Masacre de Curuguaty: la defensa de los campesinos estudia ir a la Corte Suprema
Varios defensores estudian recurrir directamente a la Sala Penal de la Corte contra el fallo dictado en el juicio por la matanza de Curuguaty, para acortar instancias, y en caso de no obtener respuestas, ir a los tribunales internacionales.
Con ello, según dicen, podrían plantear el recurso extraordinario de casación directa, llamado también per saltum, de modo que sea el Máximo Tribunal el que estudie la sentencia.
Alegan que aunque aún no tienen los fundamentos del fallo, es evidente que hubo violaciones constitucionales, entre ellas, el cambio de calificación en los alegatos de la Fiscalía, que ameritan la nulidad por esta vía.
Con ello, refieren que ante tales evidencias, si la Corte Suprema no anula todo el proceso, irían a los tribunales internacionales, tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y luego a la Corte Interamericana, aunque esto no anularía el fallo.
Eso implicará saltar el Tribunal de Apelación de Canindeyú, aunque la Corte podría no aceptar la casación directa y remitir el pedido para que sea estudiado como un recurso de apelación especial contra el fallo.
LA TOMA. Por otro lado, continúa la «toma pacífica» de la sala de juicios orales del Palacio de Justicia. Alegan que es para demostrar la indignación que sienten por el fallo dictado el lunes por los jueces.
Son 17 personas que anunciaron ayer, en conferencia de prensa, que la medida seguirá probablemente hasta la lectura del fallo, el próximo lunes, o si los órganos les piden que continúen.
Sostienen que es para que la ciudadanía se indigne por la situación. Dicen que ya tienen apoyo de sectores sociales, estudiantes y religiosos.
Amelio Sisco, que hizo de vocero, remarcó que hay movilizaciones en Alto Paraná, Itapúa, Canindeyú, a más de organizaciones de Uruguay, Bolivia y Brasil.
En la sala, se encuentran Margarita Durán, Guillermina Kanonnikoff, Domingo Laíno, Nadia Villagra (coordinadora de Mujeres Rurales e Indígenas), las religiosas Verónica Torres, Seferiana Benítez y Nelly Barrios.
También Víctor Quintana; Carmen, Alicia y Martina Paredes; Paraguayo Cubas, Alberto Alderete, Jorgelina Candia, a más de los defensores Amelio Sisco, Albino Ramírez y Marcos Siracawa.
Aclararon que no es una toma, ya que eso implicaría que no se dejará entrar ni salir a nadie, sino que es una permanencia, en forma pacífica.
Aclararon que la Dirección de Derechos Humanos de la Corte, a través de su directora, Nury Montiel, les presta asistencia y les permite permanecer en el lugar.
En la sala, los ocupantes pueden entrar y salir, pero solo para ir al baño o el pasillo. Los alimentos son llevados por los que apoyan la medida.
Uno que estuvo el primer día, Jacinto Quintana, fue a visitar a su hermano al penal de Emboscada.
Organizaciones internacionales piden justicia para campesinos
Las organizaciones de Derechos Humanos Oxfam y Aministía Internacional emitieron este lunes un comunicado conjunto en el que piden justicia para los campesinos condenados por la Masacre de Curuguaty.
«El Ministerio Público no ha explicado de manera convincente los motivos por los cuales no investigó tales muertes, ni tampoco la presunta alteración de la escena del crimen y las alegaciones de tortura y otros malos tratos durante las detenciones policiales de varios campesinos», señaló Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
«En Paraguay, el 1,6% de los propietarios poseen el 80% de la tierra agrícola y ganadera, lo que ha generado que miles de campesinos organizados demanden una efectiva implementación de la reforma agraria, contemplada en la Constitución Nacional», puntualizó por su parte Simon Ticehurst, director de Oxfam para Latinoamérica y el Caribe.
«Oxfam y Amnistía Internacional instan a las autoridades paraguayas a investigar de forma exhaustiva, independiente e imparcial, todos los hechos relativos a la privación de la vida, las denuncias de tortura y otros malos tratos, y las diversas violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de los hechos de junio del 2012.», señala el comunicado de ambas organizaciones.
Frente Guasu pide reunión con Almagro sobre presos por Caso Curuguaty
El Frente Guasu pidió reunirse con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que hoy visita Paraguay, para tratar sobre los once condenados por la masacre de Curuguaty en 2012, en la que murieron 17 personas.
Once personas fueron condenadas el lunes a penas de entre 4 y 30 años de prisión por el tribunal del caso Curuguaty, matanza que además causó la destitución en un juicio parlamentario de Lugo, actual senador del Frente Guasu.
La formación expuso en un comunicado que esta situación “pone más que nunca en evidencia la existencia de presos políticos en el Paraguay”.
En ese sentido, añadió que quiere comunicar la “grave situación” de esos presos a Almagro, quien mañana inaugura en Asunción una reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre temas de pobreza e inclusión social en el continente.
El caso Curuguaty (este) se refiere a un operativo realizado el 15 de junio de 2012 por varios centenares de policías, que acudieron a desalojar a unos 70 campesinos de las tierras que habían ocupado para pedir que se integraran a la reforma agraria.
Durante el desalojo se produjo un tiroteo en el que murieron once campesinos y seis policías.
Los once labriegos condenados fueron juzgados en relación a la muerte de los seis policías, mientras que la Fiscalía nunca investigó el fallecimiento de los once campesinos que perdieron la vida.
Además, el Frente Guasu denunció que el proceso “llevado a cabo por la Fiscalía ha estado visiblemente viciado”, y añadió que el fallo del tribunal “ha sido calificado como gravemente irregular” por organizaciones sociales y defensores de los derechos humanos.
De los once condenados el pasado lunes, cuatro fueron puestos hoy en libertad al cumplir su pena con la reclusión preventiva que mantenían desde 2012.
La matanza de Curuguaty sirvió de base al entonces opositor y hoy gobernante Partido Colorado para impulsar la destitución de Lugo en un juicio político tildado de irregular por instituciones como Mercosur y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
