Ernesto Samper, secretario general de Unasur, sobre la paz en Colombia: “El acuerdo es válido por ser humanitario”
Por Martin Granovsky
“El acuerdo es válido por ser humanitario”
El expresidente colombiano y actual secretario de Unasur dice que el acuerdo firmado entre Santos y las FARC fue depositado en Ginebra y ya es parte del sistema de la ONU para proteger a poblaciones civiles. Explica por qué rige y cuál es su plan.
Cabeza de Unasur desde 2014, ya anunció que no se postulará a la reelección. Ernesto Samper aceptó quedarse en el cargo hasta enero mientras los países logran consenso sobre un sucesor. “Quiero volver a Colombia a trabajar en la paz”, dijo a Página/12 durante una visita a la Argentina.
–¿Festejó el otorgamiento del Nobel de la Paz al presidente Juan Manuel Santos?
–Sí, claro. Ayuda a fortalecer el proceso de paz.
–¿También lo merecían las FARC?
–Por supuesto. Hubiera sido un estímulo para otros procesos de negociación pendientes en el mundo.
–¿Cuál fue su reacción personal ante el resultado del plebiscito?
–Una mezcla de desilusión, de sorpresa, de desconcierto… Fue una especie de Brexit a la colombiana. Por eso luego de conocerse el resultado hubo una marcha del silencio para pedir la paz. De alguna manera confirma que el hecho fue sorpresivo.
–¿Por qué ganó el No?
–Mi interpretación es que mientras que el voto por el Sí fue propositivo, claro, transparente y con un sentido, el voto por el No reunió una cantidad heterogénea de comportamientos negativos. La gente no votó en contra de la paz sino en contra de muchas situaciones.
–¿Castigó a Santos por la situación económica, por ejemplo? ¿O porque ya va por su segundo período y a veces hay desgaste?
–Perfectamente son posibles ésas y otras hipótesis. Yo advertí en su momento sobre el peligro de que el plebiscito fuera un plebiscito sobre el gobierno de Santos. Pero también era malo que fuera un plebiscito sobre las FARC, porque no pensemos que las FARC están primeras en el ranking de popularidad, ¿no? Era paradójico: había que lograr un acuerdo de dos partes y luego que el voto no se quedara en la valoración de cada parte sino del acuerdo.
–Luego del Mayo francés de 1968 Charles De Gaulle convocó a un referéndum para rediseñar las regiones (la verdad, para legitimarse) y lo perdió. Después renunció y dijo que a los plebiscitos los carga el diablo. ¿Pasó lo mismo con el de Colombia?
–Sí. Se convirtió en un plebiscito electoral. Fue entendido como una consulta sobre si el votante estaba a favor o en contra del gobierno.
–¿Hay alternativa?
–Sí, hay. Según disposiciones constitucionales, como el plebiscito es vinculante no puede ser el Presidente quien envíe al Congreso los proyectos necesarios para implementar el acuerdo. Pero sí pueden tomar la iniciativa grupos de organizaciones sociales o de parlamentarios, y el Congreso podría aprobarlos sin reparos constitucionales. La decisión de las FARC, en la cual coincidió el gobierno, de pactar los acuerdos como el desarrollo de protocolos de la Convención de Ginebra en el marco del derecho internacional humanitario, les da a estos acuerdos la validez de un tratado internacional humanitario. El acuerdo es válido porque es humanitario. Es un tipo especial de tratado con especial protección. Para firmar esos acuerdos no fue necesario el permiso del Congreso. Los tratados humanitarios están por encima de cualquier consideración interna. La tesis que hemos sostenido algunos es que si se acepta que dos partes en conflicto puedan hacer cualquier acuerdo sobre humanización del conflicto –es decir sobre la protección de la sociedad civil– y esto tiene una especial protección internacional, con mucha más razón alcanza al acuerdo para terminar un conflicto.
–¿Por qué con más razón?
–Porque es la humanización definitiva. Los acuerdos, además, fueron depositados como tratados humanitarios en Ginebra, dentro del sistema jurídico de las Naciones Unidas.
–En términos jurídicos, ¿ese hecho de haber depositado los acuerdos está por encima del plebiscito?
–Sí, porque es el acuerdo de dos partes de un conflicto que se acogen a las normas del derecho internacional humanitario para aliviar la situación de la población civil inocente. Además, el derecho internacional humanitario está contenido en la Constitución colombiana. Esto explica por qué Álvaro Uribe, en declaraciones públicas hechas el miércoles, discutió la existencia de un tratado internacional en términos del derecho internacional humanitario. Él sabe bien cuál es el punto más vulnerable de sus argumentos. Yo no tengo dudas de que existe ese tratado, que en su momento fue avalado por la Fiscalía General.
