Guatemala: el Comité de Unidad Campesina rechaza represión a comunidades durante desalojos
Campesinos y campesinas heridos, viviendas quemadas y dos compañeros campesinos detenidos es el saldo del desalojo violento que se llevó a cabo, en la comunidad Agrario El Esfuerzo Túnico, El Estor, Izabal.
La orden de desalojo se autorizó a solicitud de la familia Arriaza de la empresa Inversiones Cobra Sociedad Anónima o conocida como finca Cobra. Como respuesta 1800 Agentes de la Policía Nacional Civil –PNC- fueron movilizados al lugar para desalojar a la comunidad el Esfuerzo Túnico, miembro del CUC, durante ese desalojo sobrevolaron dos helicópteros desde donde estaban supervisando la ejecución del mismo. El desalojo se llevó a cabo a pesar de que existía una mesa de diálogo entre comunidades y representantes de los finqueros, mediada por la institucionalidad agraria del Estado con el acompañamiento del CUC.
14633083_1240366862651762_2448844657053877317_nLa familia Arriaza son dueños de la finca el Murciélago y se han adueñado anómalamente de tierras de la Sierra Santa Cruz, corriendo sus monjones ilegalmente. Gran parte de esa finca se dedica a la producción de banano y Palma Africana.
Este desalojo ha violentado el Derecho a la Vivienda, el Derecho a la Tierra, el Derecho a la Alimentación, el Derecho al Territorio de Pueblos Indígenas, entre otros derechos de 88 familias campesinas que lo único que hacen es sobrevivir con la siembra de maíz y frijol, ante la reconcentración de la tierra para la expansión de monocultivos en esa área.
Aunque los altos mandos de las fuerzas represivas del Estado han dicho que solo se ejecutará un desalojo, se ha mencionado que son 26, los que se llevarán a cabo en El Estor. Con eso buscarían justificar un Estado de Excepción (estado de sitio), en ese municipio, tal como lo hizo el gobierno corrupto de Otto Pérez Molina en Jalapa, Santa Rosa, San Juan Sacatepéquez y Santa Cruz Barillas o justificar una masacre como lo hicieron en Totonicapán.
Este hecho se une a la campaña a gran escala de criminalización y persecución en contra de nuestra organización. Cabe recordar que el 24 de septiembre de 2016, fue capturada nuestra coordinadora regional en la Costa Sur, Dalila Mérida, y cuatro compañeros más quedaron con arresto domiciliar por defender los derechos laborales de unos 300 extrabajadores de la finca San Gregorio Piedra Parada.
El 9 de septiembre, fueron detenidos dos compañeros y una compañera en un desalojo violento que se llevó a cabo en el municipio de Catarina, San Marcos, también resultaron varias personas heridas de gravedad.
Por otro lado, el 2 de septiembre del año en curso, nuestro dirigente a nivel nacional en Alta Verapaz, Hermelindo Cux fue agredido por un grupo armado que asaltó su vivienda. Por este caso existe una nueva denuncia, infundada en contra de nuestro coordinador general, Daniel Pascual Hernández sobre varios delitos graves. No se descarta que ese ataque haya sido perpetrado por grupos que tienen interés en la región del Valle Polochic como: narcotráfico, crimen organizado o grupos de poder económico que tienen interés de dañar al CUC.
Recordamos que en el mes de julio los grupos de poder económico del Valle del Polochic pagaron en los canales de televisión abierta y en Internet (en la página Ingobernabilidad en el Polochic), una campaña de desprestigio en contra de comunidades campesinas del Estor y el Valle del Polochic miembros del CUC.
Por lo anterior afirmamos que el CUC está bajo el asedio de los ricachones quienes se valen del apoyo de las fuerzas represivas del Estado para acallar a nuestras bases o aniquilar a nuestra organización.
Desde ya hacemos responsables a las fuerzas represivas del Estado (PNC y Ejército), de las agresiones físicas y de la vida de 88 familias de la comunidad Agrario El Esfuerzo Túnico, El Estor, Izabal.
Denunciamos que las autoridades han violentado los protocolos nacionales e internacionales sobre desalojos al quemar viviendas y disparar en contra de la humanidad de campesinas y campesinos de la comunidad El Esfuerzo Túnico. Alertamos a las comunidades campesinas a nivel nacional para que estén atentas ante la ola de represión que el Gobierno está implementando.
A las organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos hacemos un llamado para brindar acompañamiento a la comunidad que ha sido víctima de ese nuevo desalojo violento y la violación de Derechos Humanos.
Toda esta problemática es consecuencia de la carencia de una política agraria integral del Estado que busque de fondo el acceso a la tierra para comunidades indígenas en su propio territorio.
¡A mayor represión, mayor organización!
Comité de Unidad Campesina –CUC-
Cabeza clara, corazón solidario y puño combativo de las y los trabajadores del campo
Miembro de la Coordinación y Convergencia Maya Waqib Kej, de la CLOC-Vía Campesina Internacional y la Asamblea Social y Popular.
Guatemala, 26 de octubre de 2016.
