“Ecuador: coyuntura política 2016”. Francisco Muñoz Jaramillo, Mario Unda y Carlos Michelena Ordoñez analizan el panorama político de los dos últimos años del gobierno de Rafael Correa que incluye la posición táctica y estratégica de la izquierda ecuatoriana

Este documento [1] expone los resultados de la investigación realizada  de los dos últimos años del Gobierno de Correa, y  tiene por objetivo examinar las condiciones actuales del régimen político implementadas en este periodo, el proceso electoral, y sus tendencias; como también la posición táctica y estratégica de la izquierda ecuatoriana. En consecuencia  el documento  analiza  la situación política actual. Necesario contexto para examinar la evolución del estado y régimen político, describir los principales elementos políticos y económicos del correismo, los  mismos  que permiten  comprender las tendencias y condiciones  electorales y la conducta de la izquierda.

El documento analiza los  siguientes temas:

1. El régimen político
2. Forma de Estado y Régimen
3. Conflictos y tensión del bloque dominante
4. Recuperación del Movimiento Social
5. Escena y condiciones electorales
6. Las tendencias electorales
7. La política de izquierda
8. Perspectiva política

I    El régimen político

En los últimos meses del año 2015  se vivieron situaciones de manifiesta  consolidación del modelo político, evidenciadas principalmente en el ejercicio bonapartista/verticalista del presidente Correa. Esto se pudo advertir de manera   especial  cuando se  optó por un proceso de cambio constitucional que incluyó nuevas modificaciones  para fortalecer el régimen político implementado en estos años. El mismo que se dio al terminar el 2015 con la aprobación de las enmiendas constitucionales.

Cambios a la Carta Magna que por otra parte se han  implementado  gradualmente durante el periodo presidencial de Correa. En primer lugar, a través de la inaplicación en los hechos -en determinadas circunstancias- de la Constitución de Montecristi. Segundo, promoviendo cambios a la Carta Magna a través de la vía del referéndum,  como ocurrió en el año 2011, para proceder a la reforma de la Función Judicial. O, finalmente, utilizando la figura de  las enmiendas constitucionales, vía resolución de la Asamblea  Nacional, en el mes  diciembre de 2015.

Las enmiendas constitucionales se encaminaron a afirmar, principalmente, dos aspectos del modelo político del correísmo. En primer lugar, se restringieron derechos y participación democrática en temas como la consulta popular. Esta enmienda eliminó la posibilidad de convocar a plebiscito “sobre cualquier tema”, y se prevé una limitada consulta sobre asuntos de interés común. Además, el cambio de régimen laboral de los trabajadores públicos, que pasaron de la jurisdicción del Código laboral -que garantiza los derechos más importantes para los trabajadores- a la Ley de Servicio Público,  que restringe algunos derechos laborales y sindicales. Modificación que, a cambio de algunas prebendas y privilegios, sacrifica la organización sindical y la protesta o huelga de este segmento laboral. Adicionalmente se establece una reforma constitucional sobre el cambio de misión de las fuerzas armadas, redirigidas a “la seguridad interna del Estado”, que “eventualmente” generará posibles casos de militarización de la sociedad. Situación que es posible ante la invocación del estado de excepción. La nueva orientación de la mencionada enmienda abriría las puertas de los cuarteles para su utilización interna ante cuestiones que el Estado considere como peligrosas para su seguridad, y esto puede volver vulnerable la aplicación de los derechos humanos.

En segundo lugar, las enmiendas constitucionales se refieren a la racionalización del Estado en cuanto a aspectos de presupuesto y de competencias de los gobiernos descentralizados y de la Contraloría General del Estado. Se entregan las competencias a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) sobre temas de infraestructura, educación y salud, disponiendo que estos servicios públicos se ajusten a la planificación central del Estado. Y, en cuanto a la Contraloría, se elimina su capacidad para auditar “las gestiones” y “la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado”.

En síntesis, el contenido sustancial de las reformas se mantiene en la línea de afianzamiento del modelo y régimen político implementado por el gobierno de Correa  en el  proceso de estructuración de la forma de Estado intervencionista.  Algunas de las enmiendas restringen derechos y afectan la estructura del Estado,  motivo por el cual se demandó su resolución por vía de consulta popular.  También se advierte que dichas modificaciones a ciertas disposiciones constitucionales pretenden consolidar el modelo político: como es el caso de la reelección indefinida para dignidades de elección popular.  Como también la restricción a la participación popular en los gobiernos seccionales, la declaratoria de servicio público al derecho a la comunicación, el límite al proceso de definición de la autonomía regional, entre otros.

Simultáneamente, en el mes de enero de 2016 se anunció la necesidad de implementar nuevas enmiendas  para incluir  cambios  tales como la supresión del derecho a la resistencia y otras (El Comercio, diciembre 2015)[2]. Cuestión que quedó postergada por la emergencia de la crisis y la falta de respaldo popular. En este aspecto la historia nos recuerda el juego tramposo de Velasco Ibarra en 1946, precisamente, para revertir la progresista Constitución de 1945 e imponer una carta magna de derecha que rigió en el Ecuador hasta el año 1967. La historia ecuatoriana se repite a través de distintos perfiles de liderazgos carismáticos, una vez –como decía Marx- como tragedia y otra como comedia.

En esta línea de fortalecimiento político, por otro lado,  se encuentran otros cuerpos legales y acciones coactivas asumidas por el gobierno. Son los casos del Código Integral Penal y la Ley de Comunicación[3]; un proceso de agudización de la criminalización de la protesta social (Pérez Carlos, 2015)[4] como respuesta a la movilización y resistencia social; y el conflicto del colectivo juvenil por la defensa del Yasuní, así como la negativa a permitir la realización de una  consulta popular sobre el tema.

Uno de los mecanismos que marcaron las pautas del modelo político de Alianza País en este periodo fue la sofisticación de los instrumentos para criminalizar la protesta social. La aprobación del Código Penal es importante en este objetivo del régimen. La tipificación de los delitos de sabotaje, terrorismo, desacato, constituyen las muletillas de fiscales y jueces que han buscado de alguna manera imponer penas a los presos de las protestas y a líderes de la lucha social. Junto con lo anterior, vemos que el aumento de las penas con relación al antiguo Código en estos delitos (El Comercio, enero 2014), así como en otros casos, demuestran una forma punitiva, disciplinaria de dirigirse hacia la sociedad, basada en el temor a la cárcel. Por lo tanto, un modelo penal que opta por la lógica de la coacción y el castigo antes que por la prevención de los delitos.

El caso Yasuní de otra parte, demuestra el rechazo del gobierno a las iniciativas de consulta popular que buscan decidir sobre temas de importancia. Cuando Correa anunció el fin de la Iniciativa que planteaba dejar el petróleo bajo tierra en el Parque Nacional Yasuní, un movimiento ecologista y social promovió  protestas de rechazo, que culminaron en un llamado a la consulta popular. Sin embargo, el gobierno utilizó todo tipo de artimañas para evitar el camino hacia la consulta, a través de deslegitimaciones y sabotajes al movimiento Yasunidos y otras organizaciones sociales que llevaron adelante la propuesta. Y para sofocarla totalmente, el Consejo Electoral, anuló un gran porcentaje de las firmas y se negó el pedido de consulta.

Reformas y disposiciones legales, como acciones gubernamentales, en consecuencia, que han conducido -en línea regresiva- a afianzar el modelo político  estatista que se  ha implementado en estos años  a espaldas  y en detrimento de  la sociedad y sus organizaciones. Esta orientación se ha  evidenciado en procesos  coactivos como el sucedido en diciembre de 2015, el mismo que reprimió fuertemente la manifestación social[5] por un lado  y, por otro, en acciones orientadas  a la  división, sometimiento y subordinación de las organizaciones sociales, como la creación artificiosa y manipulada  de nuevas agrupaciones  ligadas al oficialismo. Se ha impuesto de esta manera una conducta coactiva y disciplinaria que ha llevado a situaciones de devastación social.

II  Forma de Estado y Régimen

En esta perspectiva analítica, dice Zibechi al referirse al caso ecuatoriano “… la nueva centralidad del Estado, depurado ahora de movimientos sociales deja paso a una gubernamentalidad centrada en la figura del Presidente/caudillo, dueño del poder y del saber, que cataloga como “enemigo público” a todo aquel que se le enfrente o disienta” (Zibechi, 2015). En esta medida en el gobierno de Correa se ha expresado la concepción de Schmitt (2009) sobre la política, quien la concibe como enfrentamiento entre “amigos–enemigos”. Un régimen -como se ha definido-  de corte bonapartista/cesarista, que pone por delante  la representación  personal o el carisma del liderazgo  y una fuerte presencia y dirección vertical de corte populista. En este sentido, en estos años se ha construido  un régimen político que despliega su lado coactivo hacia los movimientos sociales y el pueblo que  discrepan con su conducta y medidas. Centrando la actividad gubernamental en torno a la simpatía o repudio de la figura carismática y su política.

“El progresismo latinoamericano -dice Modonessi- está ligado al destino de unos hombres y mujeres providenciales en crecientes dificultades o cada día menos consistentes. Al haber abusado del caudillismo como recurso político estratégico, el progresismo tambalea desde la cúspide y no se sostiene desde abajo” (Modonessi, 2015).

