Costa Rica: realizan un acuerdo tripartito para combatir el empleo informal
Con el objetivo de impulsar las iniciativas en busca de la eliminación de la informalidad, este lunes representantes del Gobierno, empleadores y trabajadores, firmaron del Acuerdo Tripartito para la Implementación de la Recomendación 204 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la Transición de la Economía Informal a la Economía Formal en Costa Rica.
El acuerdo pretende promover la creación, preservación y sustentabilidad de empresas y de empleos decentes en la economía formal, así como la coherencia de las políticas macroeconómicas, de empleo, de protección social y otras políticas sociales, así como prevenir la informalización de los empleos de la economía formal.
Se fija un plazo máximo de seis meses, a partir de la firma de este acuerdo, para la elaboración tripartita de la estrategia y un plan de acción conjunta.
“Trabajar en la informalidad afecta a los trabajadores en su calidad de vida y seguridad social, a los empleadores formales, pues la informalidad es competencia desleal, y es un reto para las instituciones. De ahí que asumir esta iniciativa tripartita con apoyo de la OIT es un esfuerzo de toda Costa Rica para combatir la informalidad. Ese diálogo y trabajo conjunto nos complace”, destacó el Ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Carlos Alvarado.
El acto contó con la firma, como testigos de honor, del presidente de la Asamblea Legislativa, Antonio Álvarez Desanti y la Directora de la Oficina de la OIT para Centroamérica, Panamá y República Dominicana, Carmen Moreno.
La Recomendación 204 de OIT se da durante la 104ª reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo el 1º de junio de 2015.
De acuerdo con esta recomendación la economía informal hace referencia a todas las actividades económicas desarrolladas por los trabajadores y las unidades económicas que en la legislación o en la práctica, están insuficientemente cubiertas por sistemas formales o no lo están en absoluto.
La Directora de la Oficina de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana, Carmen Moreno, enfatizó “la importancia de abordar los retos de la formalización en el país desde un enfoque multidisciplinario, interinstitucional y participativo que garantice el diseño integral e incluyente de los desafíos del trabajo decente”.
Además, saludó y alentó a que la iniciativa suscrita “refleje la aspiración de la sociedad costarricense de poner al trabajo decente como un elemento central de las políticas públicas”.
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el país cuenta con una incidencia de empleo informal que, al primer trimestre del 2016, afectaba a 825.142 trabajadores, cifra equivalente al 41.4% del total de personas ocupadas del país. Situación que según el INEC afecta a tres de cada diez personas trabajadoras asalariadas y a ocho de cada diez independientes.
La economía informal, en todos sus aspectos, es un reflejo de la existencia de obstáculos para el cumplimiento de los derechos de las personas trabajadoras y sus posibilidades de una vida digna.
Además de que limita los ingresos de la hacienda pública y, con ello, el ámbito de actuación del Estado y sus instituciones, quebranta la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social, dificulta el desarrollo de empresas sostenibles y facilita la competencia desleal.
“El fortalecimiento del sector empresarial, en especial de los micro, pequeños y medianos negocios, es un factor clave para el desarrollo económico y social del país; una mayor cantidad de Pymes formales, tiene como consecuencia la consolidación de empresas, el mejoramiento de las condiciones laborales y el fortalecimiento de un sector empresarial que genera más y mejores fuentes de empleo, por ello el MEIC presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto para exonerar temporalmente las cargas sociales correspondiente a IMAS y FODESAF para las empresas de menor tamaño y estamos trabajando en conjunto con la CCSS para complementarlo con una exención temporal de un porcentaje del pago patronal del Seguro de Enfermedad y Maternidad”, indicó Welmer Ramos, ministro de Economía.
