Acuerdos de paz y movilización social: tensiones y tareas – Por Alejandro Mantilla

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

La redacción del Acuerdo final entre las FARC-EP y el Gobierno de Juan Manuel Santos es una buena noticia para el país, en especial para quienes defendemos la viabilidad de la solución política al conflicto armado. Sin embargo, las buenas noticias no opacan los retos venideros que enfrentan los movimientos sociales de oposición y las comunidades que históricamente han expresado una creciente inconformidad frente al modelo económico y el régimen político vigente. En este breve texto pretendo reflexionar sobre las tensiones que abre la actual coyuntura, y las posibles tareas que enfrentaremos los movimientos sociales y la izquierda en los años venideros.

El abismo entre la solución política y la construcción de paz

El primer punto parece obvio, pero en él radica el núcleo de la discusión actual. La solución política con las FARC-EP y la construcción de paz en la sociedad colombiana tienen temporalidades distintas y son procesos políticos diferenciados. Aunque la firma de los acuerdos de paz sea la tendencia que marque el momento político actual, la construcción de paz exige transformaciones de impacto con una temporalidad de largo plazo que desborda el momento vigente.

La discusión sobre el momento actual gira en torno a la solución política, en especial frente a la jornada electoral del 2 de octubre. A mi juicio, la decisión que se tomará en el plebiscito es si la ciudadanía respalda la solución política al conflicto armado. Aunque la pregunta que se plasmará en el tarjetón apele al título del acuerdo final entre gobierno y FARC, la discusión de fondo tiene que ver con la naturaleza política del conflicto. Quienes creemos que el conflicto armado tiene unas raíces políticas e históricas y que la mejor alternativa es una salida negociada, apoyaremos el Sí; quienes consideran que en Colombia no se vive un conflicto armado interno, sino que estamos ante una democracia amenazada por delincuentes comunes que deben ser combatidos por la fuerza pública apoyarán el No.

La temporalidad de la solución política bien puede dar lugar a una disputa de larga duración: la disputa de la construcción de paz. Esa temporalidad incluye retos inmediatos, entre ellos impulsar la continuidad de los diálogos entre el Ejército de Liberación Nacional y el Gobierno, encontrar caminos de solución política con el Ejército Popular de Liberación, o abrir escenarios reales de debate nacional sobre los cambios que requiere el fin de la guerra (en el espíritu de una propuesta como la Mesa social para la paz). A mediano y largo plazo viene el reto del cumplimiento de acuerdos y su implementación, reto que también traerá consigo movilización social y exigencias de cumplimiento.

Sin embargo, no hay que perder de vista que la discusión latente gira sobre cuál es el modelo de sociedad, de Estado y de economía que los diversos sectores políticos (y me gustaría decir ‘las diversas clases sociales’) persiguen. Esta discusión desborda los acuerdos de paz con las FARC, pues aunque tales pactos sean firmados y refrendados, muchos movimientos sociales tienen aspiraciones que van más allá de esos acuerdos, mientras los sectores que gobiernan van a buscar profundizar el modelo político y económico vigente.

“Paz” se dice de muchas maneras

Como ya lo he planteado en otros lugares¹, al hablar de paz encontramos diversas comprensiones. Por un lado, encontramos una concepción minimalista, que plantea que el objetivo de la paz es permitir el tránsito de la insurgencia hacia la conformación de partidos y movimientos políticos legales, y que los procesos de paz están encaminados a delinear las instituciones políticas que permitan la participación política de la insurgencia. En segundo lugar encontramos una concepción instrumental (aunque bien podría llamarse concepción corporativa o neoliberal) defendida especialmente por sectores empresariales y por el gobierno nacional; aquí se concibe la paz como una oportunidad para brindar mayores garantías para la inversión y así lograr un mayor crecimiento económico. En las bases del Plan de Desarrollo 2014-2018 se plantea que “la violencia y la inseguridad no solo afectan de manera directa la calidad de vida, sino que desestimulan la inversión, con grandes efectos negativos sobre el crecimiento económico”². No es una casualidad que funcionarios del gobierno nacional plantean que la paz generará una profundización del extractivismo. Como lo ha dicho el Presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, “La paz nos va a permitir sacar más petróleo de las zonas vedadas por el conflicto…Con la paz esperaríamos tener la posibilidad de entrar a Caquetá mucho más fuerte, a Putumayo, a Catatumbo, sitios donde antes era difícil acceder. La paz nos debe permitir no solamente a Ecopetrol, sino a todas las petroleras del país, generando desarrollo en las regiones, sacar más petróleo”³.