“… ya que pesa -continúa el autor mencionado-  una década o más según los casos, de desmovilización sostenida desde arriba, desde la rectoría del Estado-Gobierno-Presidente, desde una concentración de poder decisional que se mantuvo intacta a pesar de que los movimientos populares de los 90 y principios de los 2000 eran portadores de banderas participativas y de profundas y radicales críticas al liberal democratismo de la gobernabilidad, el presidencialismo y la partidocracia” (Modonessi, 2015).

“… Un Estado –dice por otra parte Zibechi- capaz de controlar e integrar, de infiltrar la sociedad y sus organizaciones autónomas, un ‘Estado capilar’ complemento del ‘Estado fuerte’. (…) Un Estado fuerte  para garantizar la seguridad jurídica de las inversiones, básicamente mineras. (…) Mientras en la primera fase del neoliberalismo era el mercado el que orientaba la acumulación por desposesión, ahora esa tarea le incumbe al Estado, sea conservador, progresista partidario del Socialismo del siglo XXI” (Zibechi, 2015).

La organización política liberal desarrollada en este periodo ha sido la fuerza institucional que han logrado expresar los llamados gobiernos progresistas, luego de haber recibido un Estado en proceso de descomposición. Han fortalecido las instituciones a través de la concentración de las decisiones políticas en los líderes y su grupo. Donde se advierte la concepción por la cual el monopolio del hacer política se encuentra en la decisión del partido oficialista y del líder carismático. Desde este punto de vista acusan moralmente a sus opositores por “estar haciendo política” sin haber ganado las elecciones. Una concepción bajo la cual, supuestamente, el Presidente representa los intereses comunes de la nación y en consecuencia, es el único autorizado para intervenir en política desde el Estado, mientras que la sociedad, las organizaciones populares están negadas a hacerlo por fuera de los márgenes de la institucionalidad estatal.

Carácter  del Estado y régimen, entonces, que ha  desarticulado  organizativa, ideológica y simbólicamente la constitución de una voluntad social colectiva nacional en el proceso  hegemónico    modernizador “desde arriba” del capitalismo ecuatoriano,  implementando el patrón  de reproducción o acumulación  extractivista de los recursos naturales y la re primarización de la economía en el marco de un proceso de  renovada dependencia a las nuevas necesidades de penetración y articulación del capital financiero, modificado como consecuencia de la crisis mundial de 2008 y que replantea el contenido y la forma de la dependencia respecto a aquella que vivió América Latina en la década de los setenta del siglo pasado. Cabe en este punto situar la problemática que manifiesta que mientras en dichos años setenta la dependencia estuvo ligada a la penetración del capital transnacional productivo, hoy en cambio, se advierte la vinculación de nuestras economías latinoamericanas a las necesidades de la financiarización mundial que se ha agudizado con la crisis capitalista de 2008 y ha cambiado sus mecanismos, lógicas y estrategias para superar los límites de la baja tendencial de la cuota de ganancia y la sobreacumulación de capital dinero.

Modernización, así mismo, que ha profundizado la monopolización y oligopolización de la economía en su vínculo con la transnacionalización planetaria. Si bien el régimen de Correa en estos años ha implementado algunas medidas de política pública -en línea progresiva- como en el caso de la  promoción de la economía social y solidaria, en los hechos  ha actuado para articularla a la política predominante de acumulación mencionada.

Situación descrita que por otra parte evidencia uno de los conflictos que se ha dado entre el gobierno y la globalización neoliberal. Presentándose, en sus momentos más altos, como enfrentamiento con la hegemonía norteamericana y en otros, como conflictos puntuales, por caso, con algunas empresas transnacionales petroleras. Pero su contenido básico viene dado por la inserción del proyecto correísta en el marco de las disputas por la hegemonía del sistema-mundo.

Análisis de la nueva situación creada –expuesta en párrafos anteriores- que permite interpretar, en consecuencia, el carácter, cambio y consolidación de la norma constitucional en la perspectiva de afianzar la forma del dominio político. Al mismo tiempo deja ver, por otro lado, el comportamiento arbitrario del Estado de excepción, del régimen y del liderazgo correísta; cayendo sus propias “reglas” en una condición de inestabilidad. De tal manera que no existe –o se manifiesta vulnerable- un sistema jurídico que prevea sus transformaciones en forma parecida a como se impuso el estado de excepción fascista en momentos de aguda crisis política en Alemania.

En esta perspectiva analítica, en rigor, se restringe la capacidad del derecho para limitar el poder. En cuyo caso se “despliega hacia la esfera de la intervención estatal”, que produce  efectos sobre la función  parlamentaria que se encuentra sometida a la rama del Ejecutivo a causa de la trasformación del derecho (Poulantzas, 1971). En este aspecto es interesante observar el proceso coyuntural brasileño cuando se destituye a la presidenta Dilma Rousseff, donde precisamente se encuentra expresado este fenómeno de la evolución del Estado contemporáneo en la región. Algunos de los dispositivos jurídico constitucionales han servido para la actuación arbitraria del poder político desconociendo el derecho. Ciertamente desde claros intereses fácticos ligados a la necesidad de implementar medidas y hacer uso del aparato del Estado con fines privados y en procesos de corrupción, como se ha podido observar en  Brasil en el mes de mayo y que terminó enjuiciando y apartando  del poder a la presidenta Dilma Rousseff  sin las justificaciones jurídicas suficientes(Vollenweider, 2016)[6].

En este contexto nacional y regional se puede situar la significación del liderazgo del presidente Rafael Correa. El mismo que  proviene de esa condición “bonapartista-populista” del régimen político –como se pudo mostrar en el proceso de investigación sobre el Gobierno de Correa- expresado en la fortaleza unilateral de la forma de Estado intervencionista. Si las enmiendas constitucionales  dejaron ver estos rasgos descritos del régimen político, las posiciones asumidas por Correa frente a los conflictos relacionados con las FF.AA., la Universidad Andina y los trabajadores en torno a la seguridad social en los primeros meses de 2016, pusieron de manifiesto una vez más su liderazgo prepotente y rígido. Que muestra  una sicología verticalista en la relación con los otros. Y que viabiliza, a través de la encarnación  del caudillo, el régimen político que ha vivido el Ecuador en estos años de correísmo.

Tanto en la actuación frente a la elección de Rector de la Universidad Andina y, sobre todo, en  la decisión de  Correa de disponer  de manera inconsulta el retiro de  41 millones de dólares del presupuesto de la seguridad social militar (ISSFA), supuestamente mal negociados con el Ministerio del Ambiente; como en la relación institucional del Presidente con las FF.AA., se expresa este tipo de conducta. Liderazgo que ha restringido el debido proceso y el cauce jurídico requerido para casos de esta naturaleza. Clara muestra del tipo de lider presidencial, que representa un régimen político que  desconoce el derecho y actúa desde la imposición del poder y el predominio arbitrario del mandatario carismático.  Y que  buscaba adicionalmente, poner de manifiesto la línea y modelo universitario y de mutación de la tradicional  misión de las FF.AA. expresada en la propuesta de una de las enmiendas (Asamblea Nacional, 2015)[7]. Por otra parte, este comportamiento se ha expresado en la decisión unilateral del gobierno sobre asuntos de interés público, como el retiro del aporte del Estado al IESS, el mismo que llegaba a un 40% de las pensiones jubilares. Esta medida fue incluida en la Ley de Justicia Laboral, y fue definida por los sectores populares como un saqueo al IESS y a los fondos que por disposición constitucional el Estado debe aportar a la seguridad social[8].

Los tres hechos observados son un síntoma de la tensión y conflicto con el régimen por parte de los militares que se resisten al cambio de misión; de los universitarios que demandan autonomía, la misma que ha sido restringida en la Ley de Educación Superior; y de los trabajadores que exigen protección a la disposición constitucional sobre la seguridad social.

Cambios, en consecuencia, sustanciales al régimen jurídico-político precisamente para ejercer el poder bajo la forma  estatista y autoritaria, concentradora de las funciones estatales. En definitiva, la reforma de la Constitución de Montecristi se da precisamente en aquellos aspectos que supuestamente limitan la autoridad ejecutiva, estatista y concentradora del poder.  El mismo que ha ido madurando en estos años de correísmo. Fuerza y poder impuesto a la sociedad y que deja una estela de ilegitimidad y consecuente déficit de hegemonía  democrática.  Así  como conflictos y contradicciones  sociales que provocaron movilizaciones y resistencias para  enfrentar esta estructura y conducta política.

Definiciones constitucionales,  acciones y medidas políticas que se han dado en este periodo gubernamental, por otra parte, en momentos en que la economía  entró en una situación crítica   poniendo  de manifiesto su situación recesiva, la misma que se combina con los efectos  económicos del terremoto de abril de 2016. Provocando en la coyuntura la disputa entre sectores y grupos económicos por la distribución  de la plusvalía y ganancia disminuidas por efecto de la mencionada recesión y generando apremios al interior de las clases dominantes, que tienen por trasfondo el reparto del plusvalor social, y que se expresa en la arena publica como conflictos en torno a la representación política de dichas clases dominantes.

