Masacre de Curuguaty en Paraguay: familiares y organizaciones sociales salen a las calles en repudio a la sentencia contra los campesinos
Convocan a marcha en repudio a sentencia del caso Curuguaty
Familiares de condenados del caso Curuguaty y el Congreso Democrático del Pueblo (CDP) convocan a una gran movilización de repudio a la sentencia del caso, que se realizará hoy.
La convocatoria es a las 18.30, frente al Colegio Cristo Rey, para luego marchar hasta la plaza ubicada frente al Palacio de Justicia, donde se realizará el acto central.
Así anunciaron en rueda de prensa conjunta Mariano Castro, familiar de los campesinos condenados, el padre Francisco de Paula Oliva y Teodolina Villalba, vocera del CDP.
«Agradezco a la ciudadanía el apoyo durante cuatro años y hoy les pido más esfuerzo y apoyo para lograr una justicia verdadera y que no se condene a inocentes», expresó Castro.
Por su parte, el padre Oliva manifestó sobre la situación, que se siente «triste pero esperanzado».
«Seguimos luchando, venceremos, amigos, venceremos. La verdad se hará claridad en el Paraguay y la verán los hijos de ustedes. Los hijos de ustedes verán otro Paraguay, donde quepamos todos. Tal vez nosotros no lo veamos, pero sus hijos lo verán gracias al esfuerzo de ustedes», dijo.
Por su parte, la dirigente campesina Teodolina Villalba instó a todos los sectores a ser partícipes en esta movilización, ya que «con la sentencia del caso Curuguaty se demuestra que la aplicación de la ley es a favor de los poderosos, que condenan a humildes campesinos por querer un pedazo de tierra».
El Tribunal de Sentencia condenó a Rubén Villalba y a Luis Olmedo Paredes a 30 años y 20 años de prisión, respectivamente, a pesar de no tener elementos contundentes por parte del Ministerio Público para vincularlos con la muerte de policías durante la matanza de Curuguaty. Mientras que los demás labriegos recibieron penas que van entre los 18 y 4 años de cárcel.
Aún hay tiempo para investigar «ejecuciones»
Hay fuertes sospechas de que 7 de los 11 campesinos muertos en Curuguaty fueron ejecutados tras el tiroteo, según una investigación de organismos de derechos humanos que no fue tenida en cuenta por la Fiscalía.
En el programa El Eco de la Noticia, de ÚLTIMAHORA.COM, el abogado Óscar Ayala Amarilla destaca que las ejecuciones extrajudiciales son crímenes de lesa humanidad y no prescriben. Periodistas que estuvieron en Marina Cué relatan cómo hallaron dos cuerpos al día siguiente de la masacre, en ausencia de la Fiscalía.
«Hay muchos indicios de que pudieron haber ocurrido casos de ejecuciones de campesinos que aún estaban vivos tras el tiroteo en Marina Cué. Son casos que fueron denunciados reiteradas veces, pero la Fiscalía no demostró interés en investigarlos. Si ahora se inicia una nueva investigación será totalmente válida, porque son crímenes que no prescriben», explicó Óscar Ayala, secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).
El periodista Fernando Boccia de ÚH, quien realizó varias publicaciones sobre el tema, destacó durante el programa que son siete los campesinos muertos que se presume fueron víctimas de ejecuciones: Luciano Ortega, Avelino Espínola, Fermín Paredes, Delfín Duarte, Adolfo Castro, Andrés Avelino Riveros y Francisco Ayala.
«En el caso de Luciano Ortega, un joven campesino de 18 años de edad, varios testigos relatan que él no fue herido durante el tiroteo y que, como era gran conocedor del terreno, ayudó a varios ocupantes a salir del lugar. Cuando regresó para buscar a su madre fue detenido por la Policía. Horas después apareció asesinado», narra el comunicador.
También hay muchos datos sobre Fermín Paredes, quien tras el tiroteo llamó por teléfono a su madre y le contó que estaba herido en el muslo y en la cadera, pero que estaba vivo. Sin embargo, horas después Paredes apareció muerto, con un disparo en la garganta.
«Lo llamativo es que ningún fiscal se haya tomado siquiera el trabajo de verificar si esta versión es real. Hubiera bastado con hacer un cruce de llamadas para verificar si realmente ocurrió la conversación con su madre y a qué hora, pero evidentemente el caso no interesó a la Fiscalía», apunta Boccia.
