Organismos de DDHH critican informe oficial que relativiza la cifra de víctimas de la dictadura
“Se trata de una campaña de bastardeo”
Primero fue Darío Lopérfido, a quien la negación de la existencia de 30 mil desaparecidos le costó la permanencia al frente del Ministerio de Cultura porteño. Luego fue el propio presidente Mauricio Macri, quien puso en duda la cifra durante una entrevista. El lunes, se sumó la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que difundió una supuesta “cifra oficial” de víctimas del terrorismo de Estado, que por poco superaba los siete mil, en un nuevo intento de parte de la gestión de Cambiemos de centrar el análisis de los crímenes de la última dictadura cívico militar en la cantidad registrada de víctimas. El movimiento de derechos humanos entiende que se trata de una “campaña de bastardeo y desprestigio” y una maniobra para “desviar la discusión” y “poner en duda la ética de los organismos”.
El lunes, la secretaría de Derechos Humanos difundió los datos actualizados del Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE), dependiente del Ministerio de Justicia, para responder a una consulta privada de la ONG Ciudadanos Libres sobre la cantidad de desaparecidos entre 1973 y 1983. Si bien el organismo oficial podría haberse limitado a contestar la pregunta de Ciudadanos Libres (que promovió cacerolazos contra el gobierno anterior y denunció a CFK por conspirar contra Mauricio Macri), decidió sacar un comunicado oficial para informar que en ese período se produjeron “7.010 desapariciones forzadas y 1.561 asesinatos, (…) 8.571 víctimas de terrorismo de Estado”. La notificación deja constancia de que se trata de una cifra “parcial” ya que “se siguen recibiendo nuevas denuncias”.
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo dijo que la difusión de esa cifra es “una campaña de bastardeo y desprestigio” de los organismos de Derechos Humanos. “Quieren hacernos quedar como mentirosas, inventoras de historias. Se han atrevido a decir que nuestros hijos están vivos en el exterior disfrutando de 40 años de ausencia cuando los propios asesinos dijeron que eran 45.000 entre muertos y desaparecidos y las Naciones Unidas registraban más de 15.000”, aseguró Estela Carlotto.
Carlos Pisoni, de HIJOS, advirtió que “no es casual que este informe salga cuando el país está siendo cuestionado por violaciones a los derechos humanos”, en relación a la detención de Milagro Sala. “Esta es una estrategia pensada y digitada por (el secretario de Derechos Humanos Claudio) Avruj para poner en duda el trabajo y la ética del movimiento de derechos humanos”, continuó y desafió al funcionario a “estar comprometido en saber cuál fue el destino de las víctimas en lugar de sumar o restar cifras. Para eso, en vez de recortar el presupuesto de la secretaría lo tendría que estar aumentando”.
Desde Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Graciela Lois señaló que “nosotros decimos 30 mil, es una cifra simbólica, pero es el Estado el que tiene que investigar exhaustivamente y con todos los medios, con todos los archivos a disposición, cuál fue el alcance cuantitativo del golpe, que aún es una gran deuda. Que no nos que no nos pongan la carga a nosotros de decir cuántas fueron nuestras víctimas”, opinó. Es que el Registro del que informa la secretaría se basa en las denuncias de los familiares y, como señalan los organismos de derechos humanos, son los represores quienes deben dar la información.
El sistema usado por la última dictadura se basaba en ocultar a las víctimas, hacerlas desaparecer y no confirmar su muerte. Eso hace que no haya habido un verdadero “registro” de víctimas y sea difícil establecer un número. Aún así, en documentos desclasificados de Estados Unidos consta que en 1978 los militares reconocían 22 mil víctimas. El cuestionamiento de la cifra simbólica de 30 mil también trae aparejada la relativización de los crímenes. Durante este año, tres veces se desató la “polémica” sobre el número.
Graciela Rosemblum, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, expresó que lo central es “lo cualitativo, los motivos de esos crímenes: destruir los lazos de solidaridad, a las organizaciones que planteaban una vida digna, un profundo cambio en estructura económica y social. Lo que no van a poder negar es que se planificó la tortura, la desaparición, la detención, el exilio, la destrucción del aparato productivo, las privatizaciones, algo mucho más profundo que un número”.
