Ayotzinapa, en el umbral de dos años sin los 43 (México) – Por Magdalena Gómez
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
En el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Iguala, del 24 de abril pasado, se dieron a conocer fotografías y un video donde Tomás Zerón de Lucio aparece en el cauce del río San Juan junto con Agustín García Reyes, presunto integrante de Guerreros unidos, en una diligencia que nunca se integró a la investigación. Por ello el GIEI consideró que el titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR tergiversó información sobre la diligencia en el río San Juan, realizada el 28 de octubre de 2014. Al día siguiente supuestamente encontraron en el mismo lugar unas bolsas negras con restos óseos y en una fragmentos que, tras exámenes periciales en la Universidad de Innsbruck, en Austria, se dictaminó que correspondían a Alexander Mora Venancio, uno de los 43 normalistas desaparecidos. El funcionario Zerón intentó defenderse sin éxito, pues quiso involucrar a la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU señalando que asistió a la diligencia, y de inmediato se aclaró que ni su representante ni otros acompañantes llegaron hasta el río San Juan.
La gravedad de la acusación, por lo menos los fuertes indicios de siembra de evidencias, no mereció la menor insinuación de renuncia para que se procesara libremente el pleno esclarecimiento y deslinde de responsabilidades, como exigieron las madres y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Tras las intensas presiones, se informó que la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR) realizaba una investigación interna para determinar si el funcionario Zerón incurrió en omisiones, alteración de una escena del crimen, abuso de autoridad o alguna otra responsabilidad de tipo administrativo o penal, por haber llevado a cabo una diligencia relacionada con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa sin haber dado cuenta de ello al Ministerio Público Federal. Ante los nulos resultados de la misma, los familiares rompieron diálogo con la PGR desde el pasado 18 de agosto.
De manera sorpresiva, el pasado 14 de septiembre Tomás Zerón de Lucio renunció a la dirección de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en la PGR, y de manera extraña también había presentado su renuncia dos días antes César Chávez Flores, quien estaba a cargo de la visitaduría encargada de la investigación sobre el caso Zerón. Ahora debe también explicarse si hay un nexo entre sus conclusiones y la renuncia de «su investigado». Lo cierto es que la titular de la PGR aceptó la renuncia de Zerón sin referencia alguna a la investigación interna en curso y, en una virtual exoneración, reconoció su trabajo al frente de la agencia, que integra tres áreas sustantivas de la institución, como la Policía Federal Ministerial, la Coordinación General de Servicios Periciales y el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) . Áreas estratégicas para el destino de cualquier investigación.
El éxito que la procuradora le auguró en sus proyectos personales y profesionales se materializó tres horas después: el ex funcionario de la PGR Tomás Zerón de Lucio fue designado por el presidente Enrique Peña Nieto secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional. La Secretaría de Gobernación señaló que «el nombramiento es un reconocimiento a sus acciones y responde a la experiencia y capacidad que ha demostrado en sus encargos anteriores». Al día siguiente, en una conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, bien dijeron los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa que el Presidente le dio un premio en lugar de investigarlo, y sus abogados anotaron preocupación por el mensaje de impunidad, pues si bien habían demandado la renuncia, ésta debía acompañarse del deslinde de responsabilidades y sanción, en su caso. Estos días la prensa de nuevo se enfiló contra el perito del GIEI José Torero, quien mostró resultados de investigación que reiteran la imposibilidad de la incineración de los 43 jóvenes, como sostuvo en su momento Murillo Karam. Mucha bruma que no impide señalar un patrón de impunidad en éste y otros casos, pues la renuncia de Zerón de Lucio se suma a la de Enrique Galindo como comisionado general de la Policía Federal, la cual se registró en medio de señalamientos de una ejecución extrajudicial de 22 personas en Tanhuato, Michoacán, ocurrida en mayo de 2015, de acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ello sin esclarecer su responsabilidad en Nochixtlán, Oaxaca. Este patrón, por cierto, no es nuevo; recordemos que la matanza de Acteal, Chiapas, motivó la renuncia de Emilio Chuayffet como titular de Gobernación y la justicia no ha llegado. Mal augurio para el inicio del mecanismo de seguimiento especial de la CIDH a fin de atender las recomendaciones formuladas por el GIEI. Como este grupo anotó, hay intereses muy fuertes y muy arriba, decididos a impedir el esclarecimiento de estas brutales desapariciones.
Magdalena Gómez. Columnista del diario La Jornada (México).