La periodista Leticia Acosta fue una de las primeras de ÚH que viajó a Marina Cué el mismo día de la masacre. Relata que los investigadores no querían que nadie ingrese al lugar, suponiendo que estaban trabajando adentro, recolectando evidencias, lo cual resultó fácil.
«Lo cierto es que no había nadie recogiendo evidencias en la escena del crimen, más de 24 horas después de la masacre. Ese sábado 16, al día siguiente, unas 300 personas decidieron ingresar a ver qué había adentro, porque se decía que había aún campesinos heridos que necesitaban auxilio. Fue cuando encontramos dos cadáveres que aún estaban allí», cuenta Leticia.
Los cadáveres que se hallaron eran de Luis Agustín Paredes y De los Santos Agüero, sobre quienes también hay sospecha de que fueron ejecutados luego del tiroteo.
«Allí comprobamos que se hizo un muy mal trabajo fiscal, ya que nadie recogió evidencias ni protegió el lugar de la escena. Las 300 personas que entraron movieron los cuerpos, las armas. El ex diputado Julio Colmán recogió una bolsa de proyectiles que entregó al fiscal Rachid, quien apareció recién en horas de la tarde, pero no se agregó al expediente», confirmó Leticia.
Los indicios sobre las presuntas ejecuciones extrajudiciales están contenidas en el libro «Informe sobre el caso Marina Cué», que recoge la investigación realizada por un equipo técnico y jurídico de Codehupy y que fue entregada a la Fiscalía pero nunca se tuvo en cuenta.
«Ahora que parece hay más sensibilidad ante las muchas críticas por la manera parcial e irregular en que se hizo la investigación, para investigar también la muerte de los campesinos además de la de los policías se deben recoger todos estos indicios. Son crímenes que no prescriben», destacó Óscar Ayala.
Caso Curuguaty podría ir a la CIDH
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que la sentencia sobre la masacre de Curuguaty, que causó 17 muertes, puede ser recurrida en instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Almagro declaró a los periodistas que existen “instancias jurisdiccionales posteriores a las que se puede eventualmente recurrir como la Comisión y la Corte Interamericana” una vez agotadas las vías judiciales paraguayas sobre ese caso, ocurrido en 2012 en la localidad Curuguaty. Almagro hizo esas declaraciones tras mantener una entrevista con el canciller paraguayo, Eladio Loizaga, con quien asistió en Asunción a la inauguración de la reunión sobre pobreza impulsada por la OEA.
El Frente Guasu, la formación del expresidente Lugo, pidió el martes reunirse con Almagro durante su estancia en Asunción para tratar sobre la situación de las once personas condenadas el lunes por la masacre. El caso Curuguaty se refiere a un operativo realizado el 15 de junio de 2012 por varios centenares de policías, que acudieron a desalojar a unos 70 campesinos de las tierras que habían ocupado para pedir que se integraran a la reforma agraria.
Durante el desalojo se produjo un tiroteo en el que murieron once campesinos y seis policías. Once personas fueron condenadas a penas de entre 4 y 30 años de prisión por el tribunal del caso Curuguaty, que solo resolvió sobre la muerte de los policías, ya que la Fiscalía no investigó las de los campesinos. De los condenados, cuatro fueron puestos en libertad el martes al cumplir su pena con la reclusión preventiva que mantenían desde 2012.
Desean una comisión con expertos del exterior
Senadores de la oposición y disidentes colorados formalizarán en la fecha ante la presidencia del Senado el pedido para conformar una comisión especial externa con organismos nacionales e internacionales especialistas en Derecho para investigar el proceso de la masacre de Curuguaty.
“Como está todo politizado lo que se le hizo a los campesinos, lo que se está planteando es darle al presidente, darle la facultad de solicitar a organismos internacionales y nacionales especialistas en Derecho para que puedan analizar el proceso, la condena y mirar todo el caso”, expresó el senador liberal Luis Alberto Wagner. Mencionó que el objetivo es evaluar, analizar el caso completo, e indicó que se aguarda la lectura de los fundamentos el próximo lunes.
El senador colorado disidente y vicepresidente segundo de la Cámara, Julio César Velázquez, mencionó que se busca saber qué fue lo que pasó realmente. “Lo que se quiere es que alguien nos diga claramente qué pasó, porque hoy le escuchamos claramente a la Fiscalía y están contentos, y a muchos actores sociales que dicen que por los elementos que hubo en el expediente no pudieron ser condenados. Nosotros queremos saber la verdad”, expresó Velázquez.
Velázquez dijo también que será el pleno el que analice denunciar la causa ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), en caso que se desee investigar a los fiscales y jueces que intervinieron en el tema.
