“Siete mentiras del informe de Almagro para invocar la Carta Democrática” – Artículo del portal Misión Verdad en el que se cuestiona la veracidad de los argumentos del informe que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, presentó ante el organismo contra el gobierno de Nicolás Maduro
Ciertamente el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se supone que debió tomarse un tiempo para presentar un informe sobre la situación en Venezuela que sirviera de base para invocar la Carta Democrática. Sin embargo, pudo más el agite y el desespero de quienes tras bastidores lo mandaron a intervenir en los asuntos internos del país. En la corredera dejó datos imprecisos, falseados y políticamente manipulados por doquier. No es cualquier cosa, se trata del documento base que conducirá la narrativa, el tratamiento mediático y las acciones diplomáticas de la OEA en contra de Venezuela.
Almagro no sólo argumenta que se basa en el artículo 20 de la Carta Democrática para entrometerse en la vida del país, sino que en su informe también entra en deliberadas contradicciones. Sobre todo cuando intenta forzar su lectura para proyectar que es el Estado venezolano el que se encuentra violando los principios de la Carta Democrática, para acto seguido sostener que de la «realización del referéndum revocatorio en 2016 depende la democracia en Venezuela».
Con clara evidencia, esta contradicción de Almagro lo que demuestra es un salto al vacío para intentar aislar a Venezuela de la región y, si es posible, posibilitar un bloqueo y una intervención multilateral, tal como Estados Unidos ha usado la Carta Democrática para asfixiar a Cuba e invadir países como República Dominicana y Granada en la reciente y siempre vapuleada historia latinoamericana. Almagro comenzó su caída libre cuando lo empujaron a desconocer al poder ejecutivo venezolano y a los más de 7 millones de personas que eligieron a Nicolás Maduro como presidente.
Razones suficientes para que abiertamente utilice datos imprecisos, falseados y contradictorios como arma para realizar afirmaciones tan inverosímiles en su informe como las que serán analizadas a continuación:
1. «En Venezuela, la pobreza supera a la registrada en el Caracazo»
Esta parte del informe se basa en la Encuesta de Condiciones de Vida de 2015 de la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Simón Bolívar, la cual afirma que existe un nivel de pobreza del 76% en la actualidad, mucho mayor al 58% registrado durante la época del Caracazo. Y más allá de los indudables efectos de la guerra económica en la cotidianidad de los venezolanos, lo cierto es que ni una sola cifra oficial, como tampoco una vuelta por la calle o por los recovecos del país, explican que siete de cada diez personas estén en situación de pobreza y sin absolutamente ningún alimento que llevarse a la boca.
Que este sea el tiempo más difícil de la Quinta no significa que se equipare a uno de los peores de la Cuarta, y menos a base de ramalazos estadísticos superficiales que poco y nada reflejan la contención que aplica el Estado venezolano para palear por distintas vías la precarización del salario: logro que Almagro no le dio tiempo de reconocerle a Dólar Today. Incluso ese dato proveniente de centros de investigación ligados ideológicamente a la derecha venezolana, supera hasta las peores fantasías de la expertología escuálida.
2. «En el país hay una carencia del 85% en medicamentos esenciales»
Afirmaciones como estas no sólo son referidas en un contexto de falta evidente de medicamentos, sino que se basan en informaciones extraoficiales de organismos con clara tendencia opositora al gobierno y a favor de una intervención humanitaria, como la Red Defendamos la Epidemiología Nacional del ex ministro de salud de Rafael Caldera, José Félix Oletta. Es por eso que Almagro en su informe argumenta que la falta de medicamentos es por «el sistema cambiario, los puertos y aduanas controladas por el Ejército y la Guardia Nacional y las empresas beneficiadas con contratos con el gobierno».
Así, olímpicamente, omite el hecho de que cuando inicia el desabastecimiento de medicinas en 2012, las industrias farmacéuticas recibieron 3 mil 410 millones de dólares y solamente ingresaron al país 55.7 millones de kilos: es decir, importaron como si hubieran recibido 55 millones de dólares. Mientras que en 2013 se les entregó 434 millones de dólares y la cantidad de kilos de medicamentos ingresada al país fue de casi de 221 millones. Este deliberado robo y posterior desabastecimiento se observa incluso en 2014 cuando Pfizer, Merck, Bayer, Abbott y Novartis recibieron más de 100 millones cada una, quienes repitieron el mismo modus operandi de a mayor cantidad de dólares entregados menor cantidad de medicinas en las farmacias. Esto sin traer a colación la cantidad de medicamentos e insumos acaparados. Muestra de ello fue la incautación de material quirúrgico y medicinas acaparadas, suficientes para abastecer a Venezuela por varios meses, realizada en un galpón privado ubicado en el estado Aragua.
