Dos miradas contrapuestas sobre la jornada electoral del próximo domingo
Nicaragua – Crónica de una intervención abortada
Cada vez que Nicaragua se apresta a realizar unas elecciones, este pequeño y empobrecido país es objeto del intenso escrutinio de los gobiernos y medios occidentales. Las elecciones nacionales de este año no son para nada una excepción. Como en años anteriores, los medios, ONGs y gobiernos occidentales están impulsando una campaña de guerra sicológica contra el gobierno sandinista del país, dirigido por Daniel Ortega.
Como es de costumbre, abundan las críticas sin base y las imágenes deliberadamente distorsionadas del sistema electoral. Pero todas las encuestas de opinión, tanto nacionales como extranjeras (GALLUP, M&R, Borge y Asociados, Mitofsky…), predicen una victoria aplastante para Daniel Ortega como Presidente por el Frente Sandinista y su Alianza Unida, Nicaragua Triunfa. La cuestión principal no es la de si Daniel Ortega y el FSLN ganarán, ni por cuánto, sino la de si ciertas fracciones de la derecha local y regional, dependientes del apoyo político de los Estados Unidos, serán o no capaces de poner en duda la legitimidad de las elecciones como tales.
Seis alianzas políticas y partidos competirán en las elecciones presidenciales, mientras que siete competirán en los comicios legislativos. Hasta este momento, más del 80% de las personas encuestadas dicen que seguramente o probablemente votarán. Entre esos electores, el FSLN como partido generalmente obtiene niveles de apoyo de más o menos el 60%, los partidos de oposición obtienen cerca del 10%, y los votantes indecisos, de cerca del 30%. Eso significa que Daniel Ortega, cuya popularidad personal anda por el 79%, probablemente será reelegido con al menos 70% de los votos. Probablemente, el FSLN aumentará ligeramente su ya sólido control sobre la Asamblea Nacional a expensas de unos partidos de oposición agriamente divididos entre sí que hace ya tiempo perdieron el apoyo de sus aliados naturales en la clase empresarial de Nicaragua.
Los siguientes factores explican por qué el Presidente Ortega y su compañera, Rosario Murillo, así como el partido FSLN que dirigen son tan populares, aún luego de 10 años al frente del gobierno:
– El gobierno de Daniel Ortega ha priorizado el crédito y la asistencia técnica al 70% de la fuerza de trabajo en Nicaragua que trabajan por cuenta propia en pequeños negocios en el sector informal de la economía, o en alguna forma de asociación cooperativa, es decir, a los sectores que fueron marginalizados durante los anteriores gobiernos neoliberales.
– La clase capitalista en Nicaragua apoya el plan de desarrollo nacional del Gobierno Sandinista porque éste ha sido extremadamente exitoso y porque la oposición política en Nicaragua no tiene otro proyecto alternativo.
– Los programas de inversión pública en infraestructura, electrificación, salud y educación gratuitas, apoyo al deporte y la cultura, subsidio de los servicios y el transporte, de inspiración socialista, han mejorado tremendamente la calidad de vida de las familias de bajos ingresos que son la mayoría de la población.
– El FSLN y el Presidente Ortega han honrado su compromiso con un Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional basado en el diálogo y los consensos con todos los sectores sociales, incluyendo, por ejemplo, a la jerarquía de la Iglesia Católica, a las iglesias evangélicas, a los sindicatos, y a la empresa privada.
– La oposición política de Nicaragua se ha mostrado irremediablemente dividida desde su fracaso en alcanzar un apoyo mayoritario en las elecciones municipales de 2008, la última vez que combinaron sus fuerzas para hacerle frente al FSLN.
Ni la oposición política de Nicaragua ni sus padrinos en el extranjero tienen una alternativa coherente a esta poderosa combinación de factores políticos, económicos y sociales que apoya al Presidente Ortega y al FSLN.
Los partidos políticos de derecha que legítimamente compiten en las elecciones del 6 de noviembre, por su parte, han eludido jugar el papel de ser simples peones de las políticas de los Estados Unidos.
