Emilio Álvarez, secretario ejecutivo de la Corte Interamericana de DDHH: «La crisis tiene raíces en la falta de voluntad política de los países»
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advierte sobre el perjuicio para los derechos humanos en el continente si los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) no mejoran su financiamiento, durante la asamblea general que la OEA realiza desde hoy en República Dominicana. El secretario de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, anticipa –por correo electrónico– sus reparos hacia la propuesta de reforma que Ecuador planteará.
La CIDH se declaró en grave crisis financiera el pasado 23 de mayo. ¿Ha variado la situación?
La CIDH tiene un déficit de un millón de dólares para poder operar este año sin despedir al 40% de su personal y reactivar las actividades suspendidas. Desde el anuncio, hemos recibido muchas expresiones de apoyo, ha sido muy masivo y eso es importante valorarlo.
¿A cuánto ascienden los aportes recibidos?
Hemos recibido $ 1.800 de Antigua y Barbuda. También hemos recibido anuncios de Panamá, Canadá, Chile, Colombia, EE.UU. y Argentina.
¿Esos nuevos ingresos son suficientes para evitar la pérdida de su personal?
No son suficientes.
La OEA prevé discutir en su asamblea general la situación financiera de la CIDH. ¿Más allá de la discusión, qué cree que los países deberían resolver?
Esperamos que resuelvan financiar apropiadamente a la CIDH. Estamos operando con nueve milésimas de dólar por año por persona y tenemos jurisdicción en 35 países. Del fondo regular de la OEA solo recibimos $ 0,005 por año por persona, es decir, menos de $5 millones anuales.
¿Es necesario un aumento en el porcentaje del fondo regular de la OEA, que en parte financia a la CIDH?
En la actualidad es del 6%.
La OEA ha definido que sus cuatro pilares son: democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo integral, por lo cual cada pilar debería tener el 25% del presupuesto. También es necesario que los países aumenten sus cuotas a la OEA. La OEA también está en crisis financiera, no solo la CIDH.
Cualquier cambio en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos pasa por la voluntad política de los gobiernos. ¿La hay? La actual crisis tiene sus raíces en la falta de voluntad política de los países latinoamericanos y caribeños. Durante muchos años estuvimos advirtiendo a los estados que depender de fondos voluntarios era inestable y generaba altos riesgos en la planificación. El día tan anunciado llegó.
¿Qué pasará si en la asamblea de la OEA no se toman decisiones en firme concernientes a la situación de la CIDH?
Entonces hay que ver si países observadores y otros donantes apoyan con recursos. Si no, pasará lo que anunciamos: las consecuencias serían nefastas para la protección de los derechos humanos de las mil millones de personas que habitan este continente.
El Gobierno de Ecuador alega que parte de la crisis es por que la CIDH ha permitido que una parte de su financiamiento provenga de aportes voluntarios. ¿Qué opina de esta lectura?
Gracias a la generosidad de los donantes hemos logrado tener, en los últimos diez años, el doble de personal, reducir el atraso procesal, atender las necesidades de nuestros pueblos. Los aportes nos han permitido cumplir las funciones que los Estados nos han asignado, ya que ellos nos asignan mandatos, pero no nos dan recursos para cumplirlos.
La Cancillería indicó que este modelo de financiamiento ha generado “una agenda politizada en el tratamiento, defensa y promoción de los derechos humanos”. ¿Qué responde?
Entre 2011 y 2016, Ecuador hizo aportes voluntarios por un total de $ 1.500. ¡Mil quinientos! Si Ecuador y los demás países se hicieran cargo de la CIDH, no tendría que buscar donantes.
El Gobierno considera que es necesaria una reforma al financiamiento del Sistema, no solo de la CIDH, pues es aquel el que está en crisis. ¿Comparte esta postura?
Por supuesto. El problema es que se haga una reforma, como propuso Ecuador antes y lo vuelve a proponer ahora, que le prohíba a la CIDH recibir fondos voluntarios, pero sin aumentar en forma radical el magro presupuesto que tenemos. Eso equivaldría a una decisión de disolver la Comisión Interamericana por la vía de los hechos.
