Chile: el gobierno envía la reforma educacional al Congreso pese a las críticas de los estudiantes
El ministro Secretario General de Gobierno, Marcelo Díaz, anunció en La Moneda que el Ejecutivo ingresará hoy al Congreso el proyecto de ley con la reforma a la educación superior.
Tras una extensa reunión en la casa de Gobierno que incluyó a los integrantes del comité político del gabinete además de la ministra de Educación, los presidentes de partidos de la Nueva Mayoría y los parlamentarios oficialistas que integran las comisiones de Educación, el vocero informó de esta decisión que fue detallado por la Mandataria ayer por la noche en cadena nacional.
«El proyecto ingresa al Congreso. Sabemos que va a ser una tramitación compleja. No esperamos que sea de otra manera: son muchos los intereses, las perspectivas, las visiones que hay en torno al proyecto. Pero lo que importa y lo esencial es que hay un compromiso de que durante este Gobierno, bajo el mandato de la Presidenta Michelle Bachelet, Chile va a contar con una ley de educación superior que va a garantizar el modo y la forma en que vamos a seguir progresando en materia de gratuidad», planteó Díaz.
«Este es un proyecto fundamental. Es un compromiso esencial que hizo la Presidenta Michelle Bachelet en la campaña presidencial de avanzar hacia el reconocimiento de la educación como un derecho social garantizado», agregó.
«Esta es la última reforma del conjunto de transformaciones que el Gobierno ha hecho en materia educativa que ha abarcado todos los niveles: educación preescolar, básica, media, creación de universidades estatales, nueva carrera docente, creación de centros de formación técnica y ahora una reforma sustantiva a la educación superior para poder consagrar un sistema de educación en que el acceso, la permanencia y la calidad de la educación sean aseguradas por el Estado, en que no sean las familias las que tengan que soportar el peso del financiamiento de la educación sino que efectivamente tanto la gratuidad como la calidad respondan a esta definición de la educación como un derecho social», detalló el ministro.
«Ya este año tenemos más de 125 mil jóvenes beneficiados con gratuidad en la educación superior. Pero también vamos a asegurar de que esa gratuidad vaya acompañada de calidad. Porque lo que nos interesa no es solamente liberar a las familias de este país y a los estudiantes del peso del financiamiento de la educación superior, sino que esa educación superior responda a los estándares de calidad que los chilenos y los estudiantes se merecen», sentenció.
Diputado PR: «Será una discusión difícil»
El diputado del Partido Radical (PR), Alberto Robles, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, destacó que el proyecto se ingrese hoy al Parlamento «dado la relevancia que tiene la Cámara ya que ahí están representados todos los sectores políticos del país».
Adelantó que el trámite legislativo «será una discusión difícil» y que durante próxima semana tendrán más tiempo para ver en detalles los articulados de esta nueva ley de educación superior, la que espera «sea una ley de Estado para los próximos 50 años y no una ley para el momento coyuntural tanto económico como social que vive el país».
Sobre los acuerdos al interior de la coalición de Gobierno calificó de «positivo» que el ministro del Interior, Mario Fernández, haya invitado a una reunión a las mesas de los partidos políticos.
«Esto muestra una forma distinta de cómo el ministro Mario Fernández está llevando los temas políticos. Estoy muy contento cómo ha planteado su mirada, desde el punto de vista de dirigir el gabinete. Es el primer ministro del interior que concurre a los partidos políticos para conversar siendo ministro del Interior», acotó el diputado Robles.
Mientras, la diputada del PC e integrante de la Comisión de Educación, Camila Vallejo, afirmó que «el proyecto va a ingresar sin urgencia y esperamos ahí empezar inmediatamente iniciar un proceso de discusión y debate que implique un acuerdo político y social».
«Creemos que hay que tener un acuerdo, pero que no solo involucre un acuerdo parlamentario de la Nueva Mayoría, sino que también involucre a aquellos actores que son naturalmente aliados en una reforma que tiene que ser estructural y que para que sea estructural tiene que erradicar la lógica perversa del mercado y para eso es fundamental el fortalecimiento de la educación pública», indicó la legisladora.
Estudiantes critican reforma a la educación superior anunciada por la Presidenta
La Presidenta Michelle Bachelet anunció en cadena nacional el envío de la reforma educacional al Congreso. A pesar de que los estudiantes sólo fueron convocados a conocer el proyecto y no participaron de su elaboración, la Mandataria asegura que es producto de un amplio debate que incluye a todos los involucrados.