Por otro lado, el sector de la oposición política más afectado por el colapso del apoyo popular a la derecha en el país ha sido el de los ex-sandinistas aliados con el banquero acusado de corrupción y perenne perdedor, Eduardo Montealegre, así como otros políticos derechistas menos conocidos.
Incluso ahora, esa minúscula fracción, que se llamaba a sí misma Coalición Nacional por la Democracia, se ha dividido en un grupo llamado Ciudadanos por la Libertad y otro llamado Frente Amplio por la Democracia. Estos autodenominados demócratas han probado su incapacidad de organizar con éxito un proyecto político propio.
No admiten que nadie disienta con ellos, ni siquiera en sus propias filas, y persistentemente culpan de sus fracasos a Daniel Ortega y a sus otros rivales de los partidos de derecha. Su única opción política es la de pedir la intervención extranjera y tratar de deslegitimar las elecciones del 6 de noviembre llamando a la abstención.
Como lo ha señalado el veterano activista de la solidaridad con Centroamérica y Nicaragua Chuck Kaufman, los ex-sandinistas y sus igualmente marginales aliados derechistas abiertamente han cabildeado en los Estados Unidos para que se veten todos los préstamos para desarrollar Nicaragua en los organismos financieros internacionales.
Las élites imperiales en los Estados Unidos y sus peones en Nicaragua son quienes han puesto en tela de juicio el sistema electoral de Nicaragua, proclamando que «no hay por quién votar», tratando de invalidar las próximas elecciones de la misma manera que lo intentaron con las elecciones del año 2008. En aquella ociasión, vanamente declararon inválidas las elecciones municipales a la vez que se negaron a aceptar un recuento de votos que ellos mismos habían demandando en la capital, Managua.
Este año exigen que se invaliden las elecciones porque, a través de su propia incompetencia política, legal y administrativa, perdieron el control de su partido político de preferencia, el Partido Liberal Independiente (PLI), que pasó a ser controlado por facciones rivales dentro del mismo partido de derecha.
Dicen que la falta de observadores electorales extranjeros y nacionales invalidará el resultado. Pero 5.000 observadores nacionales de las universidades del país monitorearán el proceso, que también será acompañado por distinguidos expertos electorales de toda América Latina de impecable imparcialidad. Dicen que la esposa de Daniel Ortega, Rosario Murillo, no debería correr como Vice-presidenta de su marido, cuando las encuestas de opinión desde hace ya años muestran que su popularidad a nivel nacional alcanza niveles bastante por encima del 70%.
En cualquier otro país, nadie prestaría la menor atención a un grupúsculo de derecha con apoyos en las encuestas de menos del 1% que gritasen «¡Fraude!» contra rivales políticos con niveles de aprobación personal por encima del 70% año tras año. Pero en el caso de Nicaragua, todos los sospechosos de costumbre (los EEUU, la CNN, los Uribes del continente, Laura Chinchilla, ARENA de El Salvador, lo peor de Miami, etcétera) brindan su apoyo a éste último aborto de gambito político de un grupo minúsculo de antidemocráticos y narcisistas vendepatrias.
Derechistas estadounidenses como los patrocinadores del terrorismo Illeana Ros-Lehtinen y Marco Rubio les han expresado su apoyo. ONGs expertas en guerra sicológica como la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés) repiten como loros idénticos ataques al sistema electoral del país y a su gobierno, aunque a duras penas tratan de reconciliarlos con la evidente contradicción de un apoyo popular masivo para Daniel Ortega, Rosario Murillo y el Partido Sandinista, con alegatos de represión y supuestas «tendencias dictatoriales» en el país.
La Organización de Estados Americanos (OEA) mostró todas las señales de querer apoyar los esfuerzos de deslegitimar las elecciones. Sin embargo, alerta del peligro, el Presidente Ortega invitó a la organización a Nicaragua para un diálogo sobre el proceso electoral y temas relacionados. El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, él mismo un flagrante intervencionista contra países como Venezuela y Nicaragua, no podía rechazar la invitación de Ortega sin perder legitimidad.
