Las AFP como metáfora del Chile actual – Por Pablo Torche
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Las AFP son una buena metáfora del Chile en que vivimos: individualista, privatizado, orientado a la eficiencia y la rentabilidad, que privilegia a unos pocos, pero que desprotege cruelmente a muchos otros, en general los más débiles. En este sentido, tiene algunas resonancias del sistema educacional segregado que veníamos construyendo, donde, para que se salvaran algunos, tenían que condenarse otros.
También el cuestionamiento de las AFP es una buena metáfora del momento actual del país. Un país puesto en tela de juicio, sumido en una profunda crisis de confianza, donde los modelos impuestos en la Dictadura emergen por fin en toda su falta de legitimidad.
Como han reconocido varios expertos, el sistema de las AFP fue creado para un mercado del trabajo que no existe y que, de hecho, cada vez existe menos. Esto es, un mercado donde todos tendrían un trabajo sólido y estable, con una remuneración digna, sin lagunas ni intermitencias. En este sentido, es el típico sistema creado en una Dictadura, porque solo en un régimen de ese tipo es posible acallar las voces divergentes y los distintos grupos ciudadanos que van a resultar perjudicados, para imponer un sistema que se ajusta solo a algunos.
En efecto, el sistema puede resultar eficiente para las personas de altos ingresos, con empleos estables, que cotizan regularmente durante periodos prolongados. En este sentido, el sistema sí es como un Mercedes Benz, esto es, un auto caro e inaccesible, que puede ser muy cómodo para algunos, pero que a la mayoría de la gente le resulta inalcanzable, excluyente, disfrutable solo por unos pocos.
Para un grupo muy grande de personas, empezando por las dueñas de casa, los trabajadores intermitentes, los independientes y, en general, las personas que tienen trabajos precarios y con ingresos demasiado bajos como para decidirse a cotizar, el sistema no otorga garantías de ningún tipo. Al estar basado en un esquema fundamentalmente individualista, el sistema descansa en el presupuesto irrealista de que cada quien se preocupará de cotizar toda su vida, y en el, aún más irrealista, de que, a los que no cotizaron, es posible simplemente abandonarlos al final del camino.
Es la típica lógica basada en la confianza radical en la efectividad del mercado, que termina siendo discriminatoria y condenando a la inopia a grandes segmentos de la sociedad. Está bien que la responsabilidad individual juegue un rol en la jubilación, pero no se puede hacer depender todo de ella, y no se puede condenar a la miseria a las personas que por distintos motivos –muchos de ellos fuera de su control– no realizaron cotizaciones durante su vida. Ni la facultad de cotizar a lo largo de la vida laboral puede ser completamente voluntaria, ni la pensión final puede depender por completo de mi capitalización individual. Es necesario que el Estado, como representante del colectivo social, intervenga, con un componente de responsabilidad social y solidaridad, para asegurar una vida mínimamente digna a la tercera edad.
Por otro lado, así como el sistema de AFP es un buen reflejo del país en que vivimos, también lo es la forma en que se ha dado la discusión respecto al tema: una discusión con tendencia a la polarización y al maniqueísmo, a las soluciones fáciles o fanáticas, basadas muchas veces en prejuicios y eslóganes. Gracias sobre todo a las mentes brillantes de la derecha, la discusión parece retrotraerse a veces a los años 70, esgrimiendo, ante la menor propuesta de responsabilidad pública, acusaciones de estatismo, bancarrota y expropiación, y exhibiendo una confianza total en la empresa privada, rayana muchas veces en el delirio.
Por otro lado, desde la izquierda hay también un error de diagnóstico garrafal en la forma en que se interpreta el malestar de la ciudadanía y en el manejo de las expectativas en torno al tema. Es fácil, pero en el fondo erróneo y peligroso, atribuir toda la responsabilidad del fracaso del sistema a las AFP, como si la solución pasara simplemente por regular estas empresas privadas, y no fuera a implicar ningún esfuerzo y solidaridad extra de todos quienes formamos parte de la sociedad.
Así, se hace hincapié en las altas utilidades de las AFP, o en el hecho de que estos recursos van a financiar a los grupos económicos, lo que es cierto y debe ser objeto de debate, pero no se dice que estos elementos por sí solos no van a modificar de modo sustantivo el monto de las pensiones. Se plantea también que las AFP reciben 500 mil millones al mes y gastan solo 200 mil, con lo que se genera obviamente la impresión de que las AFP nos están esquilmando, y que simplemente con eliminarlas o regularlas, estos recursos pasarán a engrosar las pensiones de todos.
Hay un componente indudable de populismo en esto, porque no se dice que estos recursos forman parte de las capitalizaciones individuales de las personas, los que supuestamente pasarían a ser utilizados para financiar un sistema de reparto hoy. No estoy diciendo que no se pueda considerar un elemento de este tipo, pero, el día en que la ciudadanía entienda que la propuesta significa efectivamente repartir los ahorros individuales de cada uno, es solo esperable que el respaldo a la medida baje significativamente, sobre todo considerando la campaña del terror que la derecha montará al respecto.
Para que una reforma estructural de este tipo sea sustentable, es imperativo, por tanto, comunicarla de manera clara, sin dobleces, señalando explícitamente los esfuerzos y costos que implicará para todos.
El problema del actual sistema de AFP se debe a la ausencia de un componente público de seguridad social, no a unas pocas empresas “maquiavélicas” que se llevan la plata para la casa. Ese tipo de discursos es vendedor en el corto plazo, atrae muchos likes en el universo fugaz de las redes sociales, pero no permite sustentar reformas de fondo. El giro fundamental que requiere el sistema de pensiones implica integrar un componente solidario en dicho sistema, que necesariamente involucra a todos, ya sea a través de más impuestos, aumento del porcentaje de cotización, introducción de elementos redistributivos y aumento de la edad de retiro, entre otros.
Esta es una dimensión fundamental que el discurso de izquierda debiera transmitir, de lo contrario, corre el riesgo de que cualquier reforma finalmente le estalle en la cara, a través del rechazo de una ciudadanía desengañada. Para contar con pensiones dignas, es necesario construir un sistema más solidario, lo que implicará el sacrificio y esfuerzo de todos. Si no se logra instalar ese discurso de fondo, es imposible que se viabilice un cambio al sistema con respaldo ciudadano.
Pablo Torche. Escritor y consultor en políticas educacionales.