Proceso político descrito en párrafos anteriores  que se ha reflejado, de otro lado, como un factor de incidencia en el  agravamiento y profundización de la crisis económica. Dificultando las salidas efectivas a la solución o, al menos, neutralización de aquella. Situación que se ha visto evidenciada en la conducta gubernamental para enfrentar la catástrofe nacional por el terremoto del 16 de abril, donde se ha mostrado el liderazgo y la forma estatista para enfrentarla, desconociendo y subestimando la participación de la sociedad civil.

La perspectiva del gobierno fue organizar la respuesta a la catástrofe por medio  de las instituciones del Estado. Dejando de lado las iniciativas populares locales y nacionales de solidaridad desde abajo. Y que fue suplantada por la acción burocratizada y asistencial, que ha subestimado las potencialidades que la población organizada autónomamente tiene para superar estos momentos críticos. El gobierno  utilizó la adversidad, por otro lado, para justificar el inicio de un proceso de definición de políticas económicas de corte neoliberal y obtener recursos para saldar el costo del desastre, tales como determinadas privatizaciones, el alza del IVA y el pedido de ayuda financiera a los organismos internacionales como el FMI y el BM (Ospina, 2016), (Saltos, 2016).

En consecuencia, la crisis económica y los efectos del terremoto de abril de 2016 han causado en conjunto un ambiente  de inquietud ante la aplicación de medidas de corte neoliberal, que conducen  a la precarización laboral como aparente solución para proteger el empleo. Sin embargo, junto con estas medidas se mantienen las políticas que fomentan la producción y la intervención del Estado, generando en el proceso de gestión anticrisis una especie de hibridación de ambos modelos de política económica recurrentes en la región (neo desarrollista y neoliberal).

 Situación que revela un conflicto político-económico que ha profundizado el ambiente de inestabilidad e incertidumbre de los primeros meses de 2016. Y que ha provocado movilizaciones de trabajadores y movimientos sociales que han protestado por el desempleo y los cambios laborales que proyecta el gobierno. Agravado con la tragedia y las medidas económicas[9] asumidas para enfrentar el terremoto del sábado 16 de abril. El comportamientos presidencial en estas circunstancias ahondó los límites hegemónicos, desgastó la legitimidad y la confianza requeridas por el gobierno para superar políticamente esta tragedia nacional. 

III    Conflictos  y tensión del bloque dominante

Por otra parte, en esta interpretación de la situación actual, se requiere examinar los efectos de la crisis en la evolución de los conflictos clasistas. Y, en consecuencia, describir las tensiones entre  fracciones y  grupos económicos dominantes que se han dado en estos  meses, y que ponen en cuestión la unidad del bloque de poder,  expresado, principalmente, en la tensión por la disputa hegemónica entre sectores ligados al mercado exterior, exportadores especialmente, y fracciones relacionadas con el mercado interno, como importadores, por caso. Y que en la situación de crisis disputan la mantención de réditos y ganancias. O al menos la posibilidad de neutralizar perjuicios -generados por la crisis- adversos a sus intereses.

Al analizar las condiciones económicas coyunturales, Pablo Ospina (2015) sugería una hipótesis  sobre el comportamiento y las diferencias entre los sectores económicos en este periodo. Ospina advierte el desplazamiento de la hegemonía en la lucha inter burguesa al interior del bloque dominante, evidenciándose diferencias y tensiones resultado de la crisis de 2015. Donde es posible observar niveles de tensión entre sectores comerciales y financieros, así como un manejo arbitral, por parte del Presidente de la República, en correspondencia con el carácter bonapartista-populista. Actuación presidencial para matizar la hegemonía de un grupo y que pretende un equilibrio de la política económica hacia las diversas demandas de los sectores empresariales.

Decía el mencionado autor que en el periodo anterior a la situación de 2015 se evidenció una política económica  centrada en la representación de los sectores importadores y comerciantes del mercado interno como  en los grupos o sectores cuyos intereses y acción se encuentra en el ámbito de la construcción de la obra pública y  provisión de servicios al Estado.  Estructuración del bloque que puso de manifiesto las restricciones a la influencia del poder de la banca como del capital financiero, cuya deuda fue auditada en 2008[10], y se relativizó así mismo las ventajas y beneficios  de los sectores exportadores e industriales.

En el mes  de abril -cuando se discutía la conveniencia de la utilización de la moneda electrónica- se dialogó con la banca privada para facilitar la administración de este instrumento monetario por parte de las entidades financieras privadas. Sin embargo, esto fue negado por el mismo Presidente de la República días después de aprobada la ley.

En efecto, el dinero electrónico fue otro de los aspectos debatidos al interior del bloque dominante, puesto que para el sector financiero privado esta alternativa del gobierno se presentaba como una oportunidad para fortalecer el negocio financiero. Es por eso que desde abril de 2015 la banca proponía al gobierno que el sector comprara la plataforma para el manejo de la nueva moneda. Esta aspiración de los banqueros solo fue desechada totalmente en mayo de 2016 cuando el gerente del Banco Central, Diego Martínez, anunció que el dinero electrónico sería regulado y vigilado por el BCE, y del cual los bancos y las telefónicas solo serían meros instrumentos operativos en el sistema de pagos que debería canalizarse a través del Banco Central. A partir de este anuncio la banca perdió toda simpatía por el proyecto y atacó la norma por considerar que el Banco Central no da la “confianza” suficiente para manejar esta moneda (El Comercio, 2016). El titular del Banco Pichincha, Antonio Acosta, opinó sobre este hecho y dijo que el proyecto de dinero electrónico no despega porque la banca privada no lo maneja, y que la Banca pública  regule la moneda causa desconfianza (El Comercio, 2016).

En esta perspectiva de tensión y reacomodo del bloque también se han visto beneficiados  sectores de la industria incentivados por la prohibición o restricción de importaciones y la imposición de las salvaguardias.  Incrementando así su crecimiento en el marco del desarrollo endógeno y permitiendo el impulso de algunos sectores industriales internos. Al mismo tiempo se  ha consolidado este perfil, unidad y hegemonía del bloque dominante a través del fortalecimiento de los vínculos financieros, comerciales y de inversión con China. Relación que se  muestra  como un aspecto destacado y determinante en la configuración del mencionado bloque.

Los últimos meses,  en consecuencia, se vieron tensionados y agravados por  un ambiente de incertidumbre social y económica. Generándose una situación de inestabilidad. La misma que se vio reflejada en la restricción del empleo, la disminución de la inversión, la parálisis recesiva de empresas, el despido de trabajadores públicos y privados, y  las dificultades y quiebras de los pequeños emprendimientos. Así mismo se evidenció una situación de falta de liquidez monetaria que se manifestó en el déficit fiscal y que podría amenazar la mantención de la dolarización. La mencionada moneda electrónica sería un mecanismo para paliar la situación, crear un bi monetarismo y, eventualmente, conducir la economía a un proceso de desdolarización. Dramáticas circunstancias que han colocado a los sectores pudientes en una línea de cerrada defensa de la moneda del águila. Y que advierte nuevas diferencias y tensiones en el bloque dominante, y de este con las decisiones de política económica del gobierno.

En estas circunstancias se anunció, por un lado, el proceso de cierre  del acuerdo con la Unión Europea, que fue acordado en el presente mes de Noviembre y, por otro, se  concretaron relaciones con la banca nacional y acuerdos con los organismos financieros internacionales con la finalidad de solventar la economía en el año 2016. Se generó una relación urgente y decisiva con la República Popular China para la obtención de  préstamos que  permitan corregir la crisis fiscal. Al mismo tiempo que  se  anunció una disminución  importante en la inversión estatal y provisión de empleo.

El gobierno envió a la Asamblea Nacional en 2015 y 2016 algunos proyectos de ley que permitieron obtener recursos para afrontar la crisis económica y que afectaron a los sectores de bajos y medianos ingresos. Entre estos se destacan el incremento de los impuestos [12]

Situaciones, unas y otras, que mantuvieron hasta la mitad del año 2016 tensionada la unidad, los acuerdos y jerarquía constituida del bloque dominante. Pero,  sobre todo,   diferencias y oposición como descontento por parte de los movimientos sociales opuestos  a las medidas para enfrentar la crisis económica por parte del gobierno, en tanto se busca hacer recaer el peso de esta sobre los sectores populares y medios. Es por eso que desde el año 2015 se observaron en todo el país movilizaciones convocadas por sectores sindicales y sociales en contra de las medidas económicas. Esto permitió evidenciar, entonces, el conflicto entre la burguesía y el movimiento popular, donde se destacan las siguientes líneas: conflictos económicos en relación al trabajo y a la redistribución del ingreso; conflictos políticos por la expresión de una fórmula alternativa al correísmo. En definitiva, el conflicto relativo a la independencia política de las clases subalternas.

IV      Recuperación del movimiento social

Es necesario, así mismo, considerar en este documento el tema de las posibilidades y límites en la  estructuración de una voluntad colectiva nacional popular. Esto se ha puesto de manifiesto en la importante recuperación del movimiento social y sindical en los años 2014 y 2015[13]. Se pasó de una situación de reflujo a una de flujo. En el 2015 se dieron movilizaciones en los meses de marzo y mayo, y una marcha y levantamiento indígena, así como un paro nacional de trabajadores que se expresó de manera significativa el 13 de agosto de 2015. Se calcula que se movilizaron en Quito cerca de 150.000 personas. Particular significación tuvo en la mencionada acción  la  participación de sectores medios quiteños, que demostraron  su contrariedad y desacuerdo con el gobierno de Correa y  las decisiones de política económica  frente a la situación de  crisis, donde se destaca, especialmente, la afectación que hizo el Gobierno y la Asamblea Nacional, entre otras, a la seguridad social[14].