En el portafolio de razones y causas que explican la crisis actual, tiene una responsabilidad directa el sector privado nacional y extranjero que Almagro hábilmente esquiva mencionar. Este tipo de afirmaciones alegres y sin soporte en la realidad, que cumplen la tarea de rellenar con la mayor cantidad de cifras conmocionantes el informe respecto al tema sanitario, buscan precisamente instalar la matriz de «crisis humanitaria» y a partir de ahí construir un expediente de intervención, fortificado con base a alarmismos y exabruptos estadísticos. Específicamente para eso, y para que conste en acta el «profesionalismo» del informe, el infomercenario del The New York Times, Nicholas Casey, es utilizado como una «fuente imparcial» para difamar el sistema público de salud, también con base a datos falsos provenientes de organismos opositores.
3. «El 85% de los venezolanos con ingresos están malnutridos»
De nuevo usando como fuente la Encuesta de Condiciones de Vida de 2015, que al parecer fue realizada para armar un expediente externo, Almagro vuelve a plantear una afirmación que, de ser verdad, significaría que tres cuartas de la población, y la gente que usted conoce, no come adecuadamente. Es decir, que sólo comerían bien Lorenzo Mendoza, Chino y Nacho, Ramos Allup, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, dejando al borde del hambre, incluso, a los habitantes del este de Caracas y a los diputados de la Asamblea Nacional. Para ser precisos, 85 de cada 100 personas que se cruzan en la calle están malnutridas. Queda del lector verificar tamaña demencia con su realidad inmediata.
4. «La escasez de alimentos se debe a las expropiaciones, como Lácteos Los Andes, y la mala asignación de divisas»
Es falso que las expropiaciones y nacionalizaciones tengan una relación directa con el desabastecimiento de productos sensibles de la canasta básica. Si agarramos el dato de la «producción de pastas» que enuncia, nos daremos cuenta de que en ese caso específico existe una altísima concentración de la producción/importación de dicho rubro en pocas empresas privadas y corporaciones: Primor (Polar), Cargill, Pastas Sindoni y Mary. Sólo Empresas Polar controla el 31% de la cuota del mercado.
La producción de estas empresas se encuentran en el circuito de la economía informal por decisión política y no donde deberían estar originalmente: en supermercados y abastos. Lácteos Los Andes, por su parte, es una empresa exitosa que incluso ya empezó a exportar productos a Bolivia. Ahora bien, según la encuesta de coyuntura elaborada por Conindustria en 2012, es decir, cuando el petróleo estaba por el orden de los $100, el 60% de las empresas importadoras y manufactureras privadas del país ya estaban anunciando disminución en sus inventarios y cuotas de producción.
Es decir, no es la «mala asignación de divisas» la causa del problema, sino la decisión política de afectar la productividad del país independientemente de la cantidad de dólares entregados. Muestra de ello es que en 2012 (imagen 1) el sector privado declaró importaciones por el orden de los 39 mil millones de dólares, 6 mil millones más que en 2011 (imagen 2), mismo lapso de tiempo cuando bajaron la producción el 60% de las empresas. Este modus operandi lo aplica Polar y el resto de grandes empresas afiliadas a Fedecámaras. Ahora con los precios del petróleo disminuidos enormemente, es lógico que ese procedimiento eleve sus daños a la población.
5. «Se utiliza el poder público para interrumpir la libre asociación y las actividades opositoras y de medios de comunicación»
Este es uno de los siete puntos que plantea Almagro para sostener que la democracia en Venezuela está «erosionándose», tal cual sostiene Estados Unidos, y se basa en que supuestamente el Estado no permite la libre asociación y actividades opositoras y de medios de comunicación. Si fuera así, la MUD no podría estar realizando actividades de calle hace un mes y los medios de comunicación replicando las mismas hacia fuera y adentro. Lo único que ha habido es la limitación del recorrido de las manifestaciones para evitar episodios de violencia ampliamente conocidos y registrados. Como cuando Leopoldo López convocó al centro de Caracas el 12 de febrero de 2014, llamado que ocasionó la destrucción de la sede del Ministerio Público.
