Indígenas vuelven a protestar contra hidroeléctrica tras la represión de la semana pasada
Varela niega crisis y hoy habrá protestas en la comarca
El Congreso General Ngäbe-Buglé y Campesinos aprobó ayer la realización de medidas de fuerza a partir de hoy, en protesta por la represión sufrida la semana pasada en Gualaquita de Bocas del Toro y para exigir la cancelación del proyecto Barro Blanco.
En un comunicado que lleva la firma de Liborio Miranda, secretario general del Congreso General Ngäbe Buglé y Campesinos, se explica que movimientos sociales, populares, grupos ambientalistas y sindicatos se reunieron ayer en Llano Tugri, capital de la comarca Ngäbe-Buglé, «y por unanimidad se aprueba movilizaciones y cierre en diferentes puntos de las tres regiones de la comarca».
Deja claro que desconocen el acuerdo firmado entre el presidente Juan Carlos Varela y Silvia Carrera, Geremia Montero, «Chito» Gallardo, entre otros.
Horas antes en Pesé, el presidente Varela negó que exista una crisis por Barro Blanco y que haya indígenas afectados, tras los enfrentamientos en Gualaquita de Bocas del Toro.
Varela salió al paso de las críticas de las organizaciones indígenas que lo acusan de represivo y autoritario y dijo que lo que existe en Panamá es un gobierno de consenso, pacífico.
«Estamos haciendo un gobierno de diálogo, de paz. Hubo una sesión complicada en Gualaquita, pero se resolvió. Y en este momento no hay ninguna persona involucrada en esa situación en centros hospitalarios», reiteró.
Y aunque hay imágenes explícitas en redes sociales y de diversos corresponsales que cubrieron las escaramuzas, el presidente le restó credibilidad a esta información.
«Hay unas personas que han querido crear historia, pero hablamos con los médicos y no hay ninguna persona con alguna afectación seria, producto de lo que se dio en Gualaquita», dijo ayer Varela, desde Pesé.
En tanto, el congreso general, congreso regionales, congreso locales y las bases pidieron al gobierno cancelar definitivamente el proyecto Barro Blanco y de igual manera que el gobierno de Varela «entregue a la señora Silvia Carrera y los demás firmantes a la justicia Ngäbe-Buglé para ser sentados en el castigo tradicional», concluye el comunicado.
Por su parte, Varela no se mostró arrepentido de nada de lo ocurrido y mencionó que exigirá que los pueblos originarios le respeten como presidente de la República, y que respeten también a la Policía Nacional.
«Como persona, yo acepto cualquier crítica, pero el cargo que ostento como presidente se tiene que respetar. Y los miembros de la fuerza pública también se tienen que respetar», sentenció el presidente.
Por su parte, el dirigente indígena Ricardo Miranda advirtió que «Varela incurre en cobardía al ordenar actos de violencia en contra de poblaciones que se manifiestan en apego a la ley y ejerciendo su derecho».
En tanto, el exministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, recordó que en la crisis anterior de Barro Blanco hubo mucho manejo político y mediático para afectar al gobierno de Ricardo Martinelli.
Organizaciones apoyan a indígenas reprimidos y advierten con protestas
La represión que sufrieron los ngäbes y buglés del sector de Gualaquita, en Bocas del Toro, reactivó a la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales de este pueblo, que lideró la lucha contra la minería en la comarca y el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, en 2011 y 2012.
El grupo exigió al gobierno de Juan Carlos Varela que cese las represiones y respete la lucha de la población en defensa de sus tierras.
Dentro del comunicado, la coordinadora envía un mensaje alto y claro que dice: «Señor presidente Juan Carlos Varela Rodríguez, de no actuar de manera responsable en la búsqueda y alternativa para traer la paz, toda acción que se derive y las consecuencias que surjan será su responsabilidad y la de su gobierno».
Sin embargo, Varela volvió a minimizar lo ocurrido el pasado jueves, y reiteró que los agredidos fueron los policías con piedras, palos y armas blancas.
El presidente advirtió que cincuenta manifestantes no pueden tomar de rehenes a 100 mil bocatoreños.
Agregó que no hay ningún manifestante herido de gravedad en los hospitales, ya que los policías solo usaron sus escudos y varas policiales para defenderse.
Sin embargo, la dirigente de Gualaquita, Ofelia Carrizo, reiteró que los heridos por estas protestas no han ido al hospital de Chiriquí Grande a atenderse, por temor a ser detenidos.
«Nosotros como ngäbes pedimos al Gobierno que se respete la comarca, se respeten los ríos, el derecho a protestar», expresó.
Según videos difundidos por dirigentes del Frente por los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso), se contabilizan en el poblado tres heridos de consideración y 20 afectados por los hechos del 25 de agosto.
El día de ayer fue aprovechado por los indígenas para reunirse entre ellos y con otras agrupaciones como Frenadeso y el sindicato bananero.
En la orilla de la vía se encontraba apostado un contingente de unidades antimotines para impedir que los indígenas obstaculizaran el tráfico vehicular.
Los indígenas han condicionado un diálogo con las autoridades a que se dé el vaciado del embalse de la hidroeléctrica Barro Blanco y que se anule el acuerdo firmado por el presidente Varela y la cacica Silvia Carrera, el pasado lunes.
Agrupaciones ngäbes y buglés de otras partes del país comienzan a manifestarse como lo hicieran hace cuatro años para apoyar a sus compañeros.
En la noche del viernes, un grupo cerró la vía Panamericana a la altura de Pacora, advirtiendo que se preparan para una gran movilización nacional, el próximo 5 de septiembre, si no se anula el acuerdo del pasado lunes.
El abogado Miguel Antonio Bernal exhortó a que no se caiga en la vorágine de la violencia.
«El abuso de la fuerza innecesaria altera la seguridad», puntualizó.
