Autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) y el movimiento estudiantil lograron ayer un acuerdo preliminar para poner fin a la crisis que atraviesa la máxima casa de estudios desde hace más de un mes. Los representantes de ambos sectores se abstuvieron de ofrecer detalles de los acuerdos alcanzados, pero hoy se volverán a encontrar para firmar un documento que contiene los principales puntos.
Un equipo de abogados de ambas partes se mantenían reunidos ayer por la tarde para definir el camino más viable a fin de suspender las órdenes de captura y los requerimientos contra los 75 estudiantes que participaron en las tomas de los edificios.Ajax Irías, vicerrector universitario de Asuntos Estudiantiles, expresó que por ahora no iban a ofrecer respuesta de los contenidos que se han venido desarrollando porque esperarán hasta hoy para dar una información que no ponga en precario los avances que se van teniendo.
“No queremos decir nada, ni ellos ni nosotros, que nos aborte cualquier acuerdo, y estamos actuando con mucha responsabilidad con respecto a los intereses de los estudiantes, de la institución y del país, que ha estado a la expectativa”, apuntó. Por lo demás, Irías solo se limitó a decir “que estamos satisfechos por los avances que han ocurrido”.
Áspera reunión
Kenia Oliva, representante y defensora del movimiento estudiantil, confirmó que hay un acuerdo para retirar los requerimientos fiscales contra los 75 estudiantes.
Dijo que va a haber una reprogramación de las audiencias en vista de que las partes están llegando a este acuerdo. Apuntó que bajo este panorama se facilita la integración de la mesa facilitadora para continuar abordando los temas planteados originalmente por el movimiento estudiantil. “La audiencia más cercana es la del 20 de julio, y si de verdad la universidad tiene voluntad de no seguir con los procesos penales, en esa audiencia la vamos a tener más clara”.
Explicó que el desacuerdo que había era en el aspecto de la conciliación, pero al final se acordó que la Unah desautorizaría las acusaciones en la vía judicial y así se retornaría a clases.
