Colombia: campesinos sin tierra ocuparon predios en el departamento de Bolívar
Desde hace más de un mes y medio, 400 familias campesinas de distintas zonas del país, en un 90% desplazadas por el conflicto armado, habitan y trabajan 740 hectáreas de tierra que se encuentran en proceso de extinción de dominio en el municipio de Arjona.
La problemática que padecen los campesinos por el acceso a la tierra asciende a más de 70 años, por lo cual, decidieron apropiarse de estas tierras con el riesgo que, aseguran, representa dar la pelea frente a las alianzas mafiosas que existen en la región.
La propiedad de los predios se atribuye formalmente a Enilce López, más conocida como ‘La Gata’, quien tiene grandes extensiones de tierra en proceso de extinción de dominio, lo que implica su expropiación. Sin embargo, el esposo de la actual alcaldesa de Arjona, Esther María Jalilie, reclama las tierras como suyas y, aunque la mandataria local se declaró impedida para hacer frente a la situación, los campesinos afirmaron que han recibido la represión de la fuerza pública por orden suya. Nicolás Segrera, esposo de la alcaldesa de Arjona, es un ganadero y empresario que tiene prisión domiciliaria por los delitos de concierto para delinquir agravado, desaparición forzosa y desplazamiento.
“En los primeros días llegó la Armada y la Sijín, policías en compañía de hombres vestidos de civil amenazándonos con armas, pateando el agua y los alimentos. Tratan de judicializarnos argumentando que son cuatreros y bandidos profesionales. Existe un abandono total del Estado, la defensoría regional hizo caso omiso a nuestro llamado. Fue por presión nacional al conocerse el caso, que desde Bogotá una delegación nos hizo una visita. No confiamos en los entes territoriales ya que estos se encuentran plagados de corrupción, incluso la inspectora del municipio de Arjona viene haciendo desalojo a los campesinos que se encuentran en los playones’’, relató un líder comunitario.
Dicen que la historia se repite en cada pelea por el acceso a la tierra, denuncian que existe una mafia detrás de las tierras en extinción de dominio: “Se desaparece la información de instrumentos públicos y, con empresas fachada, buscan apoderarse de estas tierras como lo hace en este caso la Sociedad Ganadera Cerro Bravo. Asignan tierras en comodato a personas de bajo perfil y las autoridades ocultan la situación. En una reciente reunión, la Fiscalía demostró la parcialidad en favor de los ganaderos, quienes son testaferros del narcotráfico a los que funcionarios públicos respaldan”.
Agregaron que “los mafiosos continúan anexando tierras a sus propiedades porque tienen a su favor funcionarios que ayudan a realizar estos trámites a costa de que el pueblo viva sin respirar, sumido en la pobreza absoluta. Necesitamos tener acceso a la tierra y para ello se necesita voluntad política, estamos siendo desplazados por la fuerza pública por orden de las autoridades municipales, existe un abandono total del Estado. Se remunera mejor el ocio que el trabajo, los campesinos no se ganan ni siquiera un sueldo mínimo y son quienes siembran vida. Si respetaran nuestro derecho a la tierra, no habría necesidad de apropiarse por las vías de hecho. En Arjona es donde más han llegado personas desplazadas que se encuentran en hacinamiento por el conflicto. Es pura hambre lo que hay, por eso reclamamos nuestros derechos por las vías de hecho, porque las políticas de estado están aliadas con la corrupción’’.
Un campesino relató que tras 17 años de trabajo en una finca, con el trabajo en tres hectáreas de tierra, solo le dieron $200.000 y lo despojaron del territorio. Este tipo de casos suceden cuando se pasa de un gobierno a otro, y las tierras se compran y se venden sin tener en cuenta las condiciones de los campesinos que se encuentran dentro de estas.
A pesar de que existe esta ley que cobija el caso de los campesinos en condición de vulnerabilidad, estos denuncian la reiterada represión social a la que son sometidos por su reclamo al acceso a la tierra.
Los campesinos dieron a esta concentración organizada, el nombre de Coordinadora étnica y popular del campesinado, de la que hacen parte dos cabildos indígenas Zenú de los corregimientos de Gambote y Pasacaballos. Viven en cambuches en esta finca a la que llaman Ciudad de Belén, aportan entre todas las personas para la olla comunitaria diaria de la que se alimentan todos los habitantes. No cuentan con agua potable, por lo cual deben comprarla aun teniendo difícil acceso a ella. Solicitan el acompañamiento al proceso, para que se garantice el respeto por los derechos humanos en medio de su exigencia por el derecho a la tierra.
