Honduras: informe señala la desprotección por parte del Estado que sufren los defensores de DDHH
Urgida de reformas para detener persecución de defensores de DDHH
Honduras es uno de los países más peligrosos para los defensores de derechos humanos, y seguirá así mientras el Estado no atienda las causas de la persecución e invierta de verdad en la protección de los activistas.
Así se asegura en un informe de una misión internacional del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OBS), presentado hoy en Panamá, durante el 159 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En los últimos 15 años han sido asesinados en Honduras 17 activistas beneficiarios de medidas cautelares del organismo interamericano.
El Estado hondureño no solo ha hecho poco por proteger a estas personas o resolver sus crímenes, sino que ha empeñado con eficacia el derecho penal para que avancen procesos en contra de los defensores, quienes terminan desprestigiados injustificadamente, apunta el informe.
El reporte del observatorio, un programa de la Organización Mundial contra la Tortura y la Federación Internacional de Derechos Humanos, advierte que los más vulnerables a los ataques son los defensores de la tierra y el ambiente, y los de los derechos de la diversidad sexual.
Desde 2009 hasta julio pasado, la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) registró 224 muertes violentas de dirigentes, de las cuales solo 33 han sido judicializadas.
El observatorio advierte de un discurso de discriminación y agresión contra esta población que permea a toda la sociedad y que se refleja, con especial preocupación, en el Estado y el sistema judicial.
Por otro lado, Honduras ocupa el primer lugar en el índice mundial de asesinatos de defensores ambientales y de la tierra, con 111 víctimas de 2002 a 2014, según la organización Global Witness.
A estos se suman otros 16 crímenes desde 2015, algunos de los cuales impactaron especialmente a la comunidad internacional, el de Berta Cáceres (marzo 2016), reconocida ambientalista y quien se oponía al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, y el de José Ángel Flores y Silmer Dionisio George (octubre 2016), defensores de la tierra en el Bajo Aguán.
El OBS atribuye esta conflictividad a que el Estado hondureño incumple el derecho a la consulta previa, lo que contribuye a «exacerbar» las pugnas en las comunidades afectadas por los proyectos extractivos, hidroeléctricos o turísticos.
En la mayoría de los casos las empresas y el Estado responden a las tensiones con los defensores del derecho a la tierra «con métodos poco escrupulosos y algunas veces criminales».
Por ejemplo, en la región del Bajo Aguán, donde persiste un conflicto territorial de campesinos con empresas dedicadas especialmente al cultivo de la palma aceitera, 92 activistas fueron asesinados de 2009 a 2012.
El informe recomienda que el Estado vaya a la raíz del problema y desarrolle una legislación y una política pública que refuerce los derechos humanos relacionados con la tierra.
Asimismo, que diseñe normas y políticas de inclusión para los LGTBI que impacten en el Estado y el sistema educativo, y que persiga penalmente los discursos de odio contra esta población.
«Sin esto, todas las medidas de protección tendrán un impacto reducido», apunta.
De hecho, según lo recabado por el OBS, el 99 % de los beneficiarios de medidas cautelares de la CIDH creen que no está garantizada su seguridad porque el Estado hondureño, que debe protegerlos, no toma acciones pertinentes y en muchos casos aprovecha para vigilarlos más de cerca.
A esto se suma el uso de la Justicia para perjudicar a los defensores, con una celeridad que contrasta con la lentitud para resolver los crímenes.
De acuerdo con la CIDH, de 2010 a 2015 se habrían producido 3.064 criminalizaciones para amedrentar a los defensores a través del uso indebido del derecho penal.
El observatorio manifiesta su preocupación por la reforma al código penal que actualmente se discute en el parlamento que, entre otras, agrava la figura de «usurpación de tierras», por el que ya están siendo procesados al menos 300 campesinos según las organizaciones de la región del Bajo Aguán, y crea el delito de «usurpación de aguas».
El observatorio cree que es urgente que Honduras desarrolle una política pública de protección a los defensores dotada de suficientes recursos y que haga frente a las causas estructurales de los conflictos.
