Argentina: Los Presos Políticos de Macri y el Gobernador Morales – Por Jorge Elbaum * (especial para NODAL)
El gobierno provincial de Jujuy, ubicado en el norte de la República Argentina, ha desatado una persecución política contra la dirigente social, Milagro Sala y otros activistas, que en lo ultimo años se habían constituido en referentes de los sectores más marginados de esa provincia. La propia Sala, en las últimas eleccionesrealizadas a fines del año 2015 fue elegida parlamentaria del PARLASUR, entidad supranacional legislativa destinada a debatir y aprobar normas vinculantes y promover la integración de los países del MERCOSUR. El hecho de haber sido electa, y de gozar de inmunidad parlamentaria, no fue óbice para que la policía provincial procediera a su detención un mes después de haber sido elegida en el cargo.
El gobernador de dicho distrito, Gerardo Morales, ha ejecutado desde el primer día de su gestión una acoso jurídico contra toda forma de lucha social, asegurándose acusaciones contra dichos grupos, a través de jueces y fiscales funcionales a los deseos del gobernador. Para lograr su cometido, en una muestra de arbitrariedad manifiesta, manipuló la justicia local para encarcelar preventivamente, sin condena, a quien ha conformado una organización política regional –la Tupac Amaru-, que se ha caracterizado por defender los intereses de los pueblos originarios y los sectores más postergados.
Entre las acciones que desarrolló la organización Tupac Amaru, figura la construcción de un barriada popular que incluía viviendas para los cooperativista de la zona, hospitales, atención psicológica, áreas recreativas, deportivas y talleres de manufactura con enseñanza de oficios. El emprendimiento contenía diferentes cooperativas de trabajo y consumo, la mayoría de las cuales se encontraban ubicadas en la capital provincial, además de instancias educativas de diferentes niveles, con enseñanza de oficios, e incluía piscinas y centros de odontología de alta complejidad.
El encarcelamiento de Milagro Sala ha sido cuestionado por organismos internacionales como la OEA y el Comité de seguimiento de las detenciones arbitrarias de Naciones Unidas. El próximo 16 de enero se cumplirá un año sin que haya sido la acusada condenada por ninguna de las causas que el gobernador Morales ha manipulado para debilitar la fuerza de la organización comandada por Sala, destruyendo al mismo tiempo el empoderamiento que miles de cooperativistas habían alcanzado después de construir con sus propias manos dichas barriadas.
El gobierno de Mauricio Macri comparte la alianza política con el gobernador jujeño -dentro de un frente conformado por diferentes partidos conocido con el nombre de “Cambiemos”- le ha brindado su apoyo a Morales en la irregular detención de Milagro Sala. Días después de la asunción de ambos –Macri como Presidente y Morales como gobernador en diciembre de 2015- éste último aprobó en la Legislatura provincial la ampliación de la Suprema Corte (instancia jurídica de máximo nivel jurisdiccional), llevando de cinco a nueve los miembros de dicho tribunal. Las cuatro vacantes de su ampliación fueron ocupadas por adherentes y amigos de su partido político. Esta maniobra garantizó la irregular detención de Milagro Sala, legitimada con el silencio de dicha instancia judicial.
Desde la detención centenas de organizaciones nacionales e internacionales han exigido la inmediata libertad de Milagro Sala definiendo su encarcelamiento como una clara prisión de índole político. Amnistía Internacional, el Primer Ministro de Canadá, la organización «Human RightsWatch» y el propio Secretario General de la OEA, Luis Almagro, han solicitado formalmente su liberación, poniendo en evidencia el señalamiento internacional al gobierno macristaen referencia a la carencia de Derechos Humanos básicos expresados en este caso .
Desde el mismo inicio de la detención arbitraria se conformó en Argentino el Comité de solidaridad por la liberación de los presos políticos, aunando en su seno a decenas de organizaciones sociales, sindicales, políticas y universitarias comprometidas en la inmediata liberación de los detenidos en Jujuy.
El Caso de Milagro Sala junto a los denominados “Panamá Papers” –que tiene al Presidente Mauricio Macri y a su familia como máximos acusados por fuga de capitales a “paraísos fiscales”—son las dos asuntos de exposición pública internacional más acuciantes para quienes, apenas después de un año de gobierno, transitan un tembladeral económico expresado por un creciente endeudamiento externo, una pirámide inflacionaria que no han logrado paliar y una recesión económica que ha reducido gravosamente el mercado interno.
El caso de Milagro Sala y del resto de los detenidos por razones políticas en Jujuy aparece como una clara forma de “estado de excepción” característico de los sistemas dictatoriales, en donde un señor feudal puede dirigir la justicia sin limitaciones jurídicas de ningún tipo. Uno de los tribunales acólitos del gobernador Morales fue el encargado de dar el primer veredicto en referencia a una de las acusaciones tramitadas por la gobernación. Quienes forman parte de la defensa de la dirigente social han realizado su alegato el miércoles pasado 21 de diciembre, dejando en claro el escandaloso “armado apócrifo” de la causa, destinado a condenar sin pruebas a Milagro Sala y el resto de sus compañeros hoy detenidos.
El veredicto, consistente en tres años de presión en suspenso (es decir excarcelable) no permite la inmediata liberación de Sala sino que se tomará a futuro como parte de los veredictos con los cuales el gobernador Morales pretende encarcelar por varios años a la totalidad de los dirigentes sociales. Jujuy es una provincia limítrofe con la República Plurinacional de Bolivia. La creatividad popular ha inscripto en las paredes grafities que ubican en Bolivia a Evo y en Jujuy al “medio-evo”, en relación al atraso feudal que supone una justicia carente de independencia y ecuanimidad.
* Sociólogo argentino