De esta manera, la OEA no observará las elecciones del 6 de noviembre y ha sido obligada a reconocer al Gobierno de Nicaragua como una contraparte cuya soberanía debe respetar. Los verdaderos perdedores en las elecciones del próximo domingo no serán los candidatos derechistas que con casi toda seguridad serán derrotados por el Presidente Daniel Ortega, sino el pequeño grupo de extremistas de derecha, incluyendo a muchos ex-sandinistas, que en vano trataron de urdir un rechazo internacional a los resultados de las elecciones en Nicaragua.
¿El soberano decide? – Por Azahálea Solís Román
¿Estamos en un proceso electoral? De acuerdo a la Constitución Política de la República así debería ser, pero el sultán tropical que asumió el poder en enero de 2007 con la consigna nazi del führerprinzip, al cabo de todos estos años ha trabajado para demostrarnos su verdadera cara: que él se considera el pueblo y que por lo tanto su palabra está por encima de cualquier ley, porque…él es la ley.
La legitimidad solo la otorga el pueblo. No es retórica, pero se presta a confusión, porque Ortega quiso borrar desde muy temprano el pluralismo social, político y étnico y pretendió que asumiéramos que el pueblo es él, un todo homogéneo, donde la diversidad real de la sociedad luce algo así como pecaminosa.
Algunas precisiones técnicas-jurídicas
El proceso electoral está constituido por las distintas fases comprendidas entre la convocatoria a las elecciones y la proclamación de electos de conformidad con lo establecido en la legislación. En las sociedades modernas son el medio para garantizar la democracia representativa, es decir el acto de “transferencia de representación de la ciudadanía de un Estado a quienes constituyen los órganos de representación”.
Los elementos de un proceso electoral lo constituyen los sujetos, los medios, las etapas y los plazos. Entre los sujetos del proceso electoral están los organismos que lo desarrollan, los cuales deben actuar con profesionalismo y objetividad. La ausencia de estos elementos, tanto en los actos que se ejecutan, como por quienes la ejecutan, comprometen la legitimidad del proceso y sus resultados.
Entre los sujetos también está el cuerpo electoral y los actores políticos, es decir el conjunto de personas y organizaciones que pueden ejercer el sufragio pasivo o activo.
Los medios de participación son los instrumentos para concretar la participación política de toda la ciudadanía, con el objetivo de lograr su representación en el poder político. Esto comprende el voto en sí y la postulación de candidaturas.
Las etapas deben garantizar que la voluntad popular se manifieste libremente, para ello la ciudadanía debe poder escoger entre todas las opciones políticas e ideológicas que están presentes en el conjunto de la sociedad, como se define en algunos manuales electorales se debe poder “trasuntar el mandato individual de cada ciudadano para convertirlo en expresión colectiva destinada a determinar quienes resultarán depositarios de la soberanía popular durante un período determinado”.
La realidad nacional electoral
En Nicaragua se habían producido varios procesos electorales mediante los cuales se eligieron autoridades nacionales, regionales y municipales, bastante aceptables, aunque no exentos de señalamientos administrativos que no llegaron a comprometer la legitimidad de los resultados. Sin embargo, empezaron a producirse una suerte de ensayos que dieron resultados electorales en los que la voluntad popular no quedó explicitada, caso de una elección municipal en Granada y la falta del 8% de los resultados totales de las elecciones generales de 2006. Se empezó así a deteriorar de manera deliberada la transferencia de representación de la ciudadanía nicaragüense, con lo cual también se fue, adrede, trabajando por devaluar las elecciones.
A pesar de ello, tanto en las elecciones municipales de 2008, como en las elecciones generales de 2011, sectores importantes de la ciudadanía participaron activamente en esos procesos electorales. Pero ya para entonces, lo que empezó como un ensayo se convirtió en una “política pública” de demolición de los instrumentos necesarios para garantizar la democracia representativa, pues el fraude electoral fue la tónica de ambas elecciones.