Fue en este clima de movilización descrito en líneas anteriores que se levantó la bandera de oposición a las enmiendas constitucionales propuestas por el régimen en el año 2015[15]. Especialmente la que proponía la reelección inmediata. La autonomía del movimiento social-sindical se vio en la necesidad de  coincidir parcialmente  con sectores de derecha que privilegiaban la oposición a esta reforma; lo que permitió, por una parte, una expresión movilizadora  y aglutinadora de los sectores medios, pero por otra, paradójicamente, un proceso de debilitamiento y desarticulación. Que fue  evidente el momento en que  los dirigentes sociales, sindicales e indígenas  llamaron a una actuación autónoma excluyendo a las posiciones partidistas de derecha que habían intentado representar a dichos sectores[16].

La mencionada situación llevó a estos a limitar su expectativa en las movilizaciones sociales convocada por el colectivo de organizaciones sociales[17], la CONAIE y el FUT; y  debilitaron su participación. Se alejaron de la dirección del movimiento social y se ausentaron de las movilizaciones quiteñas. Se abrió entonces así  la posibilidad de abstenerse en unos casos, y en otros de adherir a la representación de derecha. Se desmovilizaron y abrieron un compás de espera. Esta ha sido una tensión permanente en el desarrollo del movimiento social en este último periodo que ha expresado el conflicto al interior de los sectores subalternos, y que tiene por contenido principal la afirmación de la independencia política en contraste con los intentos de absorción por cualquiera de las opciones políticas dominantes del gobierno o la oposición.

Se produjo entonces, en los meses y semanas subsiguientes a agosto de 2015, un  debilitamiento de la participación en las sucesivas marchas programadas por el movimiento social. Que se evidenció  el día de la aprobación de las enmiendas por parte de la Asamblea Nacional  el dia 3 de diciembre. Resultado adverso que permitió  mostrar  de cuerpo entero el triunfo del oficialismo y el revés de la dirección del movimiento social.

Importante recuperación, en todo caso,  del movimiento social luego de 10 años de correísmo, que sin embargo, mostro algunas falencias de organización, de desarrollo pedagógico y organizativo, y de carácter ideológico. Límites y debilidades que fueron considerados en los  balances que los propios trabajadores, indígenas y sectores populares se encargaron de realizar. A este análisis se adiciona otra falencia relativa a  los límites de conducción política por parte de la izquierda, orientada a sus procesos electorales y legales,  que dejó al movimiento social limitado en su conducción.

 V    Escena y condiciones electorales

El segundo semestre de 2016 dejo configurado, por otra parte, la escena y condiciones del proceso electoral. Luego de la decisión asumida por el oficialismo de  considerar como transitoria  la reelección indefinida para después de las elecciones de 2017, Correa eliminó la posibilidad de ser nuevamente candidato en dicho proceso electoral. ¿Táctica de respuesta al desgaste y debilitamiento de Alianza País y el presidente Correa? O ¿maniobra  para desarmar a la oposición de derecha, de centro y de centro izquierda, y alcanzar la presidencia con otra figura del oficialismo?

Momento preelectoral que se ha visto atravesado por una marcada crisis económica, por los efectos del terremoto del sábado 16 de abril, así como por las medidas y políticas asumidas y por asumir, por parte del gobierno de Rafael Correa, presionado por la necesidad de establecer acuerdos con el FMI al que ha recurrió en los últimos días de julio para la obtención de un préstamo. Todo lo cual ha tensionado el ambiente y abierto eventualmente conflictos en el interior del bloque dominante. Y de este con el movimiento social que se movilizó el 17 de marzo y el Primero de Mayo,  para demandar que la crisis no recaiga en sus hombros. Proceso económico social que  incide en la decisión de los actores y su desempeño electoral y que se verá expresado hacia finales de 2016, víspera de las votaciones para elegir presidente y  asambleístas. Situación descrita  que en mayor proporción podría afectar la candidatura oficial.

Disputa y tensión mencionada que se observa a través de la expresión de las máscaras de la representación, y de los conflictos que se generan entre agrupaciones políticas, dirigentes y sectores sociales  del Ecuador. En estas circunstancias se  constata una vez más la debilidad de la representación política. La misma  que no corresponde a la realidad. O que el conflicto de clases y  las tensiones entre fracciones y sectores económicos -en el contexto de la crisis económica- limita su concreción.

En el proceso electoral de 2006, cuando el Ecuador eligió  presidente a Rafael Correa, ya se  expresó esta vulnerabilidad de la representación consustancial de la dinámica política ecuatoriana. En dicho contexto, la participación electoral y el triunfo de Correa respondieron a estas condiciones  descritas. Su elección fue producto de este vacío y este límite. Como se dijo en aquella ocasión  fue un candidato “outsider”. Con el objetivo de  superar esta falencia de la estructuración política ecuatoriana y  en su afán por consolidarse,  meses después de asumida la presidencia,  Rafael Correa se orientó hacia la construcción de una organización predominante de corte hegemónico. Con este propósito hizo uso en el 2013 de una estrategia electoral, legal y administrativa, y de uso de mecanismos de fraude electoral[18], que llevó efectivamente al oficialismo a obtener una amplísima mayoría asamblearia. Fortaleza que pronto se diluyó –mostrando su vulnerabilidad e inconsistencia para superar los límites de la representación- en las elecciones seccionales de febrero de 2014. Revelándose así la limitación del liderazgo correísta y su déficit de hegemonía.

Esta estructural y endémica debilidad de la política ecuatoriana se constituye entonces en una de las condiciones del proceso electoral de 2017, que se ha visto exacerbada por la presencia de una conducción bonapartista-populista de dimensión caudillista. Vieja historia de la configuración partidaria del Ecuador. Que hoy se repite con matices. En tanto la implementación de medidas económicas y políticas regresivas,  antes que progresivas, por parte del gobierno en estos años, ha dejado sin resolver cambios estructurales prometidos y necesarios. Así como también la aplicación de incentivos y restricciones, de corte legal y administrativo, como institucional, que se han dado en este periodo principalmente a través de los cuerpos legales respectivos, como es el caso del Código de la Democracia, que han  limitado la organización y representación político partidaria. Misma que se manifiesta como débil capacidad para superar las crisis políticas. Esta vez dicho déficit del Ecuador, se evidencia en la coyuntura sobre-determinado por la crisis económica. Expresándose una vez más en la historia situaciones de decadencia y descomposición del sistema político.

Proceso electoral en el Ecuador que se da, además, en el contexto de las mutaciones políticas de  América latina principalmente en los países de los llamados “gobiernos progresistas”. Que haría en principio suponer un cambio en la correlación y confrontación de fuerzas regionales y en la forma de estructuración del sistema partidista imperante. El mismo  que en algunos países se ha desplazado desde una organización o coalición de partidos predominante -soporte de aquellos gobiernos  durante estos diez años- a una suerte de “bipartidismo polarizado”, que expresa el enfrentamiento entre agrupaciones de derecha neoliberal y posturas de los llamados progresistas. Situación que dependerá de cada uno de los casos y países que se encuentran en procesos de desestabilización política (Venezuela, Brasil, Argentina, etc.).

Nuevo contexto regional que se ha visto matizado por una geopolítica y estrategia continental implementada por la derecha tradicional y moderna. Expresión de las fuerzas retrógradas de la región. Y que se ha manifestado como diferencia y oposición de los llamados gobiernos “progresistas”. Llevando así  a circunstancias de adversidad en la correlación de fuerzas de estos regímenes. Evidenciándose al mismo tiempo los insuficientes cambios estructurales prometidos, y que se ha expresado en la ausencia de mutaciones ideológico culturales y en el límite de representación  de los partidos predominantes que se han constituido en el soporte organizativo de los procesos progresistas, por un lado y, por otro, se ha manifestado en un nuevo comportamiento político en  la región: el del péndulo. El mismo que  se desplazaría esta vez de los  gobiernos progresistas a los de derecha de corte neoliberal. Como ocurre en Argentina, Brasil, Venezuela. Previendo similares cambios en otros países del área.

Digamos de una vez por todas: en la lucha política de la región se expresa la contradicción de distintos matices en las formas de dominación capitalista. Pero también se encuentra la disputa de dos vías de inserción en el sistema mundo y articulación hegemónica planetaria. Misma que se manifiesta e influye en el curso político de los países y gobiernos de la región. Caer en comprensiones unilaterales sobre esta realidad conduce a ocultar la verdadera dimensión del problema político e histórico que vive Latinoamérica. Y limita el desarrollo de las izquierdas y los movimientos sociales. En este marco la visita del presidente norteamericano, Barak Obama a Cuba, en  marzo de 2016, se manifestó como un síntoma que evidenciaba la intención por recuperar el predominio norteamericano sobre América Latina que recordaba la vieja concepción de la doctrina Monroe: “América para los americanos”.