6. «En Venezuela hay 96 presos políticos»
Afirmación que Almagro sostiene con base a información del Foro Penal Venezolano, ampliamente conocido por sus vinculaciones con Freedom House (Departamento de Estado), quien considera a Leopoldo López como preso político, entre otros. No vamos a desarrollar mucho sobre este punto, ampliamente tratado, sino que vamos a simplificar el argumento en un solo dato: el Foro Penal Venezolano considera preso político a Lorent Saleh, el mismo que en un video detalló cómo planeaba organizar atentados y asesinatos selectivos de figuras del chavismo, y fue entregado a la justicia de Venezuela por parte de Colombia luego de revisar su expediente.
Evidentemente, siguiendo esta lógica, si se pusiese preso a los autores intelectuales de los nueve asesinatos de dirigentes chavistas registrados en tiempo reciente (que ni de casualidad nombra Almagro en el informe), serían considerados presos políticos, lo cual revela el grado de seriedad y parcialidad del secretario de un organismo multilateral a la hora de argumentar que en Venezuela hay persecución política y la prohibición de ejercer derechos políticos. Es que precisamente Almagro se deslegitima a sí mismo cuando, por transferencia, al usar al Foro Penal Venezolano, considera a Saleh como un «preso político» y no un confeso terrorista, entregado hasta por la mismísima Colombia.
7. «El Consejo Nacional Electoral no da las garantías suficientes y de la realización del referéndum revocatorio en 2016 depende la democracia en Venezuela»
No sólo que Almagro en este apartado se contradice sobre el análisis de la legislación venezolana y los tiempos para el referéndum revocatorio, sino que omite que la actual legislación electoral que reglamenta los referendos fue propuesta al CNE por Súmate y la oposición en 2007.
Lo mismo hace en no precisar que la MUD tendría que haber presentado el pedido el 10 de enero para que el referéndum sea este año y que los tiempos dan exactamente ocho meses, que hacen casi imposible hacerlo este año si el PSUV y el presidente Maduro presentan reclamos sobre, por ejemplo, las 10 mil firmas de muertos registradas adrede por la oposición para empastar el proceso (para mayores precisiones existe este texto). En cambio, Almagro en este apartado hace uso del recurso moral y llama a violar la Constitución y sus tiempos bajo el pretexto de que la polarización política «obliga a que la decisión vuelva al pueblo», en un claro chantaje a un Estado soberano. El referéndum revocatorio no es un capricho, Almagro.
Consideraciones y contextos
Estas son algunas de las muchas mentiras descaradas de las que Almagro hace uso para invocar la Carta Democrática, basándose en más de un 80% en organismos y ONGs financiadas y controladas por Estados Unidos, como el Banco Mundial, el FMI, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, el Foro Penal Venezolano, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, entre otros evidentes parapetos de los poderes financieros que agreden a Venezuela. Es más, si el informe carece realmente de veracidad es justamente por este hecho y la realidad también de que se basa en el pedido de aplicación de la Carta Democrática realizado por la Asamblea Nacional (que incluso estará representada en el Consejo General por Henry Ramos Allup cuando se vote sobre la aplicación o no de la Carta).
Justamente, Almagro no sólo desconoce la Constitución bolivariana en reiteradas ocasiones en su informe al omitir que en Venezuela existe una «democracia participativa y protagónica», y no una representativa de la que habla (tal cual se lee también en las sanciones de Estados Unidos), sino que incluso reconoce a la Asamblea Nacional como un poder paralelo y se erige como el gran elector venezolano para decidir por el pueblo de este país, bajo la exigencia de que el referéndum se haga en 2016.
Es que, según Almagro, en Venezuela «existe una crisis subyacente a la confluencia de la crisis económica, social y humanitaria, y que resulta ser la madre de todas las crisis: la política, porque responde a una disfuncionalidad estructural». Esto implica que los países miembros del organismo apliquen el artículo 20 de la Carta Democrática de una manera gradual y progresiva que «no descarte ninguna hipótesis de resolución, ni las más constructivas ni la más severas», abriendo el escenario para darle preponderancia a las posturas extremas por encima de las moderadas.