Como “pobre” calificó el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Daniel Gedda, el anuncio de la Presidenta Michelle Bachelet, quien en cadena nacional afirmó que el Proyecto de Ley de Educación Superior será ingresado al Congreso.
Mismos titulares ya conocidos por actores, vacíos de contenido y reforma aun no da señales de ser estructural. Pobre anuncio presidencial.
“Hemos escuchado con mucha atención a todos los involucrados: universidades, instituciones técnicas, estudiantes, académicos, parlamentarios. Sabemos que no es posible dejar a todo el mundo contento porque hay muchas miradas diferentes en juego, pero la propuesta que presentamos es resultado de ese amplio debate”, aseveró la Mandataria, quien agregó que, con este proyecto “cerramos el ciclo de las leyes de la gran Reforma Educacional que iniciamos el año 2014, desde las salas cunas hasta la educación superior”.
Gabriel Iturra, vocero de la Confech, se sumó a las críticas al proyecto, ya que a su juicio “la Presidenta sólo plantea consignas que conocemos hace meses y eso ratifica que están a favor del mercado, del lucro y endeudamiento”.
Mientras, para Diego Arraño, vocero de la Aces, el discurso de la Presidenta sólo refuerza el modelo de mercado en la educación.
También en ese sentido apunta la crítica de Camila Rojas, presidenta de la Fech, para quien, al igual que con otras reformas, “la Nueva Mayoría tiembla ante el empresariado, no siendo capaz de terminar con el negocio educativo”.
Desde la Confech, fue convocada una movilización para este martes en rechazo a la iniciativa legal, mientras que los rectores de las universidades estatales intensificaron sus cuestionamientos al proyecto, apuntando a que éste consolidará el mercado privado en la educación superior.
A esto se suma la opinión de las universidades del G9, quienes exigen tener un trato igualitario a los planteles estatales.
Reunión de emergencia
Ante la falta de acuerdo con los actores de la educación y al interior del propio oficialismo, este domingo el Ejecutivo convocó a una reunión de emergencia en La Moneda en la que participaron los presidentes de partidos, integrantes de las comisiones de educación y los ministros del comité político.
Luego de casi cuatro horas de reunión, el vocero de Gobierno afirmó que el debate en torno a esta iniciativa estará radicado en el Parlamento.
“Vamos a tener el espacio y la oportunidad en la discusión legislativa como lo hemos tenido todos estos meses para que todos los actores de la reforma puedan expresar su punto de vista y esperamos como debe ser en democracia que en el marco de esa discusión legislativa vayamos construyendo los acuerdos y los entendimientos que nos permitan avanzar en el proyecto”.
En esa línea el presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber indicó que luego de más de siete meses de trabajo pre legislativo, es en el Congreso donde debe darse la discusión y donde se deben expresar las diferencias sobre los distintos puntos del proyecto.
“Sin duda vamos a tener algunas diferencias, algunas podrán ser más sustantivas, otras menos. Creo que es sano que tengamos ese debate y creo que en buena hora ese debate se da ahora en el parlamento (…) hubo un trabajo largo, seis, siete, ocho meses de trabajo pre legislativo”.
Para la diputada integrante de la Comisión de Educación de la Cámara, Camila Vallejo, no es posible afirmar que en Chile existe un sistema mixto de educación superior en circunstancias que las instituciones del Estado tienen un 15 por ciento de la matrícula.
Por esta razón la legisladora enfatizó que el enfoque de la reforma debe estar puesto en el fortalecimiento de la educación pública.
“El acuerdo que nosotros creemos que se debe llegar debe ser un acuerdo político y social centrado en la necesidad de desmercantilizar el sistema educacional con un enfoque estratégico de la educación pública y el combate al endeudamiento y el negocio en el mundo privado”, afirmó.
En tanto el presidente de la federación de Estudiantes de la Usach, Patricio Medina acusó improvisación por parte del Gobierno, junto con señalar que en este proyecto se están imponiendo las fuerzas conservadoras de la Nueva Mayoría que creen que es el mercado quien debe regular la educación.
“Hay intereses creados de parte de políticos de la nueva mayoría, ellos no creen que la gratuidad debiese ser un derecho y eso ya es una disputa ideológica (…) nos parece preocupante que la gratuidad dependa de una glosa presupuestaria que está al arbitrio de los vaivenes del mercado y eso también es culpa de Hacienda, acá el ministro Valdés tiene algo que decir”.
Los estudiantes se reunirán con los rectores de las universidades estatales durante esta semana en una fecha que aún se está por definir, para compartir posiciones y aunar criterios frente al envío del cuestionado proyecto de reforma a la educación superior.
