«Para nosotros es claro que debemos imputar esos secuestros como crimen internacional no solo a quienes lo practicaron directamente, sino a los miembros del Comando Central (COCE) del ELN como máximos responsables«, dijo el fiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, en entrevista con el canal televisivo Caracol.
Para Perdomo, el hecho de que los rehenes fueran civiles y periodistas hace que su secuestro a manos del Ejército de Liberación Nacional (ELN),«pueda ser catalogado como un crimen de lesa humanidad o crimen de guerra», agregó el jefe del ente acusador.
Hernández, colaboradora del diario español El Mundo y columnista de El Tiempo, y los colombianos Diego D’Pablo y Carlos Melo, de Noticias RCN,quedaron en libertad el pasado viernes, luego de cerca de una semana de retención en la convulsionada región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela y de fuerte influencia guerrillera y de mafias narcotraficantes.
«La política de secuestro de la población civil ha sido generalizada y sistemática por parte del ELN», recordó Perdomo. La Fiscalía ya anunció a principios de mayo que pedirá imputar al COCE del ELN casi 16.000 delitos atribuidos a la guerrilla, entre ellos, unos 5.000 secuestros, cometidos durante los últimos 30 años.
El ELN, alzado en armas contra el Estado desde 1964, se atribuyó la retención de Hernández, pero su Comando Central, integrado por los cinco principales jefes del segundo grupo insurgente del país, lamentó el pasado domingo los tres secuestros.
El presidente Juan Manuel Santos exige al ELN la liberación de todos los secuestrados que siguen en su poder como condición para el comenzar de diálogos formales de paz que ambas partes acordaron a fines de marzo, pero que todavía no tienen fecha de inicio.
Paralelamente, el gobierno está próximo a concluir con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), principal guerrilla del país, un acuerdo de paz que avanza desde noviembre de 2012.
Colombia vive un conflicto armado de más de medio siglo, que ha involucrado a guerrillas, paramilitares, grupos narcotraficantes y fuerzas del Estado y deja ya 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,8 millones de desplazados.