–Entonces, ¿Santos debería dejar que avancen en el Congreso con el acuerdo diversas organizaciones sociales y grupos parlamentarios, abarcando naturalmente parlamentarios suyos?
–Los voceros del No insisten obcecadamente en puntos que son no negociables: las FARC no los aceptarían. Uribe dice: “No estoy de acuerdo en que no paguen con la cárcel”. Pero parte de los elementos esenciales del tratado es que la gente pueda dejar las armas y hacer política, lo cual sería obviamente imposible si esa gente tuviera que pagar con penas privativas de la libertad. ¿Quién firmaría su salida del monte para ir a meterse a una cárcel ocho o 20 años?
–¿Un eventual avance en el Congreso no irritaría de modo virulento al pueblo colombiano después del plebiscito?
–No, porque la gente no votó contra la paz y mucho menos aprobó la guerra. Ni siquiera Uribe habló abiertamente contra la paz. Fue más bien un voto castigo.
–Ese escenario que para usted es deseable, ¿cuánto tiene de posible?
–Hay que entender bien que el gobierno colombiano está obligado a cumplir con el acuerdo humanitario y que el Congreso sí tiene facultades para convertir esos acuerdos en leyes con validez constitucional. Se podría hacer un gran pacto para que pudieran presentar esos proyectos de ley los miembros de la sociedad civil y los legisladores. Eso tendría mayoría en el Congreso. No pasaría lo de Guatemala, donde el Congreso negó los acuerdos y luego igual los pusieron en vigencia.
–El plebiscito no era obligatorio según la Constitución.
–No, pero era difícil sacar adelante los acuerdos de La Habana porque no hubo antes una participación activa de la sociedad civil. Hubo situaciones mediáticas de participación, que no es lo mismo. Eso explica los sondeos previos, según los cuales el 80 por ciento estaba con la paz y al mismo tiempo el 80 por ciento no quería darles nada a las FARC a cambio de la paz. No hubo una pedagogía política sobre la paz. Fallamos. No nos dimos cuenta del trabajo mezquino pero eficaz que convenció a mucha gente con frases como ésta: “Lo que le van a dar a la guerrilla es lo que no le van a dar a usted”. La pedagogía es clave. La historia mundial revela que a mayor participación de la sociedad civil habrá luego mayor solidez de la paz.
–Los acuerdos de paz tenían gran legitimidad internacional ya antes del Nobel para Santos. Solo para hablar de Sudamérica, debe ser el único tema donde había convergencia entre Michel Temer, Lula, Mauricio Macri y Cristina Kirchner.¿Este factor ayuda?
–Y fuera de Sudamérica hay que sumar a favor de la paz el gobierno de los Estados Unidos, el Vaticano, el sistema de Naciones Unidas que ejecutaría el acuerdo… No le veo mayor problema a la política interna colombiana. Está mal interpretar el voto del No como un voto en contra de la paz. Fue más un sindicato de odios que otra cosa.
–El gobierno de Hugo Chávez y después el de Nicolás Maduro se comprometieron con el proceso de paz de Colombia. ¿Unasur sigue comprometida con las negociaciones dentro de Venezuela?
–Unasur sigue impulsando el diálogo entre los venezolanos. Hemos estado trabajando para que el Vaticano envíe su representante a acompañar la tarea de los ex presidentes que ya están ayudando. La búsqueda del diálogo fue incluso más útil que el diálogo mismo porque ya se han encontrado la oposición y el gobierno. Y hay frutos. El diálogo hasta evitó que algunos países que preferirían medidas más drásticas las lograran. Espero que pueda concretarse en los próximos días la negociación alrededor de tres temas. El primero, el rechazo a la violencia como forma de proselitismo político. El segundo, una comisión de verdad y justicia que permita resolver el problema de los detenidos o los presos judiciales.
–¿Leopoldo López está comprendido?
–Claro. Son personas detenidas en relación con hechos políticos de violencia como los que se llamaron “guarimbas”. A este asunto hay que buscarle una salida institucional.
–¿Y el tercero?
–Está claro no solo en Venezuela sino en todos los países donde hay continuidad del poder que los mecanismos tienden a concentrarse. Hay que producir un reequilibrio de las instituciones.
