Organizaciones de DDHH piden reparación para víctimas de la dictadura y sus familiares

Invitados a comentar sobre las normas que regulan el tránsito de dictaduras hacia la democracia desde la perspectiva de las normas de derechos humanos, todos los integrantes del panel coincidieron en que la reparación es la principal materia pendiente. “Durante mucho tiempo se estableció que si se buscaba la verdad, había que sacrificar la justicia, y, de la misma manera, se intentó crear un clima adverso para el concepto de reparación, aun cuando la historia universal revela de manera muy clara que no es así”, consideró el profesor Gerardo Caetano.

El avance más notorio hacia la reparación de las víctimas es la Ley Nº 18.033, de 2005, en la que se establece que las personas que, “sin configurar causal de jubilación, cuenten con sesenta años de edad y un mínimo de diez años de servicios, tendrán derecho a una jubilación especial equivalente, al momento de inicio del servicio, a cuatro Bases de Prestaciones y Contribuciones mensuales”, y aclara que esta será “incompatible con el goce de cualquier otra jubilación, retiro o subsidio transitorio por incapacidad parcial”.

Para Caetano los valores de verdad, memoria, justicia y reparación son “intercambiables” y forman parte de un programa que debería darse de manera “integral”. “Se trató de un avance, pero que requiere ser complementado”, dijo Caetano respecto de la mencionada ley.

A tres años de la visita a Uruguay del relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, y dos de la presentación de su informe, el representante regional para América del Sur, Amerigo Incalcaterra, sostuvo que “la mayoría de las recomendaciones aún se encuentran vigentes”. El relator enviado reconoció los “avances en materia de reparaciones económicas”, pero señaló las “dificultades del modelo vigente”, que “confunde la reparación económica y los derechos pensionales, desdibujando la noción central de la reparación como un asunto de derechos”.

Por su parte, el presidente de Crysol (la asociación que nuclea a ex presas y presos políticos de Uruguay), Gastón Grisoni, sostuvo que el colectivo también encuentra “vacíos”, y que presentó al Ejecutivo un proyecto de decreto “complementario” a la Ley Nº 18.033, para “incluir a los cónyuges y los hijos, hasta ahora ignorados por la ley”, y “eliminar las iniquidades que perjudican a los exiliados, los requeridos, los clandestinos y los que fueron despedidos durante la huelga”. Recordó que los sobrevivientes “tienen un promedio de 70 años, con una menor expectativa de vida”, y llamó a actuar de manera “urgente”.

Durante su visita, el relator especial De Greiff también había lamentado que no se hubiera prestado “mayor atención al universo de víctimas de detención arbitraria (muchas veces prolongada) y de tortura (sistemática), así como al secuestro de niños y la violencia sexual”, y observó la “exclusión de muchos beneficiarios potenciales por límites de edad, años de servicio, períodos mínimos de detención y montos de ingresos máximos para poder ser acogido a los beneficios de las leyes de reparación”.

El coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia de Presidencia de la República, Felipe Michelini, dijo “compartir” el criterio de reparación integral, y que considera que “la pensión especial reparatoria debe ser otorgada a quien la solicite y le corresponda, sin que el derecho a percibirla esté condicionado a otras circunstancias”. “El grupo está convencido de [la necesidad de] separar los universos reparatorios y pensionarios de los universos reparatorios, pero no es fácil”, afirmó. Dijo que están “trabajando en eso” y “en el camino de convencer al mandatario de que hay que hacerlo”.

Incalcaterra, por otro lado, recordó que hay “importantes vacíos” en materia de reparaciones simbólicas, tanto individuales como colectivas, así como los “desafíos importantes” que se presentan en materia de acceso a la información. “Varios interlocutores señalaron obstáculos burocráticos y restricciones a datos clasificados como confidenciales, así como la falta de cooperación de algunos organismos públicos, especialmente las fuerzas armadas”, leyó, del informe presentado por el relator.

La presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Ariela Peralta, se detuvo, por su parte, en el hecho de que sea la víctima la que tenga que cargar la prueba en los procesos de calificación para la pensión especial: “Si las violaciones fueron graves, sistemáticas y generalizadas, el derecho internacional sostiene que no las tiene que probar la víctima, sino el Estado”, afirmó. En este sentido, De Greiff había notado en 2013 que las víctimas “generalmente no tienen acceso a evidencias o documentos”, y que suministrarlos “condice con las obligaciones del Estado en la materia”.

“Es indudable que hemos avanzado; los avances fueron positivos, pero absolutamente insuficientes. Pobres de nosotros si nos conformáramos con un pequeño grupo de militares procesados. No estamos conformes. No podemos estar conformes”, insistió Grisoni. En el mismo sentido, Caetano también llamó a “reforzar el compromiso y avanzar”. “No es el momento del freno, sino del impulso, de afirmar la necesidad de logros con la urgencia del tiempo transcurrido. 31 años es mucho tiempo en la vida de una sociedad, pero, particularmente, es mucho tiempo en la vida de las personas”.