Bachelet propone establecer por ley que «no hay vuelta atrás» en la gratuidad
Tras visitar a la selección nacional en Juan Pinto Durán en la jornada de homenaje a La Roja bicampeona, Michelle Bachelet se dirigió ayer a La Moneda a grabar un mensaje audiovisual, acaso uno de los más emblemáticos de su administración. La cápsula, transmitida anoche en cadena nacional, informaba del envío del Proyecto de Educación Superior al Congreso para iniciar su tramitación.
Secundada por un retrato palaciego de Andrés Bello -fundador de la Universidad de Chile, entre otras cosas- Bachelet realzó el carácter refundacional del proyecto. “Con él, cerramos el ciclo de leyes de la Gran Reforma Educacional que iniciamos el año 2014”.
En su discurso, la mandataria fijó su primer “pilar” de lo que aspira el nuevo sistema; se “consagrará” la condición mixta -convivencia pública y privada- de la educación superior. Pese a lo anterior, el proyecto se focalizará en “las universidades del Estado”.
Junto a ello, Bachelet abordó el arduo debate previo que ha tenido este proyecto, donde las federaciones estudiantiles y los rectores del Cruch, han sostenido una cerrada oposición a las líneas gruesas de lo conocido hasta ahora. “Sabemos que no es posible dejar a todo el mundo contento, porque hay muchas miradas diferentes en juego, pero la propuesta que enviamos es resultado de ese amplio debate y de las opciones que guían mi gobierno”, aseveró.
La ruta de la gratuidad
La pretensión del gobierno es dejar la gratuidad en la educación superior como un derecho establecido irreversible. Bachelet así lo expresó en su alocución: “Miles de estudiantes ya han podido comprobar que la gratuidad llegó para quedarse. Ahora queremos que quede establecido por ley que no hay vuelta atrás”.
Esa promesa será polémica. Ya varios dirigentes de Chile Vamos, entre ellos el ex Presidente Sebastián Piñera, han hablado sobre la presunta rectificación que necesitarían las reformas de su gobierno.
Hasta ahora, la gratuidad beneficia hasta el quinto decil de menores ingresos. La reforma establece la ruta que se seguirá para alcanzar el 100%, según un minuta distribuida ayer entre parlamentarios. Para ello, el Estado deberá elevar sus recursos. El sexto decil se incorporará en 2018, una vez que los ingresos estructurales como porcentaje del PIB tendencial (la capacidad de crecimiento de la economía de largo plazo, estimada por un grupo de expertos cada año) lleguen al 23%. El séptimo decil se sumará con el 23,5%; el octavo decil, con un 24,5%. De ahí, el avance es más difícil. Para subir al octavo decil se requieren dos puntos adicionales y para completar el último decil se exigen otros tres puntos extras, un 29,5% del PIB tendencial (ver tabla). Estas dos últimas metas deberán cumplirse por dos años consecutivos.
Según escucharon parlamentarios presentes ayer en el cónclave oficialista en La Moneda -donde se decidió enviar el proyecto pese a las peticiones de postergación- el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, habría estimado que el séptimo decil de gratuidad recién podría alcanzarse hacia fines del próximo gobierno. Es decir, en 2022. Lo refrendó la diputada Camila Vallejo: “El 70% más pobre no está pensado para este gobierno, probablemente se alcanzaría para fines del próximo gobierno”.
Los economistas ven en la ruta trazada un camino altamente exigente. “Hoy los ingresos estructurales como porcentaje del PIB están cerca del 22%, por lo que los requisitos que pone para avanzar en deciles son altísimos. Llegar al 29% es un esfuerzo enorme”, dice el economista Patricio Rojas. “Por eso el compromiso hacia la gratuidad es una situación muy difícil de cumplir”, agrega. “Hay que recordar que la reforma tributaria aumentó la carga tributaria en 3 puntos del PIB”.
La ex directora de Presupuestos, Rossana Costa, cuestionó el amarre que significa la fórmula. “Esta modalidad de financiamiento, que compromete recursos futuros, se hace cargo de las limitaciones del presente, pero en definitiva compromete recursos de gobiernos futuros que pueden legítimamente establecer que es injusto destinar recursos para dar gratuidad a los deciles más altos mientras estudian y probablemente después cuando trabajen, habiendo tanto déficit en educación básica y media, en el Sename y en tantas otras necesidades. Es realmente discutible comprometer holguras futuras de esta manera”.