Se actuó completamente al margen de la ley, eliminando partidos de la contienda, suprimiendo candidaturas de forma arbitraria y caprichosa, quitando la condición de diputados a personas electas, entre otros actos ilegales e ilegítimos. Con lo que se anuló la profesionalidad del órgano electoral, se impidió ser actores políticos a parte de la ciudadanía nacional, lesionando gravemente la universalidad del voto y el principio y el derecho de igualdad de esa ciudadanía. Además, lo que no es poca cosa, se fue explícitamente desdibujando la separación de poderes, normalizando la actuación al margen de la ley y negando en la práctica el derecho a elegir y ser electo.
La legislación nacional establece que el voto es universal e igual para toda la ciudadanía, sin embargo los fraudes electorales contradicen esa definición y esto se ve afectado aún más gravemente con lo ocurrido principalmente a partir de junio del presente año.
¿Proceso electoral?
Se realizó una convocatoria al capricho del poder, las “autoridades” electorales actúan al margen de la ley, se violenta la voluntad popular, se dan a conocer datos sin cumplir lo que las normas mandatan, las autoridades estatales obvian al mandante y se asumen no como mandatarios sino como dueños absolutos y sin límites de la soberanía, entonces, ¿podemos llamar proceso electoral lo que se está viviendo en Nicaragua?
En la calle ya se sabe quién va a ganar, como se dice popularmente “ganó mañana”, y hasta se puede afirmar el alto porcentaje que se auto otorgará el candidato Ortega, entonces, ¿estamos ante un proceso electoral en que se pueda trasuntar el mandato individual de cada ciudadano para convertirlo en expresión colectiva?
¿Qué hacer?
Los dos grandes hitos de la historia reciente de Nicaragua tuvieron salidas distintas. En 1979 fueron las armas, en 1990 fueron los votos. Después de tantas luchas y esfuerzos estamos de nuevo ante una disyuntiva histórica potencialmente excluyente y peligrosamente derivando hacia la confrontación. Y no tenemos ni la salida de las armas ni de los votos.
Conscientemente hemos optado por la lucha cívica. La violencia no es un elemento constitutivo del ser nicaragüense. Queremos realizar la disputa ideológica y política de forma pacífica. Durante muchos años en todo el país se trabajó por la participación ciudadana, la autonomía municipal y regional, la descentralización administrativa, la reconciliación, la paz, los derechos de las mujeres, los derechos de la niñez y la adolescencia, la diversidad sexual, la incidencia política, el diálogo estado-sociedad. Hemos dado muestra que queríamos otro país.
Sin embargo nos han recetado la negación de la diversidad, la homogenización social, el centralismo gubernamental, la anulación de la separación de poderes y la independencia judicial. Nos niegan el derecho a elegir, a decidir y a que en igualdad de condiciones todas las personas tengamos representación política.
Un poder sin límites nos atenaza y pretende anularnos. Quiere afirmar que el pueblo es él y que la soberanía no es nuestra.
Pero, ¡no!, la soberanía popular es del pueblo y el pueblo somos toda la ciudadanía, toda la población nicaragüense. ¡Somos el mandante!
Al pueblo de Nicaragua le costó mucho tener el derecho a elegir y ser electo. Las mujeres de Nicaragua pudimos votar hasta la segunda mitad del siglo XX. ¡Nuestro voto vale!
Mi voto es mío y no tengo por qué desperdiciarlo en una farsa, en un proceso que es un remedo, una puesta en escena.
El régimen ya decidió que ilegalmente se reelige, decidió que niega el derecho de participación a las organizaciones y personas que quiere, decidió que destituye diputados electos por miles de personas y finalmente decidió que quiere empezar su propia dinastía. En suma ha decidido usurpar la soberanía popular.
Por todo ello, la abstención es la salida y no el voto nulo, porque se vota en procesos electorales y este no lo es. Se vota, asumiendo que se cuentan los votos y aquí se dan los datos al gusto del dictador. Se vota para decidir y aquí la consigna gubernamental es el fraude.
Si en 1979 la salida fueron las armas y en 1990 fueron los votos, en el año 2016 la voluntad individual para conformar la expresión colectiva es preservar nuestro voto y no entregarlo al manoseo de la dictadura. ¡La abstención es la salida! Ese es nuestro compromiso para el presente y futuro. Ese es nuestro deber para derrotar a la dictadura, evitar la confrontación y lograr la paz y el desarrollo.