También puede hablarse de una concepción transformadora de la paz. Esta concepción plantea que avanzar hacia el fin del conflicto armado requiere incorporar las agendas de las organizaciones sociales en la discusión sobre la solución política y la construcción de paz, y que sean estas organizaciones, con sus propias vocerías, quienes puedan defender tales agendas en diversos espacios de participación. En muchos casos los movimientos sociales populares defienden agendas que incorporan profundos cambios del régimen político y el modelo económico vigente.

En un contexto que muestra un interesante ascenso de la protesta social, las agendas de los movilizados tienden a reflejar la concepción transformadora de paz y una abierta oposición a la paz corporativa. Solo en las últimas dos semanas puede contarse un paro departamental en Chocó, una protesta de varios municipios contra la explotación petrolera en Caquetá, una importante movilización cocalera en Putumayo y un paro de maestros caucanos que llegó hasta Bogotá exigiendo la departamentalización de su servicio de salud.

Caquetá ejemplifica la tensión clave de nuestro tiempo. Mientras Juan Carlos Echeverry manifiesta su regocijo por la posible expansión de la explotación petrolera, la población caqueteña protesta contra los posibles atentados a su territorio. Tales tensiones se multiplicarán con ocasión de los acuerdos de paz, no es casual que la Agencia Nacional de Hidrocarburos anuncie precisamente esta semana que la explotación de petróleo se concentrará en Caquetá y Putumayo⁴, dos departamentos donde las FARC han tenido una importante presencia histórica.

Los acuerdos frente al Estado corporativo

Los terrenos de la solución política y la construcción de paz se ven perfilados por las tensiones derivadas de las concepciones arriba planteadas. Los tropiezos en el avance de la Mesa para la solución política con el ELN pueden entenderse como resultado de esa tensión, y lo mismo podría decirse de los escenarios de implementación de los acuerdos con las FARC.

Pensemos en el punto 1.1.5 de los acuerdos, que trata sobre Formalización masiva de la pequeña y mediana propiedad rural, es seguro que mientras las comunidades campesinas buscarán avanzar en la seguridad jurídica de su tierra, el gobierno nacional y los grandes empresarios le apostarán a la titulación para reducir los costos de transacción de grandes inversiones, como lo ha venido planteado el Banco Mundial desde la década pasada.

Creo que la implementación del acuerdo final implicará tensiones derivadas de las diversas maneras de comprenderlo en atención a los diversos intereses políticos y proyectos de país en juego. Algo similar puede decirse de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y de los Planes de Reforma Rural Integral, pues pueden mejorar la vida de millones de personas en el campo colombiano, o pueden ser una oportunidad para el despliegue de la inversión empresarial en las regiones.

Otra tensión clave es la búsqueda de una apertura democrática promovida por el Acuerdo con las FARC y la configuración de un Estado Corporativo perseguido por las orientaciones del modelo neoliberal y la economía extractivista. Mientras el acuerdo está orientado a generar mayores garantías en el seno mismo de la democracia liberal, la reconfiguración silenciosa del Estado fraguada por el gobierno Santos apunta a cerrar las instancias de participación que se oponen al modelo extractivista. El Acuerdo parece apuntar a que los movimientos políticos postinsurgencia avancen en la persecución del poder político local, pero ello se da precisamente cuando las Agencias del gobierno nacional (Licencias ambientales, Hidrocarburos, Minería, Infraestructura) actúan por encima de las competencias de municipios y departamentos. De ahí que en La Macarena, Caño Cristales, Ibagué, Piedras, o Caquetá, los mandatarios locales y departamentales deban unirse a la movilización contra las políticas del Estado central, o que para promover una Consulta popular deban enfrentarse al gobierno nacional y los organismos de control. En suma, tenemos una tensión entre la apertura que promete el Acuerdo y la configuración de un nuevo Estado corporativo que busca frenar la democracia local y de base.

La buena noticia que representa la firma del Acuerdo no quiere decir que necesariamente caminemos hacia un sociedad con mayor democracia y justicia social. Tampoco considero que avancemos automáticamente hacia una paz corporativa o neoliberal. Más bien parece urgente promover la continuidad de la protesta social y la articulación de los movimientos populares para seguir defendiendo una concepción de paz transformadora y con participación, que permita construir un Estado con plena democracia desde abajo y una sociedad basada en la justicia social y la redistribución de la riqueza.

¿Lograremos tal tarea? Creo que es enteramente posible. Mientras escribo este artículo me cuentan que los maestros del Cauca efectivamente alcanzaron la departamentalización de su servicio de salud. Una buena señal para los tiempos venideros.