del Congreso y debe surtir cuatro debates para, finalmente, votar. De acuerdo con fuentes consultadas por este diario, es necesario que el Congreso manifieste en la primera ley que se apruebe a través del fast track que el acuerdo en cuestión ya está refrendado.
¿Qué viene en el escenario político?
Salvo la anunciada pero minoritaria oposición que hará el Centro Democrático, el Congreso ya tiene vía libre para implementar, en tiempo récord, el Acuerdo de Paz con las Farc. Eso lo dejó claro la Corte Constitucional ayer al hacer énfasis, eso sí, en la refrendación complementaria que tendrá que hacer el Legislativo del texto final, al que ya le había dado luz verde, vía proposición.
Pero, resuelta la duda sobre el futuro del fast track, ¿qué viene en el escenario político? La primera decisión que tomó el Gobierno fue radicar ayer mismo la ley de amnistía. Ya lo había advertido las Farc: sin esa ley lista, se hacía prácticamente inviable el tránsito de sus miembros hacia las zonas de ubicación en donde se surtirá el proceso de dejación de armas.
Y si las cuentas se ajustan a los tiempos del Gobierno, el lunes 19 de diciembre ya debería estar aprobada dicha iniciativa en las comisiones primeras de Senado y Cámara. De hecho, tendrán que sesionar de manera conjunta, tal y como lo prevé el denominado Acto Legislativo para la Paz. Además, como se acortaron los tiempos para tramitar las reformas constitucionales y las normas que permitirán materializar el Acuerdo, a más tardar en dos semanas, es decir, el miércoles 28 de diciembre, la norma que tanto urge a la guerrilla debe quedar lista y aprobada por el Legislativo.
Lograr la implementación ágil del Acuerdo de Paz será clave para las Farc. Además de garantizar seguridad jurídica para sus filas, fortalecerá la cohesión en el interior de la organización. No es un secreto el riesgo que se corría si la Corte rechazaba este mecanismo, dado el limbo político y jurídico en el que inevitablemente quedarían. Así que, entre más voluntad haya en el interior del Capitolio para agilizar la implementación, mayor serán la estabilidad y el cumplimiento de lo pactado.
Por eso, no habrá cabida para modificaciones al texto final de paz, salvo que se tenga el aval del Gobierno y, por supuesto, de las Farc. “Pero el Congreso tiene la voluntad política de mantener fidelidad en los acuerdos y en el almendrón de lo acordado”, aclaró el presidente del Senado, Mauricio Lizcano. Y bajo esa premisa, congresistas como Jaime Amín, del Centro Democrático, se atreven a afirmar que “el Legislativo va a actuar sólo como un notario”. Otros, como el representante Samuel Hoyos, también del uribismo, fueron más allá y calificaron a la Corte de “partera de la Constitución de las Farc”.
Lo cierto es que, quiéranlo o no, la presencia de las Farc en el Congreso a partir de la próxima semana será una realidad. Es claro que el fast trackno sólo activó un mecanismo expedito para expedir leyes sino, además, la posibilidad de que los guerrilleros designen a seis voceros (que tendrán que ser civiles), con asiento en el Capitolio Nacional. Habrá tres en Senado y tres en Cámara y podrán participar de los debates que surjan durante la fase de implementación, pero no tendrán derecho al voto.
Así que, como dijo el senador Roy Barreras, la paz se convirtió en una realidad jurídica. El siguiente paso es impedir que la implementación de los acuerdos se frustre, y las condiciones en el interior del debate legislativo ya están dadas. El expresidente Álvaro Uribe ha dicho que su bancada participará en todas las discusiones aunque se abstenga, como lo hicieron en la refrendación, de votar los proyectos. “El Congreso no se va a arrodillar”, reiteró Lizcano, y el primer paquete de proyectos para radicar ya está listo. Surtida la ley de amnistía, se entrará a debatir la Jurisdicción Especial de Paz y la participación política de las Farc. Sin duda, un reto que medirá el pulso político en el mediano plazo, pero que definirá, a futuro, si este sí pasará a la historia como el Congreso de la paz.