En esta perspectiva “El concepto de “North-América”  subyace al disciplinamiento del Caribe, que empezó con el golpe en Honduras, la incorporación del México neoliberal como garante energético de esta restauración expansiva, la desestabilización de Venezuela, el golpe en Brasil, la defenestración de Cristina de Kirchner (cuando mostró su entusiasmo de que Argentina formase parte del BRICS)…”  que pone de manifiesto el interés  – en el contexto de la actual guerra fría financiera contra los BRICS -por reducir a Sudamérica en el concepto “North-América”, implosionando sus tres más grandes geo economías (Brasil, Argentina y Venezuela) (Bautista, 2016).

¿Qué dimensión tiene este fenómeno y síntoma geopolítico? ¿Se trata de un nuevo momento histórico que busca  en la reorganizada situación del sistema mundo, pos crisis 2008, acordar un nuevo reparto por parte de las potencias mundiales de la influencia en determinados espacios geográficos del planeta? ¿Estamos en América Latina ante una nueva forma y contenido de la dependencia? Fenómeno que en todo caso nos pone frente a una nueva perspectiva emancipadora frente al capital y capitalismo, donde la recreación de la teoría crítica en general y del pensamiento de Marx es un desafío. Trascendental problema de dimensión histórico universal para las izquierdas del continente y el Ecuador.

Nueva situación creada a nivel regional que muestra, por otra parte, la crisis multifacética del capitalismo –de la que no acaba de salir desde el 2008-   que  expresa una nueva fase  modernizadora del capitalismo planetario. Que ha hecho a algunos analistas afirmar que se trata de una crisis capitalista de carácter terminal (Beinstein, 2016). La misma que se inició a comienzos del siglo XXI, dando pábulo a   un proceso de  reestructuración  capitalista. Conocido -dice Negri- como  bio capitalismo (Negri, 2008)[19]. No corresponde en este documento desentrañar esta problemática. Pero sí entender que esto ha influido en el cambio de condiciones regionales económicas y políticas, como sociales,  abriendo eventualmente un nuevo ciclo de intervención del capital financiero internacional en la región. Que se podría expresar en el Ecuador en este “tira y afloja” político electoral. En estas manifiestas tensiones de las fuerzas representadas en la derecha, las agrupaciones democráticas,  la izquierda y  el correísmo en las elecciones que se realizará en el  2017.

VI    Las tendencias electorales

En este contexto geopolítico mundial y tomando en cuenta el carácter de la situación  nacional, especialmente aquella referida a la desestructuración y reestructuración de la escena y los partidos y movimientos políticos, se puede describir y prever en consecuencia el desempeño y las tensiones electorales de las distintas tendencias  que se encuentran participando para las elecciones de 2017. De su resultado dependerá el proceso de transición en la coyuntura. Si por la vía neoliberal en correspondencia con la ofensiva financiera  enmarcada en la derecha de la región; o por la vía de la Centro izquierda como una carta de respuesta negociada a la imposición financiera; o por el camino de la continuidad del correismo. Encrucijada que limitará o abrirá las condiciones para el desarrollo de los movimientos sociales, la izquierda y el proceso de su renovación. Vuelve a ser un punto fundamental la definición del carácter de la transición que representa la tendencia de izquierda en el marco de sus demandas coyunturales e históricas.

Del lado del oficialismo, en primer lugar, se han manifestado contradicciones y conflictos en el proceso de definición del binomio-Moreno/Glass-, entre aquellos sectores que han apoyado las candidaturas presidenciales del ex vicepresidente Lenin Moreno, y los que se han orientado por el actual vicepresidente Jorge Glas.  Más allá de la representación en la arena política y la decisión adoptada por  el oficialismo se   evidencia tensiones regionales, entre la Sierra y la Costa,  y de intereses de sectores y grupos económicos ligados a la disputa descrita del bloque dominante. Tensión,  así mismo,  de posiciones  políticas  en torno a la continuidad/ruptura de la llamada revolución ciudadana. Las mismas que se han expresado, unas a través del candidato Glas, que representa los intereses de la cercana cúpula guayaquileña de Correa, y que tiene como una de sus fortalezas los vínculos con la República Popular China. Y  otras a través de  Lenin Moreno. Más cercano a intereses  de corte regional serrano,  sobre todo quiteño. Encontrándose adicionalmente contrastes entre dos modos distintos de representar y ejercer el poder, donde se advierte mayor fidelidad de Glas a la forma y estilo bonapartista/autoritario del presidente Correa.

Ante estas difíciles y complejas circunstancias en el oficialismo ha primado  la racionalidad y  conveniencia política de dar continuidad al correismo  definiendo  el binomio Lenin Moreno/Glass, con lo que se intenta armonizar intereses regionales y facticos. Es por esto que meses antes de la decisión adoptada, en los corrillos del Palacio de Gobierno se especulaba en torno a una “fórmula feliz”, de unidad y coincidencia, aunque de tensión, entre Moreno/Glas. Vale decir que este binomio  se impuso por la necesidad político electoral, aunque en medio de las diferencia entre sectores de AP – que ha llevado a cuestionar el binomio oficialista- como de tensión entre distintos grupos económicos y regionales.

En su estrategia electoral para alcanzar el triunfo en el 2017, el oficialismo ha recurrido a mecanismos como la dispersión de los  partidos y tendencias electorales. Fragmentación  conocida por la experiencia ecuatoriana que se sustenta jurídicamente en el cuerpo legal vigente y en las reformas aprobadas por el oficialismo. Situación de tensión  que, por una parte, expresa la disputa de las fracciones dominantes y, por otra, intenta crear condiciones  favorables  para hacer posible el acceso a la presidencia en primera vuelta y  derrotar así   a los candidatos de derecha, como a aquellas  representaciones de centro y centro izquierda, que nos lleva a prever un posible “correísmo sin Correa”. Previsión vinculada, por otro lado, a la participación dividida y separada de la derecha ecuatoriana, que facilitaría el triunfo del oficialismo.

La tendencia de derecha, en segundo lugar, en efecto interviene dividida en dos alianzas. La  una, a través de los acuerdos generados en torno a la candidatura de Guillermo Lasso, que ya participó en las elecciones del 2013, y que ha expresado programáticamente su ligazón con el neoliberalismo. En el último periodo    desarrolló una activa oposición a las enmiendas constitucionales propuestas por el régimen. Para el efecto estableció un acuerdo con el movimiento de centro, Concertación Nacional, y llamó a cerrar  la unidad -a la manera  venezolana- de la derecha con la centro-izquierda y la izquierda para enfrentar electoralmente al correísmo en el 2017. Táctica que fue reconocida como inviable en medio de la constatación de los límites electorales del candidato Lasso. Su falta de carisma y su vínculo real y simbólico con la banca lo vuelven vulnerable. En los últimos días de octubre ha incluido en su coalición a Partidos como Suma del Alcalde de Quito, y a la agrupación Juntos Podemos del Prefecto del Azuay, como también ha designado  candidato a la vicepresidencia al ex militante de la Izquierda Democrática, Andrés Paez. Disputando así bastiones electorales de Quito y Azuay y la fortaleza electoral en la corriente de las derechas. Al parecer las organizaciones de facto vinculadas a esta posición, en el contexto de la mencionada ofensiva regional del capital financiero internacional, se inclinan al parecer privilegiadamente por el candidato Lasso.

La otra posición electoral de esta corriente se encuentra vinculada con el tradicional partido Socialcristiano dirigido principalmente por el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, quien también participa de las tradicionales posiciones neoliberales. En las circunstancias examinadas ha aparecido como el gran elector y se ha negado reiteradamente a asumir la candidatura presidencial demandada por sus coidearios y otros sectores. En su lugar se ha nominado como candidata a la presidencia a la socialcristiana Cynthia Viteri. Posición político electoral conducida por el alcalde de Guayaquil que al parecer coincide con la necesidad de favorecer  las posibilidades electorales de Alianza país. Y que su debilitamiento de las últimas semanas pondría de manifiesto su ligazón con determinados intereses de facto que limitan su accionar político. Esta corriente de derecha  que inicialmente  decidió  participar en alianza con algunos  sectores de centro, sin embargo en las últimas semanas esta unidad se ha resquebrajado  y concluido  la coalición.  Partidos como Suma y  la agrupación Juntos Podemos, que estuvieron al comienzo, se han alejado de la Unidad para integrarse a la coalición que representa el candidato Lasso, en tanto se constituye en la mejor opción de la derecha.

Se colige entonces  que en esta tendencia, no solo existe una diferencia de posiciones en  la escena electoral sino de intereses y conflictos fácticos. Que fueron descritos en el análisis de la tensión del bloque dominante, donde se pudo advertir la existencia de múltiples intereses en disputa,  que definen el actual  perfil  de la  estructuración del bloque de poder determinado especialmente por la coyuntura de crisis, influyendo en los procesos y límites electorales   de esta corriente tradicional.

Por otra parte es necesario considerar que en la configuración definitiva del escenario electoral este se ha modificado con la presencia del candidato, Paco Moncayo, el mismo que representa a los movimientos sociales, la izquierda y la centro Izquierda. Y cuya presencia abre las condiciones para  incidir en la llamada movilidad del voto y, en consecuencia, se puede advertir el desplazamiento del votante de otras candidaturas hacia el centro Izquierda de Moncayo.

