Gobierno presenta presupuesto ante la Justicia y la oposición lo desconocerá en el Congreso
Vicepresidente presentará el presupuesto de 2017 al TSJ
El vicepresidente Ejecutivo, Aristóbulo Istúriz, acudirá hoy al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para entregar en la Sala Constitucional el proyecto de presupuesto correspondiente al año 2017. Así lo informó el Ministerio de Información y Comunicación, el cual indicó que los ministros de Educación Universitaria, Planificación y de Comunas, Jorge Arreaza, Ricardo Menendez y Erika Farías, acompañarán al segundo de a bordo del Gobierno.
En el máximo juzgado esperaban que el presidente Nicolás Maduro fuera quien acudiera, pues efectivos de la Casa Militar, unidad encargada de la seguridad y custodia del Jefe del Estado y de sus familiares, se presentaron a la sede del máximo juzgado para iniciar las revisiones rutinarias del edificio y para asegurarlo, informaron fuentes del organismo rector del Poder Judicial a El Universal.
Magistrados consultados también informaron haber sido notificados de la visita presidencial, pero dijeron desconocer cómo sería el acto de entrega del presupuesto y si el mismo incluirá una exposición por parte del mandatario sobre el contenido del proyecto o si lo hará el ministro de Finanzas, Rodolfo Medina.
El martes la Sala Constitucional, en su sentencia 814, le arrebató a la Asamblea Nacional la potestad constitucional de «discutir y aprobar» el plan de gastos e ingresos de la Nación y le dio al presidente Maduro cinco días para que se lo presentara para su aprobación «bajo la forma de decreto», debido al desacato en el que se encuentra el Parlamento por no acatar las decisiones de las sala Electoral y Constitucional que le ordenan desincorporar a los diputados de Amazonas impugnados.
«Ese decreto de presupuesto nacional estará sujeto a las normas y principios que rigen la materia y al control constitucional de esta Sala, conforme a lo dispuesto en los numerales 3 y 4 del artículo 336 de la Constitución, como parte del sistema de garantías previsto en el Texto Fundamental, sin perjuicio de las atribuciones inherentes al Poder Ciudadano y a la contraloría social en esta materia. Asimismo, conforme a ello, la Asamblea Nacional no podrá alterar en ningún momento las partidas presupuestarias ni pretender obstruir ni incidir en la integridad de las disposiciones establecidas en el correspondiente decreto de presupuesto nacional, como medida de protección de la integridad constitucional, del funcionamiento del Estado y de los derechos fundamentales», se lee en el dictamen.
El plazo dado por la Sala al Ejecutivo vence el domingo.
E numeral 7 del artículo 187 de la Constitución establece que es potestad del Parlamento «discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de ley concerniente al régimen tributario y al crédito público», mientras que el artículo 312 en su último parágrafo establece: «El Estado no reconocerá otras obligaciones que las contraídas por órganos legítimos del Poder Nacional, de acuerdo con la ley».
AN desconocerá actos del Ejecutivo y fallos antidemocráticos del TSJ
Son el Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Justicia los que están en desacato de la Constitución, no el Parlamento. Con esa idea, la oposición pronunció ayer su discurso durante el debate de un acuerdo que oficializó una postura pública de la Mesa de la Unidad: la Asamblea Nacional desconocerá “la autoridad y vigencia de los actos del Poder Ejecutivo y de las sentencias del TSJ que contraríen los valores, principios y garantías democráticos y lesionen los derechos fundamentales”.
En el Debate sobre el Rescate de la Democracia y la Constitución, los parlamentarios analizaron desde la orden de desincorporar a los diputados de Amazonas hasta la autorización al Ejecutivo para que no lleve el presupuesto al Legislativo.
Julio Borges (MUD) acusó al gobierno de ser el transgresor número uno de la Constitución: “Es (Nicolás) Maduro quien está fuera de la Constitución cuando tiene presos políticos, cuando persigue a los medios, cuando destruye la producción, cuando niega la propiedad, cuando obliga a la FANB a actuar como apéndice del PSUV”.
Simón Calzadilla (MUD) se preguntó: “¿En qué parte de la Constitución dice que el TSJ puede aprobar una ley? Porque el presupuesto es una ley y su aprobación corresponde a la AN. ¡Con todo eso tienen el caradurismo de decir que esta AN está en desacato! En desacato está este TSJ y este gobierno”.
Gilberto Pinto replicó por el PSUV con un “buenos días a esta moribunda Asamblea” y agregó: “Vayan a llorarle a (Luis) Almagro, pero aquí referéndum revocatorio no hay”.
La MUD volvió a la carga con Freddy Guevara: “Dicen que van a aprobar el presupuesto en una asamblea popular. Todo el mundo sabe que eso es inconstitucional, pero entonces ¡aprobemos el revocatorio en asamblea popular también!”.
Además, el documento ordena a la junta directiva de la AN “liderar un proceso de consulta y organización de la sociedad venezolana para favorecer un gran movimiento cívico-nacional en defensa de la Constitución, la democracia y el voto”.
Igualmente exige al CNE fijar la fecha del revocatorio y las regionales para este año; exhorta a la FANB a desconocer los actos del Ejecutivo y el TSJ que lesionen la Constitución y a exigirle al presidente respetar la voluntad popular; ordena integrar el Comité de Postulaciones Judiciales para sustituir a los magistrados designados en diciembre de 2015 por la AN; y crea una comisión especial que revise la designación de los rectores del CNE de diciembre de 2014 por el TSJ, entre otros puntos.
Beneplácito y violencia. La plenaria también aprobó un acuerdo de beneplácito por la designación de monseñor Baltazar Porras como cardenal; sin embargo, el PSUV se concentró en atacar la honestidad del prelado. Nosliw Rodríguez considera a la CEV como “un partido más de la MUD” y Hugbel Roa dijo que en el pasado Porras acusó a otro cardenal de conductas impropias.
“Tal vez los organismos de inteligencia tengan prueba de cuando mantuvo reuniones con el alto gobierno, en el que acusó al otro cardenal”, indicó Roa. Por la MUD, Juan Matheus y Marco Bozo le exigieron respeto, pero Roa se molestó y en un arranque violento les arrojó el micrófono y golpeó a Bozo en el estómago. Visiblemente ofuscado, Roa intentó desconectar la laptop de su curul para lanzarla también, pero no lo logró.
Diputados de ambas bancadas amenazaron con irse a las manos. El debate estuvo detenido por unos minutos. La directiva sancionó a Roa quitándole el derecho de palabra en el debate y durante un mes, previa aprobación de la cámara, tal como lo establece el Reglamento Interno cuando se infringen las normas del debate.