Los cuatro primeros proyectos que se tramitarán con el ‘fast track’
Luego de la aprobación de la Corte Constitucional al mecanismo de fast track, con el cual se permitirá un trámite más rápido en el Congreso de las leyes y las reformas constitucionales necesarias para el acuerdo de paz con las Farc, el Gobierno alista una serie de proyectos para dar rienda suelta a la implementación de lo pactado.
1. Amnistía para guerrilleros rasos
Fue radicado este martes y la idea es que esté aprobado, en sesiones ‘extras’, antes de concluir este año. Este proyecto de ley busca otorgar amnistías, indultos y tratamientos penales especiales a quienes no estén acusados de delitos atroces. Habrá amnistías para guerrilleros señalados de rebelión, concierto para delinquir y porte y tenencia de armas de fuego, entre otros. Indultos a otros con conductas más graves y renuncia a la persecución penal para militares.
2. Creación de la justicia transicional
Se tramitará una reforma constitucional para crear la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), bajo la cual se juzgará, especialmente, a quienes participaron en el conflicto armado y son señalados por delitos atroces. Esta enmienda a la Carta Política dará los lineamientos principales para crear, en leyes posteriores, la Unidad para la Investigación y Acusación de los procesados y el Tribunal para la Paz, y será presentado este martes mismo al Congreso.
3. Cláusula de cumplimiento del acuerdo
La tercera iniciativa en la lista de prioritarias para el éxito de lo acordado en La Habana es un acto legislativo para incorporar a la Constitución un artículo transitorio que obliga a “instituciones y autoridades del Estado” a cumplir con lo pactado. En este artículo, que estará vigente hasta el 2030, se hablará de los principios de Derecho Internacional Humanitario y de derechos fundamentales que se tendrán en cuenta para tramitar varios aspectos de la implementación del nuevo acuerdo.
4. Desmantelamiento de paramilitares
Posteriormente se tramitará un proyecto para crear una unidad especial, que estaría dentro de la Fiscalía General de la Nación, para la “investigación y el desmantelamiento” de las organizaciones criminales, “entre ellas las sucesoras del paramilitarismo”.
En la iniciativa también se establecerá la prohibición de “la promoción, organización, financiación o empleo oficial y o privado de estructuras o prácticas paramilitares”.
El aumento en la cantidad de bandas criminales ha sido una de las mayores preocupaciones de las Farc.
‘Con el sí del Congreso a amnistía se ratificará la refrendación’
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, le explicó a EL TIEMPO que con la radicación del proyecto de amnistía, este martes comenzaron los seis meses en los cuales se implementará el acuerdo de paz con las Farc.
¿En qué consiste en concreto el proyecto de ley de amnistía?
Es una iniciativa que busca garantizar la amnistía a aquellos integrantes de las Farc que no hayan cometido delitos de lesa humanidad y, a su vez, frente a los agentes del Estado, incorpora la renuncia a la acción penal, para aquellos que no han incurrido en estas violaciones graves.
¿Cómo se cumplirá la ratificación de la refrendación en el Congreso?
Afortunadamente la Corte ha tomado la decisión de avalar la refrendación del Congreso. En el fallo se estableció que ese aval es un proceso y establece unos principios que este debe cumplir, los cuales ya se surtieron en este proceso de paz. La Corte también señaló que esa refrendación debe concluir con una decisión del organismo democráticamente legitimado para ello, que es el Congreso, la cual se dará con la aprobación de este proyecto de ley.
Con la aprobación de la ley de amnistía, el Congreso estaría avalando el procedimiento legislativo especial (fast track) y señalando claramente que se cumplieron esos principios y por eso se tramita la ley de amnistía.
¿Hay necesidad de modificar el decreto que convoca al Congreso a sesiones extras?
No. Ese decreto está hasta el 23 de diciembre y es para la reforma tributaria, la cual esperamos que sea aprobada de aquí allá. En el caso de este paquete de medidas para implementar el acuerdo estamos actuando no en virtud de sesiones extras sino con el procedimiento legislativo especial. A partir de ahora corren seis meses seguidos para la aprobación de los distintos proyectos, sin hacer distinción entre sesiones ordinarias y extras. El martes arrancaron esos seis meses.
