Argentina: miles de personas reclamaron justicia a 14 años de la “Masacre de Avellaneda”
Recordaron en Puente Pueyrredón otro aniversario de los crímenes de Kosteki y Santillán
Organizaciones sociales y políticas cortaron durante unas 4 horas el tránsito en el Puente Pueyrredón para recordar los crímenes de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, quienes fueron asesinados por la Policía Bonaerense en una protesta de desocupados el 26 de junio de 2002, y alertaron sobre «un recrudecimiento de la violencia institucional y la criminalización de la protesta».
El piquete, que se desarrolló este domingo entre las 10 y las 14 horas, impidió el acceso total del tránsito sólo durante una hora cuando se realizó el acto que recordó a las dos víctimas fatales, en cambio el puente estuvo liberado toda la noche y hasta esta mañana.
«Fue una jornada emotiva donde el reclamo de justicia se renueva y de alguna manera se potencia por el contexto político, social y económico actual del país», explicó a Télam, Federico Orchani, vocero del Frente Popular Darío Santillán,
Además de este Frente participaron de la protesta otras organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos, y Alberto Santillán, padre de Dario Santillán, y Vanina Kosteki, hermana de Maximiliano Kosteki.
Para Orchani, la Masacre de Avellaneda «es una causa muy emblemática donde la represión se cobró dos vidas de jóvenes militantes en la Argentina».
«Es un llamado de atención para cualquier gobierno que la represión no debe ser el camino para resolver los problemas más importantes que tiene el pueblo argentino», consideró hoy el dirigente social.
Las actividades para recordar a los militantes comenzaron ayer por la tarde en las inmediaciones de las estación «Darío Santillán y Maximiliano Kosteki» (ex Avellaneda), que continuó a la medianoche con una marcha de antorchas hacia el Puente Pueyrredón que cortó la circulación en la subida y la bajada de la avenida Mitre.
Entre las principales demandas, las organizaciones convocantes reclamaron mayor celeridad en la causa que investiga las responsabilidades políticas de la represión de 2002, apuntando contra el ex presidente interino Eduardo Duhalde, el ex secretario general de la Presidencia Aníbal Fernández y el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá.