Colombia: la Corte ordena al gobierno atender la desnutrición de niños wayúu
La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó al gobierno diseñar y ejecutar un plan para resolver «las dificultades de desnutrición» y salud de los niños indígenas wayúu, que habitan en el departamento de La Guajira (norte).
«Diseñar, coordinar y ejecutar un plan eficiente y eficaz que dé solución integral y definitiva a las dificultades de desnutrición, salud y falta de acceso al agua potable y salubre de los niños y niñas Wayúu, ordenó la Corte Suprema de Justicia a la Presidencia», dijo el máximo tribunal en un comunicado publicado el domingo en su página web.
La Corte «determinó que el gobierno deberá trazar un organigrama con tiempos razonables y reales» para atender la situación en La Guajira, donde en 2015 fueron detectados casi 900 casos de niños desnutridos y han fallecido una treintena de menores de cinco años por posibles casos de desnutrición en lo que va de 2016.
Aunque ya se adelantan planes para atender la crisis, para la máxima instancia judicial es necesario «que se superen de forma definitiva los problemas de desnutrición, mal estado de salud y falta de acceso al agua potable y salubre de los niños y niñas wayúu».
Para ello, el ministerio de Ambiente deberá también «prevenir el riesgo ecológico de la desaparición de las fuentes hídricas de esa región para proveer el acceso al agua potable», y el ministerio de Agricultura tendrá que desarrollar planes agropecuario y pesquero que permitan mejorar y facilitar el acceso a alimentos de calidad a los indígenas.
De su lado, la Presidencia deberá entregar mensualmente un reporte de las acciones que ejecute en La Guajira a un tribunal local, que ordenó en junio al presidente Juan Manuel Santos atender este tema y cuyo fallo fue ahora ampliado por la Corte Suprema.
La grave situación en La Guajira, donde en 2015 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) detectó 898 niños desnutridos, ha sido denunciada por las comunidades indígenas que habitan la zona y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya solicitó en diciembre del año pasado al Estado colombiano tomar medidas para evitar más muertes.
