Uruguay: nuevos cruces entre Vázquez y la central gremial PIT-CNT por temas salariales
Acuerdo salarial de ALUR molestó a Vázquez, que pidió sea rechazado
El presidente de la República, Tabaré Vázquez, transmitió ayer durante la sesión del Consejo de Ministros su rechazo al acuerdo salarial que los trabajadores de Alcoholes del Uruguay (ALUR) tienen firmado con la empresa, que prevé ajustes salariales por inflación cada dos meses. Ese convenio, que va contra las pautas presentadas por el Poder Ejecutivo, debe ser aprobado por el directorio de ANCAP, que estaba informado de lo negociado –según informaron desde ALUR–, y pensaba votarlo el jueves. El directorio de Alur está integrando por tres miembros de la cúpula de ANCAP: Juan Carlos Herrera, Diego Labat (asumió el pasado 23 de agosto) y Laura Saldanha.
En tanto, fuentes del directorio de la petrolera dijeron a El Observador que solamente facultaron a la gerencia de Alur a negociar el convenio pero «no estaban en conocimiento» del contenido del convenio.
Ayer, y tras la divulgación del acuerdo el sábado por parte de El Observador, Vázquez dio la orden de no aprobarlo.
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El texto, firmado el 10 de agosto, fue aprobado por unanimidad en la asamblea de trabajadores del Sindicato de Obreros de la Caña de Azúcar (Soca). Es por eso que los trabajadores de ALUR de Bella Unión se preparan para defender con uñas y dientes el acuerdo logrado, que para quedar vigente debe tener el visto bueno de ANCAP.
El PIT-CNT también jugará sus cartas y anunció que «respaldará» lo que se firmó, dijo a El Observador Fernando Pereira, presidente de la central sindical. «Los convenios están para cumplirse» resumió.
Desde la empresa de biocombustibles insistieron ayer en que los directores de ANCAP estaban al tanto de la firma de ese acuerdo y de los términos negociados.
Molestia
En el Poder Ejecutivo cayeron mal los detalles del convenio, que ofreció beneficios que no tienen otros empleados de la administración pública ni los privados. Las pautas salariales propuestas por el Poder Ejecutivo vienen generando desde hace varios meses duros enfrentamientos, tanto con la central sindical como diferencias a la interna del gobierno.
El punto lo abordó ayer con sus ministros el presidente Vázquez, quien manifestó su malestar por el contenido del convenio y pidió información a los ministros de Economía, Danilo Astori, de Industria, Carolina Cosse y de Trabajo, Ernesto Murro.
Luego de la exposición de los ministros, el presidente dejó claro que este acuerdo no será aprobado por ANCAP, dijeron a El Observador fuentes del gobierno.
Apoyo del PIT-CNT
Mientras tanto, los trabajadores de ALUR en Bella Unión analizarán qué camino seguir si cae el convenio. Desde el sindicato Soca, dirigentes que pidieron anonimato, comentaron a El Observador que «se preparan para lo peor», por lo que planifican movilizaciones para exigir que «se respete lo firmado» con la empresa.
Además, negociaron el apoyo del PIT-CNT para mantener los ajustes bimestrales concedidos. Afirman que tenían acuerdos similares aún desde antes de la existencia de ALUR, con la empresa Calnu.
Los trabajadores destacaron que el convenio implica a 520 trabajadores, la mayoría de la planta de ALUR de Bella Unión y unos pocos de Montevideo.
Alrededor a esa industria también trabajan 1.200 cortadores de caña contratados por productores, que están agremiados en la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA), gremio que cobró notoriedad cuando en 1964 y dirigidos por el extinto líder tupamaro Raúl Sendic (padre del actual vicepresidente de la República), marcharon a Montevideo para reclamar mejores condiciones laborales y tierras para trabajar.
En el PIT-CNT cierran filas con lo logrado por los trabajadores de la caña de azúcar y ven «positivo» que los ajustes salariales sean cada dos meses y en función de la inflación. Ricardo Cajigas, secretario del Interior de la central obrera, viajará el miércoles a Bella Unión para reunirse, entre otros, con los dirigentes del sindicato de la caña de azúcar.
Cajigas dijo a El Observador que están «absolutamente en contra» a que el gobierno rompa el acuerdo. «Se supone que el gobierno y el Ministerio de Trabajo debe ser neutral, o en realidad debe tener un poquito de parcialidad para proteger sobre todo a la parte más débil, que son los trabajadores», dijo Cajigas. «Si una empresa firma un convenio con sus empleados, no veo por qué el gobierno debe intervenir para perjudicar a la parte más vulnerable que logró una mejora», afirmó. Para el dirigente del PIT-CNT «no está prohibido firmar acuerdos por encima de las pautas» que son «un piso» para negociar.
Milton Castellano, director del Instituto Cuesta Duarte, también opinó que «es mejor» el ajuste salarial bimestral a que se haga «cada 6, 18 o 24 meses».
De acuerdo a las pautas que fijó el Poder Ejecutivo, la negociación salarial debe concluir en una fórmula con aumentos salariales bajo determinados rangos, dependiendo de la situación económica de cada rama de actividad. Los correctivos por inflación pasada serán a 18 meses o 24 meses. Para el PIT-CNT, con esos lineamientos habrá pérdida salarial, mientras que para el Ministerio de Economía al final del acuerdo (un año y medio, o dos) los trabajadores habrán recuperado lo que perdieron por inflación.
Agazzi: Una locura
El acuerdo de ALUR fue motivo de críticas de la oposición y también desde el Frente Amplio. El senador Ernesto Agazzi (MPP) dijo ayer a El Observador TV que si bien no conoce los detalles del convenio, no le parece bien «salirse de las pautas salariales que se establecen para todo el Uruguay». «Si tenemos que ajustar los salarios cada dos meses esto sería como una locura permanente», dijo Agazzi.