Justamente en sus propuestas de resolución se evidencian su desesperación por intervenir en los asuntos internos del país y acelerar el cerco, puesto que: propone sustituir todo el Tribunal Supremo de Justicia, liberar a los «presos políticos», sumar al Alto Comisionado de la ONU Zeid Ra’ad Al Hussein, a la Comisión de la Verdad de Unasur, instalar una comisión de lucha contra la corrupción de la OEA o la ONU en el país (controlada por Estados Unidos), y en un claro descaro propone a los «expresidentes José María Aznar, Felipe González, Luis Lacalle, Enrique Pastrana (sic), Enrique Piñera (sic) y Jorge Quiroga» para que participen en la instancia de diálogo dirigida por la Unasur.
Aun así, lo cierto es que la aplicación de la Carta Democrática depende del apoyo de la mayoría de los miembros del Consejo Permanente de la OEA, y si se da implica conformar un grupo de trabajo dedicado a la normalización de «la institucionalidad democrática», que legítimamente puede ser desconocido por Venezuela aún a precio de que sea expulsada del organismo y se tense su relación bilateral con los promotores de esta medida.
Si estas supuestas gestiones diplomáticas no dieran resultados, según otra votación, se puede convocar a un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General para tomar otras decisiones e incluso expulsar al país acusado. Ambas decisiones requieren de la aprobación de dos terceras partes de los miembros. Sin ningún tipo de alteración real del orden democrático ni votos asegurados, estos pasos tampoco le aseguran a John Kerry, perdón, a Almagro una victoria.
Como vemos, esta presentación de Almagro, en la que se inmola por la posibilidad de ser presidente de su país empujado desde fuera, no sólo encaja perfectamente con el caso brasilero (incluso pareciese hecho a la medida de este caso), sino que busca activar todas las guarimbas externas posibles, a través -también- de otros organismos como Mercosur, buscando el ansiado cambio de régimen.
El desespero desnuda, además, la impotencia de los poderes fácticos ante el hecho de que aún no encuentran una forma efectiva de torcerle el brazo a Venezuela y dar la estocada final y definitiva al continente.
Posdata 23/06/16: Hasta acá llegó la región luego de que fuera aprobada 19 votos a favor (12 en contra) la evaluación del actual secretario (con las minúsculas que le corresponden a su altura) en la Asamblea General de la OEA, y a solicitud de Venezuela. Hoy se evalúa cuánto Almagro ha respetado «la institucionalidad y las normativas de la institución».
De acuerdo a la propia normativa del organismo, a la que se le agrega la petulancia con la que pretendió desplazarse, míster secre ha desplegado una actuación «indebida, ilícita y fraudulenta» (como recordó la canciller Delcy Rodríguez).
Almagro ha mantenido una posición fija y parcializada en contra de Venezuela usando, inclusive, la misma fraseología que emanó de los tiempos de «La Salida», viéndose al espejo y creyéndose Leopoldo López, días antes de su segunda derrota política.
Míster A no se ha detenido un segundo en abusar de sus competencias. Hizo del enfrentamiento contra Venezuela algo tan personal que decidió tutear e insultar a sus anchas al presidente Nicolás Maduro. Empleó fondos y recursos de la OEA para hacer lobby y campaña mediática empleando a su asesor comunicacional, Sergio Jellinek, como operador de la agresión comunicacional. Ha pretendido imponer a troche y moche su propia agenda, que no es otra que la de muchacho de mandado. Y hoy pretende hacer lo mismo para chocar con lo votado por la mayoría: volver al tema de la Carta con su informe de tesista de pregrado dispuesto a todo para que lo gradúen.
Denis Moncada, vicecanciller nicaragüense, alegó tras pedir su renuncia el pasado 15 de junio que desde que fue nombrado, el secretarito generalito «no logró ubicarse en la dimensión de su cargo». Delcy Rodríguez tiene rato recordándole cómo tampoco ha logrado ubicarse en la historia.
El otro frente titula que «Ramos Allup hablará sobre la crisis en Venezuela este jueves en la OEA», con un tono de majestuosidad que busca ocultar que no lo hará en la sesión extraordinaria convocada para hoy en la OEA, sino que lo hace en este específico momento en el Salón de las Américas en la sede del ente multilateral. Fuera de donde ocurrirá la verdadera acción política. Es decir, detrás de la ambulancia.