Así entonces se perfila en el proceso electoral la dispersión y la división de las fuerzas opuestas a Correa y Alianza País; que responde a la estrategia oficialista y a una suerte de coincidencia de ciertas posiciones de derecha encaminada a  prolongar el correismo en la línea neoliberal, posición  que se ha puesto de manifiesto en los últimos meses en la región en países, como Argentina y Brasil y en la oposición beligerante en Venezuela

La tercera posición que se expresa  en la arena electoral es la  “centro izquierda”. Esta tendencia ingresó -como se ha dicho en otra ocasión (Muñoz, 2015) -en un proceso de descomposición que se evidencio en el 2006. Dejando un vacío de representación  política determinado en buena parte por la amplia y significativa presencia de Alianza País, en tanto esta agrupación copo la representación social como  simbólica de la tendencia de  centro izquierda, especialmente de los sectores medios que plegaron electoralmente en el 2006 a Correa. Situación de debilidad condicionada, por otro lado, por la falta de consistencia ideológica y política del centro, que ha llevado a que uno de los partidos más significativos e históricos de esta línea sufriera  un proceso de   desestructuración. Se prevé entonces  que en esta coyuntura electoral  esta expresión de centro izquierda recuperara la confianza y la representación de estas capas medias y eventualmente pueda aglutinarlos, luego del desafecto en el que entraron en el 2014 con el presidente Correa, a quien apoyaron y respaldaron desde el 2006 hasta el año 2013.

Examen y previsión política respecto a la población media, que debe complementarse, para su comprensión, con un enfoque de interpretación sociológica. El mismo que permite re significar la presencia de estas capas en los andariveles de expresión tradicional, político electoral, de centro izquierda. Hoy, cuando se han incrementado y fortalecido, en esta etapa gubernamental, se advierte que su inclinación electoral  tiende a expresarse con esta orientación política ideológica. Y que se concreta en la disputa de este importante sector social, de tradición democrática que se manifestó en el desafecto a la actitud autoritaria de Correa en el año 2014, especialmente en Quito, en solidaridad con el caricaturista Bonil, vilipendiado y perseguido por el oficialismo.

 

Por otra parte, se requiere considerar en esta interpretación que la actividad laboral de este segmento social  se da en el contexto de las modificaciones relacionadas con la modernización del capitalismo planetario. Principalmente referida a la hipótesis sobre la naturaleza del trabajo. El mismo que transita de material a inmaterial, del sector productivo al de servicios. Implicando en nuestros países a la realidad social de estos ámbitos poblacionales, más ubicados en un campo laboral de corte técnico-inmaterial[20]. Cuestión  que permite analizar su comportamiento político, su sentido común y su psicología. Situación a ser tenida en cuenta en el proceso de reconocimiento y articulación de estos estratos, en la perspectiva de una unidad social y política relacionada con los trabajadores del campo, la ciudad y los indígenas.

Tendencia de centro izquierda, por otra parte, que en los últimos dos meses ha logrado superar la inicial  dispersión haciendo posible la articulación política y electoral de las  diversas agrupaciones, grupos y colectivos, como: Democracia Si, el Movimiento Izquierda Democrática, Colectivo Montecristi Vive, Partido Socialista Revolucionario, Unidad Popular, entre otros. Algunos de ellos con inscripción  legal. Donde la presencia de la figura de Moncayo a la presidencia garantiza un importante desempeño  electoral. Importante articulación de esta tendencia que pone de manifiesto la capacidad de trascender la habitual fragmentación electoral ecuatoriana, la misma que configuró estructuralmente en el 2006 la escena y contienda electoral y que ha incidido en la estructuración del sistema de partidos.

Finalmente, se  encuentra la tendencia de izquierda. Posición que no acaba  de recuperarse de la forma y significación de los acuerdos políticos establecidos con Rafael Correa y Alianza País entre 2006 y 2008. Su desarrollo ideológico se muestra limitado. Aunque ha logrado importantes posicionamientos en torno a su situación legal, como es el caso de Pachacutik y de Unidad Popular (el nuevo nombre del MPD). Límites de consistencia ideológica y política de la izquierda  que fue rebasada en la conducción por el  movimiento social movilizado en 2015 y primeros meses de 2016. Y quizás este sea el acumulado social más importante para una participación coherente   en las elecciones de 2017. De hecho el colectivo unitario -entidad que agrupa a las organizaciones sociales y sindicales-[21] convocó en el mes de marzo a un acuerdo político social de izquierda-centroizquierda.

En efecto, el día miércoles 23 de marzo fue convocada por el Colectivo Unitario Nacional de trabajadores, Indígenas y Organizaciones Sociales, una nueva reunión  de las agrupaciones sociales y políticas  de la tendencia  de las izquierdas. Evento que se dio en el contexto del manifiesto limite al que habían llegado las alternativas para definir la candidatura presidencial de la derecha y del oficialismo. En el mencionado encuentro se estableció un primer acuerdo para consensuar un Programa de Gobierno –las bases programáticas- basado en el planteamiento del Colectivo Unitario y de los aportes de formulaciones  como la de Montecristi Vive.

Singular situación que nace de la iniciativa social y  anuncia una participación electoral  conjunta entre el Movimiento social y representantes de izquierda y centro izquierda para  elegir  Presidente de la República y asambleístas nacionales y provinciales. Alternativa político-social que se despliega frente a las otras tendencias de derecha y populista que se encuentran disputando en la escena su predominio y posibilidad de acceso a la presidencia de la república.

Acuerdo electoral que no está exento de dificultades y tensiones provenientes de su amplitud, de las características organizativas de sus integrantes,  de las difíciles coincidencias políticas y programáticas de las posiciones de izquierda y centro izquierda, que ha conducido a actuaciones unilaterales de algunas de las fuerzas y tensiones  en torno a decisiones sobre alianzas y apoyos, no suficientemente consensuadas. Y que se ha visto limitada por el condicionamiento de la ley de partidos y elecciones que restringen la participación política de sectores de la corriente que no tienen registro legal, produciendo  exclusiones que afecta a la unidad, la fortaleza y desempeño electoral y a la necesaria unidad de las listas particularmente en las provincias. Adicionalmente esta coalición se encuentra también condicionada e influida en su desarrollo por la mencionada ofensiva del capital financiero en la región.

Manifiesta heterogeneidad político-social que de todas maneras inaugura un momento de transición histórica. Más allá del correismo. Permitiendo recuperar al movimiento social,  su participación democrática, su desarrollo ideológico, es decir el proceso de constitución de la voluntad colectiva nacional popular, así como influir en  las  situaciones  de modificación estructural y productiva, principalmente en el agro. En esta perspectiva de transición se identifica adicionalmente aspectos democráticos y pedagógicos, los mismos que se  constituyen en fundamento de la consolidación de los sectores subalternos en pos de  cambiar el sentido común y crear condiciones para la construcción y disputa hegemónica.

En conjunto y en síntesis se puede observar que la escena electoral ha evolucionado de manera tortuosa durante estos meses. Asunto  que no solo manifiesta fenómenos estructurales de carácter institucional de la política ecuatoriana, sino que refleja circunstancias coyunturales donde se puede advertir  de manera especial la extrema fragmentación partidaria. Donde se destaca la búsqueda a cualquier costo de mecanismos y maniobras para disputar  los sectores medios, especialmente de la ciudad de Quito y provincia de Pichincha como de la Sierra, que encuentra una  importante adhesión a la candidatura de Moncayo. Límites  que  permiten observar una suerte de inestabilidad del escenario electoral, que se ha estructurado y desestructurado en varias ocasiones produciendo rupturas de frentes electorales y recomposiciones o liquidaciones de coaliciones como la que se dio  a propósito del rompimiento de la Unidad promotora de la candidata Cynthia Viteri. Desestabilización que anuncia impredecibles resultados electorales en febrero de 2017.

Cabe entonces considerar que esta situación de la escena  tiene que ver con las mutaciones que se ha dado en estos años. El  intento del correismo por crear una organización predominante de corte  caudillista excluyente, como  la desestructuración de las viejas organizaciones políticas que hoy carecen de suficiente capacidad para enfrentar la política en esta nuevas condiciones, son rasgos que reflejan, de manera principal, los límites de la llamada oposición al correismo.

VII   La política de izquierda

En este análisis es necesario identificar las  tácticas que se han formulado y debaten al interior de las izquierdas y el campo popular. Y que se refieren principalmente a la forma de participar en las circunstancias electorales de 2017. Donde se observa aquella que busca la unidad más amplia con sectores de derecha. La otra que anuncia un acuerdo político social de izquierda-centro izquierda, expresado en la conformación del Acuerdo Nacional por el Cambio y, finalmente, en tercer lugar, aquellas posiciones que  sostienen la necesidad de la abstención electoral.

En la perspectiva mencionada cabe primeramente destacar y considerar las expresiones de sectores de izquierda en torno a su dimensión estratégica.

Desde una línea renovadora de las izquierdas de nuestro país se requiere definir la importancia vital, de carácter histórico, del impulso desde abajo de un proceso de resistencia y movilización. Teniendo como premisa fundamental el anticapitalismo  se demanda recuperar, en consecuencia, la cultura contra hegemónica, así como  la fuerza y organización social, en pos de la emancipación de la sociedad. Que construya y  sostenga  su desarrollo en sus propias fuerzas. Posición que  conduce tambien a cuestionar aquellas concepciones estatistas de la vieja  ortodoxia estalinista  de la corriente marxista. Y colocar como aspecto principal y decisivo la necesidad de cambiar, primeramente y de manera fundamental la sociedad, su hegemonía o dirección ideológica cultural -como diría Gramsci- para desde ese poder constituido desde abajo  cambiar el Estado.

