La Central Obrera Boliviana declara cuarto intermedio en sus protestas mientras espera un acuerdo
El ampliado de la Central Obrera Boliviana (COB) iniciado la tarde de este lunes fue declarado en cuarto intermedio a la espera de los resultados de las negociaciones con autoridades del Gobierno sobre la situación laboral de 180 extrabajadores de Enatex. En caso de no llegarse a un acuerdo serán reactivas las medidas de presión.
El dirigente del ente matriz de los trabajadores, Guido Mitma, informó de la decisión tomada en el ampliado. Si “no hay algo concreto (con el Gobierno) se ratifican las movilizaciones, se han ratificado las movilizaciones, no las estamos suspendiendo”, insistió a la conclusión del ampliado iniciado tras un cuarto intermedio en las negociaciones.
Ambas partes retomaron el fin de semana las conversaciones con acuerdos en varios temas excepto el régimen laboral que debe amparar a los trabajadores de la nueva firma Senatex, que recibirá a un grupo de los obreros que quedaron cesantes de la desaparecida Enatex.
Los trabajadores exigen la reincorporación de 180 trabajadores de la textil cerrada a la nueva empresa, pero bajo el amparo de la Ley General de Trabajo y los beneficios que de ella devienen. Autoridades de Gobierno consideraron complejo aceptar la exigencia por los riesgos económicos para la nueva firma.
“Eso implica muchos costos. Un aspecto que inicialmente le daría insostenibilidad”, advirtió el ministro de Educación, Roberto Aguilar.
Con el cierre de Enatex fueron despedidos cerca de 1.000 obreros, de los que la mayoría cobró su liquidación. Quedan “180 compañeros, el resto ha rescindido el contrato y cobrado su finiquito”, explicó Mitma, quien añadió que estarán a la espera de la nueva convocatoria para restablecer las negociaciones sobre este punto.
Entre otros acuerdos alcanzados están la abrogación de la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público para sustituirla por la Ley del Servidor Público; la estabilidad laboral en el resto del aparato productivo del país; el compromiso de no cerrar otras empresas públicas y ratificar, a través de norma, que “los argumentos empleados” para el cierre de la textilera pública no sean aplicados en otras empresas privadas.
