Nicaragua: exigen justicia tras el asesinato de dos indígenas miskitos
Asesinato atroz de indígenas miskitos
Los cuerpos descuartizados de dos indígenas miskitos, tras ser asesinados presuntamente por colonos, fueron localizados la noche del lunes en la zona montañosa del territorio Li Aubra, Río Coco Arriba, en Waspam, Caribe Norte. Ayer fueron sepultados en la comunidad de La Esperanza, ubicada sobre la margen del río Coco, donde habitaban.
Gerardo Chale Allen y Nelin Pedro Parista habían sido secuestrados el pasado 18 de agosto.
El juez de la comunidad, Berardo Rodríguez, informó vía telefónica que los cuerpos estaban irreconocibles, pues ya empezaban a ser devorados por las aves de rapiña. Sus familiares únicamente los reconocieron por la vestimenta. Un grupo de guardabosques realizaba un recorrido de búsqueda “cerca del lugar conocido como Tuskru Wihta y al ver señas de sangre que iban por un camino decidieron seguirlos (…); llegando a la orilla del cerro Muko los guardabosques se encontraron con partes de los cuerpos sin vida de los dos comunitarios, estos estaban descuartizados, los habían decapitado y a uno de ellos le habían desprendido su pie”, señala el informe del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan).
VIOLENCIA INVISIBILIZADA
El Cejudhcan contabiliza al menos 30 indígenas fallecidos, en su mayoría líderes comunitarios a causa de la violencia suscitada en el Caribe nicaragüense por la demanda de saneamiento de sus territorios.
La situación de violencia que sufren los territorios indígenas en el Caribe Norte ha sido invisibilizada por el Gobierno.
En LA PRENSA del 28 de noviembre de 2015, el jefe del Ejército, Julio César Avilés, expresó que en la solución del problema de los territorios indígenas debe prevalecer el diálogo, pues a su criterio no es por la vía de la fuerza que será resuelto.
El jefe militar concibió la situación de los territorios indígenas en Waspam como un problema de propiedad “que debe ser arreglado entre las partes”.
ESTADO AUSENTE
“A nosotros nos preocupa esta situación, porque vemos que el Estado de Nicaragua, como son poblaciones indígenas muy aisladas, el Estado está ausente, no resuelve los problemas, tampoco le da respuesta a las comunidades como parte de la población nicaragüense”, expresó la presidenta de Cejudhcan, Lottie Cunningham.
A raíz del secuestro de las víctimas, el pasado 22 de agosto LA PRENSA consultó al vocero del Ejército de Nicaragua, coronel Manuel Guevara Rocha, sobre la denuncia de los comunitarios de La Esperanza de que soldados del Ejército que resguardan material donde construirán una base militar en Wasputak, les negó apoyo para buscar a los secuestrados, bajo el alegato de que la base aún no está construida y porque no podían dejar de resguardar el material.
Aunque en esa ocasión Guevara pidió la solicitud por escrito, ocho días después no respondió.
COMUNIDAD CON MEDIDA CAUTELAR
La comunidad La Esperanza, de donde son oriundos los indígenas asesinados, tiene medida cautelar por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), recordó la presidenta del Cejudhcan, quien cuestionó que el Ejército llegó a esas comunidades, contrajo acuerdos con los comunitarios de ese territorio para instalar esa base militar bajo la promesa de brindarles mayor seguridad y levantaron firmas entre los comunitarios, pero no entregaron copias de los acuerdos.
El temor de Cunningham es de que “andan levantando firmas de la gente sobre acuerdos para presentar en la Comisión (…) de que sí están cumpliendo con las medidas cautelares, pero en la práctica no es así”. Cunningham insiste en que lo que ocurre en esa zona del Caribe Norte es “un etnocidio”.
La defensora de derechos humanos considera que en esto hay “una falta de voluntad política para resolver el problema y el Estado actúa como cómplice, porque si el Estado omite su responsabilidad y su compromiso, nosotros lo valoramos como cómplice, porque ellos están mandando a la gente a tomar las tierras indígenas”.
“Se tiene que dejar claro que los colonos están ilegales, son usurpadores de las tierras indígenas, es un delito la usurpación. Ante un delito el Estado debe actuar por oficio de donde venga, no tienen que esperar una denuncia formal (…) para proteger a las comunidades”, indicó la presidenta de Cejudhcan.
ADVIERTEN QUE SITUACIÓN EMPEORARÁ
El juez comunal de La Esperanza, Berardo Rodríguez, lamentó que se sienten “huérfanos”, pues ni la Policía ni el Ejército de Nicaragua respondieron a sus llamados para que investigaran el secuestro primero y luego verificaran el crimen de los dos indígenas.
“La situación es más seria, los muchachos están alistándose para ir a buscar a esa gente que vienen de las minas”, advirtió Rodríguez, quien teme que haya más derramamiento de sangre en esas comunidades.
Rodríguez indicó que tiene información de que también los colonos que están en Morobila, presuntamente se están armando.
“Estamos tensos e indignados, porque han decidido los comunitarios enfrentar antes de morir con hambre y bajo las amenazas y asesinatos de las balas de los colonos”, expresó Susana Marley, representante de la sociedad civil en Waspam.
“El temor es que algo más grave vaya a suceder”, sostuvo Marley.
El defensor de derechos humanos en Waspam, Lamberto Chow, que también da seguimiento al conflicto, advirtió que esta situación de violencia se incrementará.
Según conoce Chow, “esta cosa no se va a quedar así, la gente se está organizando, cuando te digo que se está organizando es porque la gente está buscando armas por todos lados y la cosa se va a empeorar”.
Lottie Cunningham advirtió que continuarán utilizando los mecanismos internacionales para buscar que cese la violencia en los territorios indígenas en el Caribe Norte. Uno de ellos es elevar ante la CIDH una solicitud de recurso provisional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que supervise el cumplimiento de las medidas de la CIDH.
RECLAMAN TERRITORIOS
2008. Se agudiza la invasión de colonos e inician hechos de violencia. El Gobierno reanuda funcionamiento de Conadeti para culminar proceso de demarcación y titulación de territorios indígenas en 2010.
2014. Ante la falta de cumplimiento, indígenas y autoridades de Waspam piden la intervención del procurador Hernán Estrada. Este acordó formar una comisión de revisión de las demandas y la elaboración de un manual de saneamiento.
2015. Entre agosto y septiembre se dispara el ciclo de violencia enfrentada desde 2008, le siguen ataques a comunidades, secuestros y asesinatos de indígenas, pues aumentó la demanda de estos por el saneamiento de sus territorios.
2015. En septiembre es asesinado el miembro del directorio de Yatama en Waspam, Mario Leman. Doce comunidades tienen medidas cautelares por parte de la CIDH por esa causa.