Este punto de vista y orientación práctica es una de las principales críticas que se perfilan en la región respecto a aquellos países llamados “progresistas” que limitaron el proceso  de construcción de una voluntad colectiva popular nacional. Es decir, que actuaron limitadamente para al cambio de la sociedad. Pusieron el acento en el Estado (en forma estatista) y dejaron acumularse condiciones sociales y políticas adversas que han influido en sus retrocesos y fracasos, y en la reacción conservadora o derechista en el continente, en el contexto de una ofensiva en el cambio geopolítico en la región.

Se reconoce, por otra parte, en estas renovadas posiciones de izquierda el reflejo de procesos, tradiciones y costumbres como culturas ancestrales. Así como historia de grupos, acciones e iniciativas. Donde se precisa recordar aquella que se dio  en el pueblo indio, hace algunas décadas, particularmente en Chimborazo,  por parte de la pastoral del obispo Proaño, quien puso énfasis en la pedagogía de la liberación y el cambio de sentido común, dando lugar al surgimiento, en los años setenta del siglo pasado, del importante movimiento indígena Ecuarunari. Como de formas políticas alternativas al tradicional comportamiento de las izquierdas.

Luego de la restringida expresión electoral de la izquierda en el 2013 y los límites examinados, algunos sectores de esta tendencia advierten la necesidad de forjar un cambio práctico, ideológico y político en esta perspectiva estratégica. Se observa la presencia de distintos grupos, sectores y colectivos  inclinados a la acción movilizadora y de resistencia; que representan en la actualidad, aunque germinalmente, una de las posiciones más fidedignas e interesantes de izquierda. Su posibilidad  se ha orientado a generar procesos de recuperación cultural de los sectores subalternos en respuesta a la  re-colonización hegemónica dominante. Es, sin duda, una reserva moral que en momentos de vacío constituye un acumulado  para superar los límites y falencias de la tendencia.

Actividades y desarrollo ideológico cultural mencionado que se manifiesta en la actualidad sobre todo en las zonas de resistencia que se han configurado especialmente en los proyectos de explotación minera. Así  como en el campo y en las ciudades. Conducta  que se privilegia en la coyuntura que vivimos en el contexto del  controvertido  ciclo histórico de la región, el mismo que se debate en una abierta lucha política a raíz de algunos reveses de los gobiernos llamados progresistas. Contexto que influirá en el  recambio del gobierno de Correa y Alianza País en las próximas elecciones de 2017.

Estas reflexiones nos ubican en una perspectiva estratégica, la misma que requiere recuperar, recrear el movimiento social y la izquierda. Que ha sufrido en el Ecuador  los embates ideológicos, sociales, simbólicos y políticos de estos años de correísmo. Posicionamiento que además demanda del despliegue de actividades ideológicas para avanzar a desarrollar  el cambio  cultural,  es decir, el cambio de “sentido común”. En esta línea se requiere superar las concepciones ortodoxas estatistas del  marxismo y el pensamiento liberal neo institucionalista. Será este desarrollo teórico/ideológico y  cultural un punto de apoyo de la renovada organización social estratégica en este futuro inmediato. Ser radical, es ir a la raíz y convenir en un cambio de dimensión histórica desde la sociedad y de carácter anticapitalista.

Posicionamiento de izquierda que en la coyuntura debe expresarse en el marco de la participación electoral concretada en el proceso de unidad del Acuerdo Nacional por el Cambio. El mismo que debe tener como función y objetivo apuntar a la principal misión de construir  la contra hegemonía. Pero, a su vez, entender que se demanda de alianzas y acuerdos electorales. Estas posiciones de izquierda consideran, por otra parte, que una situación de aislamiento o de abstención electoral en el evento de 2017, es un error.

Acuerdos que deben, así mismo, abrir renovadas condiciones para la lucha. Agrupando y reconociendo la diversidad social y popular del Ecuador. Participación electoral que debería orientarse a promover el fortalecimiento de los movimientos sociales y la izquierda, como a la creación de condiciones políticas institucionales para transitar en la organización, movilización, resistencia y desarrollo desde abajo. En esta perspectiva la izquierda  debe identificar, en medio del impulso de la unidad del  Acuerdo Nacional, su posición e iniciativas  que potencien y desarrollen el desempeño electoral y la presencia pos electoral en la perspectiva de fortalecimiento y renovación de las izquierdas. Un inevitable aislamiento de la izquierda expresaría un límite de correlación de fuerzas  y de capacidad de conducción. Posiciones de un viejo dogmatismo que se manifiesta, aunque minoritariamente, en esta perspectiva abstencionista  confunde la estrategia y acción política  con una forma de lucha. Es un error de base que lleva a mantener posiciones abstencionistas o aislacionistas de las izquierdas, en momentos en que se requieren coincidencias amplias. En momentos en que a nivel regional se reflexiona sobre la acción de las izquierdas y se formula la aplicación flexible y combinada de diversas formas de lucha. Una de ellas, sin ser la principal, es la electoral.

Táctica organizativa y de unidad social y política para la participación electoral de 2017 que debe diferenciarse de las restauraciones conservadoras del correísmo y  de la derecha tradicional. Es decir, de las fuerzas retrógradas que aspiran a dirigir el Ecuador. Acuerdo electoral que ha convocado a algunas de las  agrupaciones de centro en pos de una convergencia del centro a la izquierda. Singular característica de la realidad ecuatoriana que tiene en esta política la clave para el recambio del  correísmo. Y, en esa medida, pondrá  fin a esta etapa histórica que se ha vivido desde el 2006 abriendo una perspectiva de logros  importantes para la izquierda en la representación asamblearia. Acuerdo que incluya las posiciones, los actores y las organizaciones, y se convierta en un marco de apoyo y fortalecimiento de todos aquellos procesos que se emprenden y desarrollan, desde abajo, para conducir el cambio de los sectores subalternos en perspectiva contra hegemónica.

VIII  Perspectiva política

En conclusión, esta participación electoral en el 2017 debe combinarse entonces con la continuación de acciones de movilización y resistencia por parte del movimiento social. Defendiendo su autonomía frente a los intentos de utilización de la derecha y el correísmo. Es decir levantando una lucha y una agenda de reivindicación propia. Que la diferencie y separe del pacto o unidad del bloque dominante que busca hacer recaer el peso de la  crisis económica en los trabajadores y los sectores  populares y medios.

Esta posición hará que se proyecte simultáneamente una acción movilizadora y un desempeño electoral. Como  se dio en el año 2006 cuando el movimiento social se manifestó en oposición  a la firma del tratado de libre comercio con EE.UU.

La izquierda y los movimientos sociales han  obligado al correísmo a dar un  paso atrás y en esa medida deponer la participación de Rafael Correa como candidato en el año 2017. Se trata ahora de superar este momento. Ir más allá.  Haciendo posible el recambio del régimen de Correa como resultado de esta mencionada alianza que emprenda en las reformas y rupturas, para superar la etapa que se ha vivido y avanzar en el proceso de transición  hacia la construcción contra hegemónica planteada por algunos sectores, como misión principal, de la izquierda ecuatoriana.

En este sentido, los  aspectos institucional y legal-electoral se constituyen en un punto de apoyo. Las nuevas condiciones de la región ponen de manifiesto esta situación, teniendo en cuenta, principalmente, el cambio geopolítico y la ofensiva derechista en el continente. Como se puede observar en los casos de Venezuela, Argentina, Bolivia, Brasil; donde se asiste a una crisis política, resultado especialmente de la crisis capitalista que se da en la región, como secuela de la que se expresó en el año 2008 en Europa. La misma que nos coloca frente a una  ofensiva denodada del capital financiero, enmascarado en el neoliberalismo, como ha sucedido y sucede dramáticamente en Europa. De tal manera que la lucha de clases en la región  pone por delante estrategias y acciones organizadas desde la derecha para reinstalar el neoliberalismo, así como de la respuesta de las izquierdas, enfrentadas y dispuestas, por otro lado, a recuperar posiciones, aglutinar (representar) los cambios “moleculares” dados en esta fase de modernización[22], y situar las condiciones del tránsito hoy, como condición de una nueva situación. En esta perspectiva de transición “hay que saber distinguir –como dice Gramsci- entre las luchas de posición y las luchas de movimiento”.

En efecto, para Gramsci la guerra de posición es  aquella que hace referencia a la política de los subalternos que conquista  espacios que se alcanzan al interior del orden burgués, en una situación de tránsito, en la disputa por la hegemonía. Es la estrategia necesaria para las sociedades que han desarrollado una sociedad civil fuerte a la par del Estado. Las funciones que cumple la sociedad civil –según el mencionado autor- de manera integral y complementaria al Estado son vitales, en tanto protegen ideológica y culturalmente el dominio político de los peligros que lo acechan. “…una estructura muy compleja y resistente a las irrupciones catastróficas (…) las superestructuras de la sociedad civil son como el sistema de trincheras de la guerra moderna (…). Se trata por consiguiente de estudiar con “profundidad” cuáles son los elementos de la sociedad civil que corresponden a los sistemas de defensa en la guerra de posición” (Gramsci, 2010). Por lo tanto, esas trincheras o posiciones son las instancias de la sociedad civil donde se produce el sentido común y las relaciones sociales que sostienen el orden dominante. La tarea en consecuencia consiste en identificar cuáles son esas trincheras que posibilitan la lucha política efectiva. Cuáles son esos lugares privilegiados donde poder transformar las estructuras de dominación de la burguesía para emprender en el tránsito posible y necesario: medios de comunicación, organización popular autónoma, lugares de producción teórica, etc., los mismos que permitan entonces avanzar en el cambio ideológico cultural de la sociedad, la organización subalterna y el cambio hegemónico.

En esta línea de construcción de una perspectiva estratégica no se puede argüir que hay incapacidad para enfrentar el proceso desde abajo. Es necesario más bien considerar en el caso ecuatoriano, que en los últimos años, se ha dado un conjunto de cambios moleculares, efecto de la modernización capitalista, donde se manifiestan situaciones y procesos nuevos en los sectores sociales como el indígena, los trabajadores y  su movimiento social. Gestándose cambios en las relaciones sociales y simbólicas, en definitiva, en la mutación del sentido común. También se observan cambios en el campo de la organización sindical de los trabajadores principalmente urbanos. Y la novedad del aparecimiento de organizaciones sociales autónomas, como el despliegue de una respuesta político-barrial en las principales ciudades.

Hay entonces una transformación morfológica del movimiento popular, en su proceso de recuperación y configuración, la misma que se enmarca en la perspectiva de la creación de una voluntad colectiva nacional popular. Donde se advierten falencias organizativas-pedagógicas y de definición hegemónica del campo social y popular. Tarea del próximo periodo que se avecina será superarlas. Adicionalmente se requiere considerar el cambio en la configuración y crecimiento de algunos estratos de los sectores medios. Importantes aliados del campo popular. No saber atender a esta nueva situación, especialmente en las elecciones que se avecinan, puede mostrar la falta de sensibilidad y una percepción limitada de la realidad, que hace recordar a un viejo dogmatismo tradicional y esterilizante de las izquierdas, que en el pasado generaron parálisis en su acción. Cuestión que también nos remite al hecho de la constitución de una forma partidaria, establecida institucionalmente, que limita gravemente el derecho a la participación política y que debe ser superada.

Quito, noviembre 2016

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Notas:

[1] Esta investigación y documento fue preparado en el marco de la elaboración del Prefacio a la Segunda Edición (en preparación) del Balance Critico del Gobierno de Rafael Correa, obra que obtuvo el Primer Premio en Ciencias Sociales 2016  de la Universidad Central del Ecuador.

[2] Las nuevas enmiendas propuestas se refieren a temas sobre restricciones a los asambleístas para que integren el gabinete de Gobierno, así como la ampliación de competencias al Consejo de la judicatura, etc.

[3] Aprobadas en julio y noviembre de 2013.

[4]  Los casos principales son: los 10 de Luluncoto, los estudiantes del Central Técnico, del Colegio Mejía, del Colegio Montufar, así como los procesos judiciales a los dirigentes indígenas como Jorge Herrera y Carlos Pérez, y a  líderes comunitarios, algunos de ellos lideraron luchas contra el extractivismo como en Íntag  donde se produjo el apresamiento del dirigente anti minero Javier Ramírez. Todos estos procesos tuvieron irregularidades, arbitrariedades y sobre todo la aplicación en los juzgados de las diatribas del presidente en sus sabatinas.

[5] El saldo que dejaron las movilizaciones de agosto de 2015 (donde confluyeron las marchas urbanas  y el levantamiento indígena) fue de más de 100 presos en todo el país, en el que se incluyen personas de la tercera edad, madres embarazadas y personas fuertemente golpeadas. La mayor violencia que se registró por parte del Estado fue contra las comunidades indígenas en las zonas rurales que plegaron al levantamiento de agosto, donde se  recuerda aun la represión desmedida y brutal a los manifestantes en El Chasqui-Cotopaxi, en Saraguro-Loja y en Sucúa-Morona Santiago. Posteriormente, en el mes de mayo de 2016 fueron sancionados a cuatro años de cárcel por cerrar las vías en el transcurso de las protestas del año anterior.

[6] El proceso de juicio político a Dilma Rousseff en Brasil es un caso especial en el que los grupos políticos (la derecha conservadora y neoliberal de este país) actuaron arbitrariamente y desconocieron el derecho. Esto porque el poder Legislativo ordenó un juicio político careciendo de razones y evidencias que demuestren la implicación de Rousseff en casos de corrupción. Resaltando el maquillaje de las cuentas públicas como principal argumento. Sin embargo, esta es una situación que no se considera como una falta o delito; y los diputados que acusan a la ex presidenta de Brasil inobservaron los procesos judiciales, estos sí por corrupción, en los que estaban implicados. Para más detalles sobre este caso revisar este artículo sobre la estrategia de las derechas para dar este golpe de Estado.

[7] La enmienda relativa a las FF.AA. dice: “Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía e integridad nacional y, complementariamente, apoyar en la seguridad integral del Estado de conformidad con la ley”.

[8] Artículo 371 de la Constitución de la República de 2008.

[9] Préstamos al FMI y BM, venta de activos del Estado como hidroeléctricas, subida del IVA y otros impuestos, despidos en el sector público, recortes del presupuesto general, etc.

[10] Auditoría publicada en diciembre de 2008, presentada por la Comisión para la auditoría integral de la deuda pública, creada en 2007. http://www.cancilleria.gob.ec.

[11] “Se prevé un cambio en las relaciones con el gobierno”,  dijo César Robalino al despedirse del Directorio de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador en diciembre de 2015. Su sucesor es Julio José Prado, que hoy mantiene diferencias con el gobierno alrededor de la propuesta del dinero electrónico (El Universo, noviembre 2015).

[12] Esta medida impositiva tomada por el gobierno no está logrando los efectos de recaudación esperados, ya que, al contraerse la economía, el consumo no representa los mismos volúmenes de años anteriores, y por lo tanto hay un bajón en los ingresos que recibe el Estado por concepto de impuestos como el IVA.

[13] Las movilizaciones populares de este momento de luchas empezaron en el primero de mayo del 2014 y se extendieron con mayor fuerza hasta el final del año, donde se expresó el rechazo al código laboral presentado por el gobierno.

[14] Este clima de movilización del 2015, fue atenuándose hasta el fin de año y principios del 2016.

[15] El cuestionamiento  del movimiento social a las enmiendas abarcaba tanto la oposición a la reelección indefinida, como a la eliminación de la sindicalización del sector público y, en menor medida, al cambio de misión de las fuerzas armadas redirigidas a la seguridad interna. Además, destaca que otras de las razones de la movilización son la falta de redistribución de tierras y de agua que sigue generando pobreza a los sectores indígenas, como fue señalado en una entrevista a Carlos Pérez Guartambel(Contacto Directo, agosto 2015).

[16] Al igual que algunas agrupaciones políticas en la escena electoral que se han desplazado de las posiciones de centro a la derecha, los sectores medios han  oscilado también entre las  movilizaciones de las organizaciones populares y las de derecha, entre la Caja del Seguro y la tribuna de los Shirys.

[17] El colectivo de organizaciones sociales fue formado a finales de 2014.

[18] En un último documento, “Padrones electorales y su coherencia numérica”, elaborado por el Frente de Defensa Nacional en el mes de octubre del 2016, se observa una diferencia en el año 2013 de 1 170 928 de electores,entre la población habilitada para votar y el padrón electoral. Dato que manifiesta indicios de fraude electoral.

[19] “El bio capitalismo se refiere a un capitalismo que para su valorización  ha involucrado a la totalidad de la sociedad. Inclusive (y algunas veces, sobre todo) a la naturaleza, porque está contemplada en lo social y en la producción de bienes y valores (…) La extracción de valor ya no es algo que ocurre solo en la jornada laboral, en las ocho horas en que el trabajador se desempeña en la fábrica, el campo o los servicios. Ahora esto sucede también en los procesos de cooperación social que incluyen toda la sociedad. Todos los que trabajan en la sociedad están involucrados, de alguna manera, en una captación de valor que el capital convierte en dinero sonante, en provecho, en renta”.

[20] La morfología de los sectores medios, a pesar de estar atravesada por los procesos de trabajo inmaterial, no por eso están libres de la precarización laboral, que tiene que ver con todas las formas salariales inestables.

[21] Las organizaciones que constituyen el mencionado  Colectivo Unitario son: CTE, CEOLS, UNE, UGTE, FEUE, FETMYP, CEDOCUT.

[22] Modernización que ha tenido lugar como un proceso de revolución pasiva, en el cual los cambios se dan de manera vacilante hacia las necesidades nuevas del capital financiero y transnacional, en el cual se juega el devenir del proceso entre el avance de fuerzas retrógradas o  progresivas. Bonapartismo, cesarismo, populismo, son por su carácter reformista y conservador a la vez, dispositivos de la revolución pasiva y de la modernización capitalista contemporánea.

Francisco Muñoz Jaramillo, Mario Unda, Carlos Michelena Ordoñez

Profesores de la Universidad Central, Quito, Ecuador.

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